Hace algo más de un año la ministra, por aquel entonces en funciones, Isabel Celaá, negó que la libertad de enseñanza fuera un derecho constitucional de los padres.
De un plumazo se cargaba una doctrina constitucional consolidada y que ha permitido a lo largo de estos años la existencia de diversos tipos de centros, con su carácter propio e ideario, como muestra del pluralismo educativo.
Y son precisamente los centros de iniciativa social, confesionales o no, la condición que posibilita el ejercicio de ese derecho por los padres. Hoy, algo más de un año, después la Ley Celaá ha iniciado su tramitación marcada por su sectarismo, el intento de imponer una determinada ideología, desterrar del sistema educativo valores como el esfuerzo y el mérito.
En síntesis, esta ley "pisotea" pilares básicos consensuados durante décadas en nuestro sistema educativo.
Esta nueva ley entrará en vigor para el curso que viene, y lo hará porque cuenta con el respaldo de la alianza de la izquierda y los nacionalismos. Mayoría sí; consenso, no.
Por eso presentamos una propuesta para que se paralizara su tramitación y se consensuara pero el gobierno local de PSOE, Compromís y EU la rechazaron. No quieren que, entre otros aspectos, el gobierno garantice la continuidad de los centros concertados de nuestra ciudad mientras siga existiendo demanda social.
El tripartito avala con su negativa que las familias no puedan elegir ni centro ni modelo educativo para sus hijos El equipo de gobierno de PSOE, Compromís y EU, votaron en contra de defender el castellano como lengua vehicular en la educación y rechazaron pedir al gobierno de Sánchez, paralizar la Ley Celaá, y con ello consumar el mayor atropello al sistema educativo en nuestro país.
Esto era algo de esperar de los socios de gobierno del PSOE, como Compromís en donde su Conseller de educación, Marzà, lleva 40 sentencias en contra de su política educativa con la que ha pretendido dar cobertura a ese acoso a través de la lengua y la eliminación de conciertos educativos cuando existe demanda social con la que pretende coartar la libertad de los padres a la hora de elegir modelo y centro educativo.
El Partido socialista se ha entregado a esos posicionamientos al apoyar la propuesta de Bildu y Esquerra Republicana que pretenden arrinconar al castellano como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.
Este es el paradigma de su libertad. Mientras desde el Partido Popular apostamos por el trilingüismo, el tripartito apoya renunciar a la enseñanza del castellano como lengua vehicular.
Han vuelto a mentir. Plantearon la realización de una nueva ley que contaría con el consenso de los partidos y la comunidad educativa. Ni una cosa ni la otra, pero mientras apuntalan la idea de que la educación de los niños no es un derecho de los padres.
El posicionamiento del tripartito es un ataque frontal a la libertad de elección de las familias a las que pretenden asignar un centro educativo en vez de ser elegido por los padres, al igual que con los centros de educación especial que intentan hacer desaparecer con la imposición de la coeducación y la desaparición de la enseñanza diferenciada.
El partido socialista, Compromís y EU con sus posicionamientos pretenden convertir el derecho a elegir modelo y centro donde escolarizar a nuestros hijos, como responsables de su educación, en un modelo de imposición.
Y todo esto afecta a la libertad como un derecho sobre el que nadie puede decidir por nosotros, y que garantiza la construcción de centros públicos y tener en nuestra ciudad centros concertados como San Pedro, María Inmaculada, Adventistas o San Vicente a los que las familias quieren llevar a sus hijos.
Se trata de blindar la decisión de los padres y no de que se arroguen ese derecho, pero en vez de apoyar, rechazan todas estas peticiones de vital importancia.
Sergio Muniesa Franco
Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunto
