Hace pocos días, salieron los datos del paro de mayo, y estos nos indican que el 95% de los contratos firmados en Mayo fueron temporales o a tiempo parcial. El desempleo se reduce muy lentamente, mientras que crece la precariedad laboral y la desprotección de las personas desempleadas.Más de la mitad de los afiliados en el Régimen General de la Seguridad Social, el 51% sufren algún tipo de precariedad: el 37% tiene un contrato temporal y el 25% tiene un contrato a tiempo parcial.

El paro registrado bajó en el mes de mayo, al igual que ha sucedido en este mes en los últimos siete años, como consecuencia de las actividades turísticas, estacionales y de temporada, unido este año a la convocatoria de elecciones. La reducción del paro registrado de 118.923 personas, en cifras desestacionalizadas, es de apenas 35.000 personas. El mercado de trabajo en España no va por buen camino: el desempleo se reduce muy lentamente, mientras que aumenta de forma insoportable la desprotección de las personas desempleadas y crece la precariedad.

El gasto en prestaciones se ha reducido en 7.700 millones desde 2010 a 2014, y en lo que va de 2015 ha vuelto a caer el 18% en comparación con el mismo período de 2014, de tal forma que si se mantiene este recorte el gasto se volverá a reducir en otros 5.000 millones adicionales. El resultado de este brutal recorte es que la tasa de cobertura ha caído en más del 32% de forma que dos millones de personas desempleadas según los datos del SEPE y más de tres millones y medio según la EPA, están excluidas de la protección.

Menos del 5% de los contratos firmados en mayo fueron indefinidos a tiempo completo y el 95% restante fueron temporales o a tiempo parcial y lo que es peor, en el ultimo mes se estanca el número de contratos indefinidos y solo suben los temporales.

En consecuencia, más de la mitad de los afiliados en el Régimen General de la Seguridad Social, el 51%, ya sufren algún tipo de precariedad: el 37% tiene un contrato temporal y el 25% tiene un contrato a tiempo parcial.

A la vista de estos datos, la recuperación de la actividad económica no se realiza sobre bases sólidas: el empleo solo crece en los sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería y servicios auxiliares) que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos y ahora en la construcción al calor de las campañas electorales.

Por todo esto, es necesaria una política presupuestaria que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. La injusta rebaja de impuestos promovida por el Gobierno no persigue este fin, sino el rédito político a corto plazo.

En España hay 1.981.869 personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE, una cifra que se eleva hasta las 3.838.639 con datos de la EPA, un altísimo nivel de desprotección que genera pobreza y exclusión y que debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del estado.

Por ello, urge adoptar nuevas medidas que mejoren la protección a las personas en desempleo, más allá del acuerdo para el Programa Extraordinario de Activación del Empleo destinado a las personas desempleadas de larga duración con cargas familiares. Un programa que el Gobierno aceptó solo por la presión de los sindicatos.

En este sentido, CCOO y UGT acaban de poner en marcha una iniciativa legislativa popular para implantar una Prestación de Ingresos Mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.

Se trata de una prestación equivalente al 80% del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.

El numero potencial de beneficiarios se estima en 2 millones de personas, por lo que el coste anual del programa seria de 11.000 millones de euros, el 1,1% del PIB, una cifra perfectamente asumible en especial si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en más de 9.000 millones de euros en los últimos años. Con devolver lo que se recortó estos años ya se financiaría el 80% del coste del programa.

Ximo Estal Lizondo
Secretario General de Enseñanza de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia