En pleno verano de 2013 a base de decretazo el gobierno valenciano impuso un régimen de cuantías y precios públicos que se encarga de extender el copago a las personas mayores y personas con discapacidad que no tenían reconocida la dependencia y necesitaban recurrir a residencias, centros de día y de noche, a servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio, centros de rehabilitación e integración social o viviendas tuteladas. Anteriormente ya se habían encargado de aniquilar los recursos de los dependientes con copagos, con demoras en cobros de sus prestaciones, disminuyendo el acceso a servicios y sometiéndoles, en muchos casos, a una constante persecución y negación de sus necesidades y grados de dependencia por parte de la Conselleria pese a la evidencia de su situación real.
Esta realidad cruel va mermando las escasas garantías sociales de este colectivo , dejando sus vidas, la calidad y la dignidad de las mismas sometidas bajo el modelo de la supuesta calidad y limosna que tanto vende y tanto alarde de marketing conlleva.
Si sumáramos el dinero lanzado al vacío del aeropuerto del abuelo, las rotondas que se reforman en función de la temporada, así como una gran multitud de robos cometidos hacia la ciudadanía dado los innumerables casos de corrupción, la realidad de la financiación en el País Valenciano podría ser muy distinta. Si los valores y el modelo social fueran otros no se hablaría de financiación cuando tratamos derechos fundamentales los cuáles algunas entendemos deben ser siempre garantizados desde lo público, y por tanto gratuitos, lejos de cualquier copago o repago impuesto. Hablaríamos de progresividad fiscal cuando toca y no de forma demagoga, hablaríamos de ella para que las grandes empresas paguen más en lugar de beneficiarse del trabajo de la clase obrera, para que paguen más quienes más tienen, nunca para tratar de legislar una medida social y moralmente injusta que fiscaliza con la salud y la calidad de vida de las personas.
Las consecuencias de esta anulación de derechos nos conduce sin freno a una negación de dignidad cuyas consecuencias son día a día más difíciles de parar.
Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo el decreto del Consell que fijó los precios de copago de servicios sociales para mayores y discapacitados. El PP lejos del arrepentimiento, lejos de acatar y pedir perdón al evidenciarse aún más todavía el copago como una medida injusta e inhumana, tiene la poca vergüenza de despreciar a este sector y amenazar con interponer recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia con la esperanza de encontrar a alguien que les diga que sí, o de poder establecer los mecanismos necesarios para imponer la medida a base de Ley, tal y como también han planteado.
A todo ello se le suma el desprestigio y desmantelamiento a los que están sometidos los servicios y recursos que necesitan están personas. Un ejemplo claro es la situación de la residencia Nuestros Hijos ubicada en nuestro municipio, residencia pública de gestión privada que lleva tres años adeudando nóminas a sus trabajadoras, sin cubrir bajas y recortando en servicios.
Pero ellos y ellas hacen la pose, ponen buena cara, prometen sin cumplir, dan pan a quien muere de hambre y así, aplicando y vendiendo caridad rodeándola de demagogia, van anulando los derechos y las garantías sociales de todas y todos. Acuden a eventos y otorgan algunas subvenciones a este sector dando el mensaje de su entrega y bondad mientras la realidad social que ellos mismos potencian esta cada vez más castigada gracias a sus decisiones, sus recortes, sus impagos, sus copagos, sus reformas laborales, sus desmanes y su falta de ejemplaridad.
Nerea Almiñana Navarro
Concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto
