Hace unos días, con gran despliegue mediático y reacciones de todo tipo, políticas, policiales y deportivas, se informaba de la muerte de un seguidor de un equipo de fútbol. Una muerte sin sentido fruto del fanatismo irracional, por mucho que se enmascare de afición. Por esos mismos días, cinco mujeres morían a causa de la violencia de género a manos de sus parejas/verdugos y la repercusión, quizá por lo habitual, no fue la misma. Son casi 50 mujeres/víctimas las que se contabilizan en lo que va de año, frente a 9 en la última década a consecuencia del fútbol. La alarma social, incluso con una víctima cercana en Paterna, que sumó más oscuridad a esos días negros, no ha sido la misma. Y es que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a esta lacra, aceptar a convivir con esta epidemia que no cesa.
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Una ley que supuso un revulsivo contra la violencia de género en todos sus aspectos y que se ha consolidado como modelo internacional. De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que se concede a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia calificada como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
Y debe reconocérsele toda su bondad, porque esta ley supuso una apuesta por la defensa decidida de la ciudadanía en las situaciones de máxima vulnerabilidad y dio un tratamiento integral y sistemático a la lucha contra la violencia de género, con objetivos claros: prevenir la violencia de género; apoyar y proteger a las víctimas y a sus hijos menores; perseguir a los agresores; y sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de combatir esta lacra, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.
Sin embargo, algo falla. A pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos lejos de disminuir, aumenta. En lo que va de año, 48 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o ex-parejas, contabilizando 12 asesinatos en verano, el doble que en 2013, y con la cifra de que el 31,8 % de las asesinadas habían denunciado su situación de maltrato o agresión. Algo falla, o quizá todo si nos referimos a ese tercio de muertes que lamentablemente han devenido en anunciadas.
Frente a esta realidad, la Ley Integral está siendo minada y amenazada por un gobierno que practica continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan contra su espíritu y buena parte de su articulado por otras leyes básicas como la LOMCE (Ley Wert) o la Ley de Reforma Local por poner dos ejemplos.
Así, con la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que trataba de formar a los futuros ciudadanos en valores como el respeto y la dignidad de las personas, o la igualdad entre hombres y mujeres se acaba con la mejor medicina contra la violencia de género: la formación para la prevención. Por su parte, la Ley de Reforma Local, califica como impropias las competencias de los ayuntamientos en Igualdad y Violencia de Género, alejando así los servicios públicos de la atención a mujeres víctimas y suprimiendo la labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los servicios sociales municipales. Añadimos el Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito que de prosperar, obligará a las mujeres al reembolso de los gastos causados a la Administración en caso de absolución o sobreseimiento, cuando sabemos que el 40% de las sentencias dictadas en violencia de género son absolutorias. Parece y es una medida anti-denuncia.
El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa, no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos. La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de sus prioridades.
El balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de la ley, demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo. Un triste ejemplo es una gran demostración: en uno de los casos, el parte de lesiones extendido por un centro de salud al que acudió la mujer 10 días antes de su muerte, llegó por correo ordinario al juzgado 24 horas después del crimen. Con toda lógica, el Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ propone medidas correctivas para hacer más eficaz las acciones, entre las que se incluye la revisión de los formularios que utiliza la policía para realizar las valoraciones y que, aunque el diagnóstico de riesgo sea “no apreciado” o “bajo”, se adopten medidas de control, dado que las víctimas calificadas con un diagnóstico “riesgo medio” se han incrementado en un 31%.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido desmantelando en los últimos años. La tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto. Por eso lo exigimos, porque es nuestro compromiso, son nuestros valores.
José Luis Chover Lara
Portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sagunto
