En el pleno municipal de enero presentamos desde EUPV una moción solicitando ayudas tributarias para beneficiar a las familias con pocos recursos económicos a pagar el IBI, la plusvalía o la tasa de basura. Cual fue la sorpresa que recibimos un informe jurídico en contra, alegando que la ley impedía llevar a cabo este tipo de ayuda a través de exenciones y bonificaciones, para aquellos vecinos/as, que a pesar de estar en una situación límite, incluso afectados por ejecuciones hipotecarias, se situaran fuera de los casos de dación en pago.

El informe jurídico iba más allá, planteando que no pueden reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los previstos en las normas de ley o aplicación de tratados internacionales, obviando por supuesto artículos constitucionales como el artículo 39.1 cuando dice que “los poderes públicos aseguraran la protección social, económica y jurídica de la familia”, el artículo 31, “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, o el artículo 10.2 de la Constitución Española cuando habla de los derechos fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la mismas materias ratificadas por España.

Es evidente que la carta magna es papel mojado y que el desarrollo normativo por parte de los diferentes gobiernos en este país ha sido profundamente retrograda. A la espera de que volvamos a debatir esta moción en el pleno del mes de febrero, intentando esa es nuestra intención- bordear con inteligencia, creatividad y voluntad política, posibles normativas profundamente reaccionarias que nos dicen que no podemos ayudar a los más necesitados, leo que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN)  que analiza la evolución del indicador europeo AROPE (combina la renta con las posibilidades de consumo y el empleo) entre los años 2009 y 2013, establece que un 27,3 de la población española, es decir cerca de 13 millones de personas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, incrementándose un 2,6 por ciento desde 2009, lo que supone 1.320.216 personas más que se encuentran al borde del precipicio.

Esto es el efecto de unas políticas que propician que haya gente sin casa y, paralelamente, miles y miles de viviendas vacías o que hayan familias que estén pasando hambre, sin trabajo y a punto de perder su techo y se  encuentren con informes jurídicos que dicen que la administración pública más cercana al ciudadano no puede aplicar ayudas para el IBI a estas familias a pesar de encontrarse en una situación de dificultad extrema y donde los derechos básicos fundamentales no están siendo garantizados tal y como establece la propia Constitución Española.

Para que se entienda, la pelota que se nos lanza es que hay un artículo – artículo 9 – de la LHL que dice que no podemos aplicar beneficios fiscales a los más necesitados porque entraríamos en fraude de ley. Es decir entraríamos en fraude de ley por ayudar al necesitado. ¿Se ha visto semejante desprecio a las clases sociales sin recursos? ¿Acaso se nos va a condenar por ayudar al necesitado? ¿En qué país de miserables vivimos? ¿No estamos ante un supuesto Estado social y democrático de derecho? El IBI, la plusvalía o la tasa de basura no son los únicos impuestos a abordar y que han supuesto,  sobre todo el IBI, un incremento sustancial como consecuencia de la revisión de la ponencia de valores catastrales; nos encontramos con que el agua, la privatización del ciclo integral del agua, ha supuesto que en este municipio se haya producido un incremento acumulado desde 2009 a 2014 de cerca de un 60%, lo que supone que muchas familias tengan dificultades muy serias dado el panorama del mercado laboral (paro, precariedad, pérdida de poder adquisitivo, bajada de salarios…) y los recortes practicados, a hacer frente a determinados impuestos y tasas.

La paradoja es tal que en este país y en este municipio ya no caben medias tintas dada la gravedad de la situación, es perentorio dar un vuelco, un cambio radical de gobierno, de gobernantes y de políticas. Grecia está buscando su dignidad pérdida durante muchas décadas, busquemos nosotros también la dignidad que nos quieren arrebatar. PAN, TECHO Y TRABAJO.

Fernando López-Egea López
Portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto