«Yo lo dije cuando no podía ser, pero ahora que puede ser ya no lo voy a decir». En esta frase, se podría resumir el posicionamiento de la ministra de Hacienda en lo que respecta al modelo de financiación territorial y, más en concreto, a la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana desde que Rodríguez Zapatero decidió castigar a todos los valencianos con un modelo que nos perjudica, sea cual sea la perspectiva desde que se mire.

Ni que decir tiene que, para la ministra, la culpa de todo la tiene el PPCV que no ha sido capaz de acordar con el Gobierno de España un sistema que mejore esta situación. En su siempre radical posición, olvida la Sra. Montero que, durante cinco años, coexistieron el Govern del Botànic y el Gobierno Sánchez, tiempo más que suficiente para resolver y evitar que nuestra Comunitat siguiera sumando cifras a esos 42.000 millones de euros (¡cuidado, casi ocho mil por valenciano!) que llevamos ya recibidos de menos. Pero, para eso, había que poner interés, cosa en la que nunca destacó Ximo Puig, y ganas y arrebatos para reivindicar un derecho justo para más de cinco millones de españoles que residimos en esta Comunitat.

Mucho me tengo que equivocar para que esta situación se resuelva en breve. Si la ministra alega la falta de capacidad de acuerdo del Partido Popular, yo pienso que es una cuestión de exclusiva falta de voluntad. Suponiendo que el PP se opusiese, que ni es ni será el caso, este Gobierno dispone de socios suficientes para sacar adelante cualquier proyecto de ley. Solo tiene que querer. A la vista queda que no necesitan la participación del Partido Popular, que ni la tienen ni la tendrán, para sacar adelante proyectos notablemente más nocivos para nuestro Estado de derecho, como es el caso de la amnistía a la carta en la que saben, con suma claridad que nunca van a poder contar con el PP, cosa que, en este caso, poco les importa.

Pero lo que resulta aún más triste es observar la aquiescencia de Compromís en este tema. Si quienes se creen adalides únicos de la valencianía fuesen realmente influyentes en esa amalgama de siglas en que se han metido, podrían forzar, con suficiencia, al Gobierno a revisar el sistema de financiación o, como poco, a activar el Fondo de Nivelación que pudiese compensarnos hasta el momento de una reforma estable. Pero no. Significativo al respecto ha sido el papelón sobreactuado de Águeda Micó en la comparecencia de la ministra de Hacienda de este mismo jueves donde, en su intervención, preguntó por el sistema de financiación para la Comunidad Valenciana. ¡Bien por ella! Pero ahí quedó todo. Llegó la réplica de la ministra y la flamante pregunta no obtuvo respuesta concreta a la cuestión, una vez más. Y lo más triste, llegado el segundo turno de intervenciones, cuando se podía haber insistido en el tema hasta forzar una respuesta, Águeda Micó ya no estaba en la Comisión ¿ocasión perdida? Por supuesto, una más. Insisto, y lo diré cuántas veces haga falta, que Compromís podía haber marcado esa línea roja en su negociación para hacer presidente a Sánchez, en vez de haber puesto, como toda condición, que no se aprobase la ampliación del puerto de Valencia (con la que, por cierto, se ve ampliamente interesado al ministro Puente). En vez de pensar en contentar a sus imaginarios compatriotas del norte, mejor nos vendría a todos que ejercieran esa valencianía de la que presumen tanto como adolecen.

Sea como sea, la reforma del modelo de financiación ni está ni se le espera con este Gobierno. Para ellos, la única autonomía infrafinanciada es Catalunya, y no tanto porque reciba menos como porque nunca se cansará de pedir. Resultará más fácil para ellos, amnistiar a un grupo de delincuentes (o a varios, si llega el caso) que compensar una deuda histórica a una Comunidad que, por poco que les guste, es y va a seguir siendo una de las locomotoras de la economía española. Desde aquí, vamos a seguir trabajando, reivindicando y diseñando un sistema de financiación alternativo que responda, por igual, al beneficio de todas las comunidades autónomas puesto que, al final, no es más que respetar el principio constitucional de igualdad entre españoles. Debería ser una lucha de quien representa a la totalidad de los españoles, pero, visto lo visto, seremos los de siempre quienes defendamos a esta tierra. Merece la pena.

Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites