Acabamos de tener conocimiento de que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a través de su Dirección Territorial de Valencia, ha resuelto, como se dice ahora, con un ZAS a todas las alegaciones emitidas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sagunto, que es lo mismo que decir, por el tripartito.

 

Resulta que no solo no ha excedido la empresa la cota máxima de extracción de mineral, como mantenía el equipo de gobierno, sino que en palabras del instructor del propio Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, concluye que “…aún resta bastante margen de excavación para alcanzar la cota prevista en el PRI (Plan de Restauración Integral).”

 

Y no solo eso, ya que el informe es clarificador en cuanto al periodo temporal de ocupación de terrenos del monte de utilidad pública. La empresa solicitó en su momento la ampliación en 24 años y 11 meses a partir del 1 de enero de 2018, fijando la fecha de inicio del aprovechamiento minero por parte del instructor, según la documentación obrante en el expediente, en el 20 de diciembre de 1972. Con todo ello, concluye el informe que hasta el 20 de diciembre de 2047 no finalizaría el plazo de ocupación, sin embargo Lafarge ha solicitado la misma hasta el año 2043, por lo tanto, aun le restarían cuatro años para alcanzar la fecha máxima.

 

Ahora nos encontramos de nuevo ante una carretera que se bifurca en tres posibles salidas para el consistorio de Sagunto. La primera es mostrar conformidad y poner, de una vez por todas, fin a la historia. La segunda posibilidad es mostrar disconformidad, lo que conllevaría al cuatripartito a retratarse ante los ciudadanos de sus verdaderas intenciones en este asunto, la desaparición de la factoría. Y la tercera posibilidad es no decir nada, lo que se traduciría de facto en una manifestación de disconformidad con la resolución mencionada.

 

No sé por qué, pero intuyo que el equipo de gobierno no tiene intención de hacer la buena acción por Navidad y cerrar un capítulo que no ha traído más que enfrentamiento entre los trabajadores, la empresa y el Ayuntamiento. Espero estar equivocado, pero tengo muy pocas esperanzas en esa opción.

 

Si a estas alturas no les convence ni siquiera lo que viene de sus Consellerias… ¿quién tiene que decirlo finalmente para que acepten la realidad jurídica real? ¿Un juez? Espero, por el bien del municipio, que ahora que el PSOE se ha incorporado al gobierno local, pongan cierta sensatez en el asunto y ayuden a desenquistar este problema. Sería el mejor regalo de Navidad para las quinientas familias que dejaron de dormir bien hace un año y para los que hemos defendido desde el primer momento, que por encima de los intereses partidistas están las personas.