Cuando conocí, en junio de 2015, a la diputada autonómica y concejal de medio ambiente del Ayto de Sagunto, ésta me dijo (en presencia de otras personas) que su plan de gobierno era eliminar todas las empresas que de una u otra forma contaminaban el medio ambiente. Ahora veo que, al menos, con LAFARGE está muy cerca de conseguirlo.
Mañana por la tarde, al parecer, llega a su fin el proceso administrativo en el Ayuntamiento de Sagunto, sobre la solicitud de renovación del permiso de ocupación de la cantera de Salt del Llop, por parte de LAFARGE.
El final de dicho proceso no deviene de la voluntad del Alcalde, sino de la presión ejercida por los trabajadores y trabajadoras que directa o indirectamente tiene su empleo unido a la fabricación de cemento.
Presión que ha dado sus frutos en todo lo que compete a la Conselleria, y nulo resultado en lo que al Ayuntamiento se refiere.
A la Conselleria, porque a fin de cuentas es sobre esa institución sobre la que recae la última palabra y está (a diferencia de lo que hace el ayuntamiento) no puede burlarse de las normas y las leyes.
Es la Conselleria, quien insta al Ayuntamiento a pronunciarse, sin más pretextos para dilatar los plazos. Pero es el alcalde quien vuelve, por medio de un técnico municipal, a activar un nuevo mecanismo que pretende continuar con la burla de retrasar la decisión para que ésta no llegue nunca.
Ahora, después de casi 30 años se acuerda el ayuntamiento que tiene una labor de vigilancia en el cumplimiento por el que se acordó la adjudicación del contrato de aprovechamiento en monte público otorgado en el año 1988. Ahora y al pairo de la renovación del permiso de ocupación se le ha pasado por la cabeza al técnico municipal que LAFARGE no está cumpliendo con las condiciones otorgadas en el siglo pasado.
En el informe que lleva la firma del Jefe de la Sección de Urbanismo del ayuntamiento, se insta al pleno a que ADVIERTA a la Conselleria de que cuidado con lo que hace ya que Lafarge, podría haber incurrido en incumplimiento de la concesión que este año termina. El funcionario (que con su informe deleita la estrategia del alcalde) se atreve incluso dar un consejo a la Conselleria, por medio del pleno municipal: “que se adopte acuerdo de suspensión de la tramitación del procedimiento”.
El supuesto incumplimiento que ahora sale a colación es otro “conejo” que emerge de la chistera del alcalde, en el momento preciso en el que deben de “fotografiarse” con su voto los concejales. Nuevamente éstos tendrán, a la hora de votar, que pensar si su voto puede tener o no reproche legal pues hay un informe técnico del propio ayuntamiento que viene a plantear que no procede aprobar la renovación del permiso de ocupación. Digo nuevamente pues es lo mismo que sucedió en el pleno extraordinario a instancias de la oposición en que no se acordó lo que se proponía como moción porque en el último momento se mintió respecto a la suspensión en la tramitación del expediente en conselleria.
Señores y señoras concejales deben de darse cuenta (de una vez por todas) que el alcalde es quien está detrás de los informes técnicos de última hora previo a los plenos que son decisivos en la resolución de este conflicto con la finalidad de que se agote el plazo de concesión y ello de facto suponga el cierre de la cementera.
El acoso y derribo contra la cementera no lo hace el alcalde por la defensa del medio ambiente, ni su amor a la montaña, ni nada que pueda tener rasgos de legitimidad. Sino por una actitud barriobajera motivada por lo personal.
PD. Echo de menos que el funcionario, el alcalde y quienes les secundan, apliquen el mismo rasero en defensa del monte publico a todo aquel que particularmente se beneficia del mismo. ¿Dónde está el informe técnico referido a la ocupación de monte publico por parte de propietarios de viviendas en la montaña del Romeu?
Emilio Lamas Galarza
