Siempre he pensado que, quien no vive un problema de manera directa, tiene un sesgo muy importante a la hora de valorar sus consecuencias y emitir un juicio justo sobre estas. Puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida, pero esta semana lo traigo a colación de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la que se condena a España a indemnizar a los etarras que volaron el aparcamiento de la T4 de Barajas en 2006.
Para cualquier español, no hablo ya de las víctimas, directas o indirectas, del terror de ETA que aún deben vivirlo con mayor indignación, resulta aberrante que nuestro Estado deba indemnizar a cualquier miembro de una banda que ha causado tanto dolor en España. Solo en ese atentado, acabaron con la vida de dos ciudadanos que, un día cualquiera, en plenas navidades, esperaban a sus familiares que debían llegar en un vuelo a ese aeropuerto. Junto a esas dos víctimas, ETA acabó con la vida de otras casi mil personas, repartidas por todo el territorio nacional, en cerca de 2.500 acciones terroristas. Ni se ha pedido perdón, ni se ha mostrado arrepentimiento, ni se ha disuelto la banda que aún sigue teniendo el respaldo de sus incondicionales, pero, por si todo eso fuera poco, ahora se condena al Estado a indemnizarles por lo que consideran malos tratos en el momento de su detención.
Y este matiz, que puede pasar desapercibido, hace aún más rocambolesca la Sentencia. No estamos hablando de torturas durante su detención ni durante su encarcelamiento. Es más, el Tribunal ha descartado que las haya (¡¡menos mal!!). Solo dan por probado que hubo uso de la fuerza en el momento de la detención de estos dos individuos. Por suerte, no he presenciado nunca un arresto, pero, tratándose de los sujetos de que se trata…, ¿alguien piensa que van a dejarse detener sin oponer resistencia y sin provocar la necesidad del uso de la fuerza por quienes procedieron a su captura? ¿Habrá que recordar que venían de volar el aparcamiento de un aeropuerto, inaugurado poco antes, y de dejar dos muertos entre los escombros?
Me da igual que no vayan a percibir ni un solo euro por las cantidades que ellos adeudan en indemnizaciones a sus víctimas y que nunca pagarán. Solo el hecho de que un Tribunal de Derechos Humanos dé la razón a un grupo de terroristas capaces de acabar con la vida de tantas personas, guiados por su fanatismo, me resulta vomitivo.
Parece que nadie, en el Tribunal de Estrasburgo, ha vivido de cerca el terror etarra. Quizá, en Europa, no se haya vivido, como en España, la dictadura del terror durante los años en que ETA abría los telediarios con asesinatos hasta tres veces por semana. Probablemente, esa Sentencia no se hubiese dictado nunca si nos estuviésemos refiriendo a los causantes de los actos terroristas islamistas que han sembrado el terror, el mismo terror que ETA repartió por España, en muchos de los países del viejo Continente.
Pero lo que resulta mucho más llamativo, triste y repelente, es saber que, entre los miembros del Tribunal, hay un Juez español, Luis López Guerra, que ha sido incapaz de transmitir el efecto etarra en la sociedad española durante las cuatro décadas que pasaron matando. Este Juez, se dio a conocer por ser uno de los avalistas de la derogación de la Doctrina Parot, por la cual, los etarras, junto a otros presos comunes condenados por delitos de especial gravedad, salieron de la cárcel con muchísima antelación a la que sus diversas condenas hubiesen señalado. Gracias a esta derogación son muchos los violadores que han salido a la calle y que, lejos de su reinserción social, han vuelto a delinquir.
No seré yo quien ponga en tela de juicio la Sentencia de un Tribunal y, menos aún, la del Tribunal Europea de Derechos Humanos por la importancia fundamental que tiene en el respeto a los derechos y las libertades de los ciudadanos. Pero de ahí a que pueda compartir con agrado el contenido de la Sentencia dista una eternidad en casos como este, donde solo puedo calificarla de sorprendente, indignante y muy alejada de la realidad social que vivimos en aquel tiempo. La Justicia puede haber sido justa, pero no puede vivir al margen de un sentimiento de repulsa social y de garantizar una vida tranquila y en paz a los ciudadanos de bien.
Noticias como esta, junto al debate que estamos viviendo en España, en las últimas semanas, con la previsible derogación de la prisión permanente revisable, vamos a tener en la calle a más condenados, sin haber cumplido gran parte de las penas que la misma Justicia les impuso, de los que quedará dentro de los centros penitenciarios. Sin querer juzgar a la justicia, sin entrar a discutir la justicia de sus sentencias, lo que no consigo evitar, aun intentándolo, es que me parezcan indignantes.
Carlos Gil Santiago
Alcalde de Benavites
