Cuando aún faltan seis meses para la ejecución de los actuales, y tras el adelanto de la rebaja del IRPF prevista para 2016, cobra verosimilitud,  la sospecha de que el Ejecutivo se apunta a la estrategia populista y convertirá los Presupuesto Generales del Estado en un programa electoral.

El crecimiento para este año contemplado en el nuevo cuadro macroeconómico (3,3%), eleva en 4 décimas el enviado hace unos meses a Bruselas en el Programa de Estabilidad 2015-2018 (2,9%); una previsión,  por encima de la anunciada por el Banco de España, el FMI y los coyunturalistas nacionales (3,1%) y se basa en gran parte, en un aspecto muy efímero: la caída en el ritmo de crecimiento de las importaciones debido a la bajada del precio del crudo, que pasa del 6,7% en el Programa de Estabilidad, al 6%.

La política monetaria expansiva del BCE o la caída del precio del crudo, en los que se apoyan las previsiones de mejora de la actividad del Gobierno, son impulsos transitorios, que no estarán presentes el año que viene, motivo por el cual las previsiones empeoran en 2016. El incremento de la actividad en 2015 no es sólido, pues no se basa en la mejora permanente de la competitividad de las empresas o en la ampliación del tejido productivo hacia actividades de más valor añadido.

Para que esto fuera así, sería imprescindible acometer una reforma fiscal que limite el recorte de los impuestos a los salarios más bajos, que haga un reparto más justo de las cargas tributarias, que aproxime los tipos efectivos a los nominales, eliminando deducciones regresivas e ineficientes, que cree un IVA con tipos reducidos para los productos de consumo básicos de la cesta de la compra de los hogares y que dote a la Agencia Tributaria de recursos suficientes para luchar contra el fraude fiscal. Y además, un presupuesto que aumente y reoriente la inversión pública fomentando los sectores que generan más valor añadido. Una reforma fiscal, en definitiva, orientada a impulsar el crecimiento, la creación de empleo de calidad, la mejora de la protección y el cambio de modelo productivo.

El cuadro macroeconómico habla de 602.000 personas ocupadas más que en 2014, y 591.000 desempleados/as menos (4.867.000 parados), y una tasa de paro del 21,1%. Esta previsión es, no obstante, discutible si advertimos que la serie desestacionalizada de afiliación a la Seguridad Social muestra que la creación de empleo se está desacelerando desde abril y en el último dato correspondiente al mes de junio, incluso experimenta un ligero recorte de 2.104 personas afiliadas.

Los PGE son conformistas y que no dan respuesta al desempleo y la pobreza, los principales problemas del país. Es más, creo que el Estado ha contraído una deuda social con la inmensa mayoría de la sociedad que debería empezar a saldar en 2016, y esto exige una apuesta decidida por aumentar la inversión pública, a través de la mejora de las infraestructuras, la rehabilitación de vivienda, el desarrollo de un mercado de vivienda de alquiler, la atención a la familia, a la dependencia, a los mayores, y mejor sanidad, educación, servicios públicos y sociales, así como un plan de choque para dinamizar la economía y la creación de empleo. Una  política presupuestaria pues que  debe favorecer el crecimiento y la creación de empleo.

Asimismo, y para luchar contra la pobreza se tiene que destinar un punto del PIB a garantizar una Renta Mínima a las personas que no disponen de ningún tipo de ingreso y  los salarios recuperar protagonismo en el impulso de la demanda interna y más concretamente en el sector público y sobretodo la necesidad de aumentar los ingresos de la Seguridad Social, lo que pasa por corregir la reforma laboral y por el incremento de las cotizaciones empresariales, ya que el sistema de la Seguridad Social está sometida a tal presión que el sistema público de pensiones se va a resentir seriamente.

Ximo Estal Lizondo
Secretario General de Enseñanza de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia