Hace unas semanas manifesté en un artículo de opinión publicado en este mismo medio, mi posición inequívoca en defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos y desde la libertad de ese derecho, mi apuesta por un Estado Federal, republicano y solidario. Una apuesta que con unos dirigentes inteligentes, con tacto, paciencia, sensibilidad y talante democrático podía haber generado otro mapa completamente distinto a pocos días del 1-O.

 

En primer lugar, mi sorpresa, cabreo e indignación permanente de ver cómo se manipula, manosea y utiliza la Constitución Española. Una Ley Fundamental que lejos de desarrollarla principalmente en los referente al título preliminar, derechos fundamentales y libertades públicas y título VII, se gobierna contra ella, modificando la constitución (PP-PSOE) una noche de agosto, sin previa consulta o referéndum, para situar a través del artículo 135 como prioritario el pago de la deuda a costa de los Derechos Sociales.

 

Cataluña también ha vivido las posiciones inmovilistas y reaccionarias de un gobierno como el del PP. Quiero recordar como el Tribunal Constitucional a instancia del Gobierno del PP, anulo el decreto ley catalán sobre pobreza energética, que impedía a eléctricas y gasistas hacer cortes de luz en invierno a familias que no pudieran pagar la luz. Lo mismo ocurrió con la Ley de igualdad de hombres y mujeres aprobada por el Parlament y con el nuevo Estatut aprobado por el Parlament de Catalunya, el Congreso de los Diputados y el refrendo del pueblo catalán, que recibió un nuevo traspies por el Tribunal Constitucional a instancias del PP.

 

Claro, cuando estos días oigo repetir de forma reiterada y cansina a políticos del PP, PSOE, Ciutadans, así como a diferentes periodistas y medios de comunicación, hablar de la vulneración de la Constitución, no tengo más remedio que convertir la indignación o cabreo en pedagogía y argumentación.

 

Quienes están incumpliendo la Carta Magna son ellos. Obvian de forma intencionada los compromisos del Reino de España con los tratados y acuerdos internacionales. El art. 10.2 de la Constitución Española dice literalmente “Las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”.

 

Pues bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DD.HH) de la ONU de 10 de diciembre de 1948 - que asume la Constitución Española - se desarrolla en 1966 con carácter vinculante para los signatarios, mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

En el Estado Español entra en vigor el 27 de julio de 1977. Este Pacto recoge en la PARTE I , Articulo 1.1 lo siguiente: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”. Y en su artículo 1.3. dice “Los Estados parte en el presente Pacto, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetaran este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. Es decir el Reino de España con la firma del Rey y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977, se adhirió tal y como establece el art. 96 de la Constitución Española que dice literalmente “Los tratado internacionales, válidamente celebrados, una vez publicados, formaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o acuerdos con las normas generales del derecho internacional”. Es por tanto evidente que se hace caso omiso una vez más de lo firmado y asumido.

 

Pero dicho esto, lo importante en estos momentos es abordar la cuestión desde la política no desde la represión o los recortes de libertades. Digo esto por dos razones: la primera porque el gobierno, que ya está aplicando el art. 155, con directrices a fiscales, Mossos d´Escuadra, cita de Alcaldes con amenaza de detención, intervención en cuentas... está consiguiendo reforzar el independentismo con el rechazo de sectores muy importantes de la población catalana. Sin olvidar que está recortando derechos fundamentales de libertad de expresión, impidiendo actos públicos. En segundo lugar, porque hoy mismo, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han enviado una carta conjunta a Mariano Rajoy con copia a Felipe VI para pactar el referéndum. Y entiendo que debe ser una oportunidad para hablar, reconocer el derecho de los pueblos, en este caso Cataluña, a expresarse libremente mediante una consulta pactada, con garantías y seguridad jurídica y donde previamente haya habido con el tiempo suficiente una exposición de las diferentes posiciones y proyectos a la sociedad y de organización territorial.

 

Hoy, en una entrevista, he oído a Oriol Junqueras decir que son Federalistas y que han llegado a esta situación porque se han pegado durante años con el muro de los que no les han querido oír ni negociar el derecho a votar. Personalmente pienso como decía al principio del artículo, que desde la serenidad, la comprensión, la inteligencia política y la radicalidad democrática que pasa irremediablemente por un referéndum, es posible trabajar una propuesta atractiva para los catalanes y para el conjunto del Estado Español que pase por una reforma constitucional hacia una Estado Federal solidario.

 

Desde la transición y la aprobación de la Constitución Española, la burguesía catalana, representada políticamente por CiU y Jordi Pujol principalmente, nunca tuvo en mente posiciones independentistas ya que desde un punto de vista de clase, había otros intereses económicos por parte de los poderes facticos de la economía.

 

Hoy, la realidad de la transición, de una constitución aprobada en el difícil equilibrio del momento, ha sido superada por la realidad económica, social, política... requiriendo una reforma o proceso constituyente teniendo en cuenta los nuevos tiempos y realidades.

 

Esperando que algo de cordura quede, veremos cómo mueven sus piezas en el tablero de ajedrez unos y otros, insistiendo en que no es momento de inmovilismo sino de inteligencia política y elaboración de una propuesta atractiva, donde todas las partes se sientan reconocidas en el marco de un Estado Plurinacional como es el Estado Español.