Creo que no era necesario, pero la denominación de la Consellería (de Sanidad Universal y Salud Pública) surgida del nuevo gobierno de la Generalitat es toda una declaración de intenciones con base en el sustrato ideológico de los partidos de gobierno. Y aunque hoy no disponemos de una cobertura legal para establecer la necesaria universalización de la asistencia sanitaria en el sistema público, se puede y se debe ir avanzando en esa dirección, a la espera de que las elecciones generales de noviembre alumbren un gobierno de corte progresista que normalice la situación de desatención que hoy sufren muchos ciudadanos.
Recordemos que por gracia de un decreto-ley aprobado/impuesto por el Gobierno de Rajoy en abril de 2012, pensionistas, enfermos crónicos, personas con discapacidad, inmigrantes, profesionales sanitarios y el resto de ciudadanos nos hemos visto afectados, en mayor o menor medida, por una amplia sucesión de recortes en prestaciones y derechos sanitarios. Lo hicieron -dijeron- para garantizar la sostenibilidad del sistema, cuando en realidad lo que pretendían y pretenden es la mercantilización de la salud, generando desigualdades dentro del propio sistema público, como si no se hubieran acentuado suficientemente en el contexto de esta eterna crisis económica.
Las medidas que incluyó el referido decreto, no sólo no garantizaron la sostenibilidad de la sanidad pública sino que, además, -y esta era su intención- cambiaron radicalmente el modelo sanitario de éxito del que hemos disfrutado los españoles. Y lo cambiaron de forma unilateral y sin ningún consenso, precisamente por eso, por su definición de ser público, universal (para todos) y gratuito. Así, allá donde han podido, han utilizado fórmulas privatizadoras vía concesión para la gestión de departamentos sanitarios y/o hospitales, han limitado la asistencia a los asegurados, excluyendo, sin miramientos, a colectivos enteros y han introducido copagos múltiples en los servicios y prestaciones.
Siempre defendimos que nuestro Sistema Nacional de Salud es perfectamente sostenible y que debe de seguir siendo un sistema de naturaleza pública, con cobertura universal y acceso gratuito, aunque para ello sea necesario –que lo es- redefinir los criterios de financiación en el marco de la modificación del sistema de financiación autonómica, anunciado al principio de esta legislatura y nunca acometido por este gobierno. Siempre apostamos, y ahí está la Ley General de Sanidad de 1986, por un sistema de aseguramiento público y único, con una financiación procedente de los impuestos, capaz de garantizar la suficiencia de recursos y un equilibrio en la distribución de los mismos entre las comunidades autónomas para asegurar la suficiencia financiera de la sanidad pública, sin tener que recortar derechos ni introducir copagos.
Con la corrección de lo esencial –cobertura y acceso- en el punto de mira, se da un gran paso para la recuperación del servicio sanitario público, pero veinte años de gestión partidista de la derecha, hacen necesario importantes ajustes en el sistema que deberán acometerse, sin demora, en los próximos años. Los indicadores conocidos marcan el camino, aunque habrá que tomarse un tiempo para desbrozar, disponer de los datos reales y ponerlos a plano.
Por lo ya conocido, estamos en la cola de España en gasto sanitario (200 euros menos por habitante/año que la media). Existe evidencia de las bajas inversiones en centros sanitarios ya que según el Síndic de Comptes sólo se ejecuta el 52% de lo que se presupuesta. La ratio de camas hospitalarias se sitúa claramente por debajo de la media de España al igual que la ratio de Centros de Salud por número de habitantes. En personal sanitario somos la tercera por la cola en número de médicos por mil habitantes y también una de las últimas en personal de enfermería, con una precariedad laboral del 42,6% y salarios inferiores a otras comunidades autónomas. Tenemos unas urgencias (las hospitalarias especialmente) saturadas y con escasos recursos humanos y materiales, además de problemas de transporte de urgencia sobre todo en poblaciones del interior y en época vacacional. Las listas de espera están sin control ni transparencia y por ende, no reconocidas. La atención en salud mental y a los enfermos crónicos está absolutamente abandonada. Según las ratios recomendadas tenemos la mitad de psiquiatras, un tercio de psicólogos y de personal de enfermería y una quinta parte de trabajadores sociales. Es evidente el escaso control del gasto farmacéutico que está comportando escasez de medicamentos en las farmacias, y la protesta continua de este sector desde hace años por la tardanza en el cobro. Y sobre la participación ciudadana, poco a poco se han ido destruyendo todos los instrumentos de participación e información, con la clara intención de ocultar la realidad de la sanidad valenciana.
Pero sobre todo ello, pesa la losa de una deuda descontrolada y la insuficiencia financiera, en evidente sintonía con la caótica situación económica de la Generalitat. Así que el gobierno recién constituido tiene por delante una ingente tarea a la que dedicar esfuerzos y recursos, con el inaplazable objetivo de recuperar un servicio público del que los valencianos podamos sentirnos orgullosos.
José Luis Chover Lara
Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública
