En 2013, el 23,6% de los jóvenes españoles abandonaron sus estudios tras finalizar la educación obligatoria o incluso antes de graduarse, el doble de la media europea.
Estamos ante un gravísimo problema del sistema educativo español que tiene una incidencia directa en el acceso a los estudios de formación profesional y que carece del diseño de políticas educativas adecuadas. Nuestro sistema no sabe retener a los alumnos tras su paso por la escolaridad obligatoria y no mejora su capacidad para orientarles correctamente académica y profesionalmente. Así lo demuestran los datos relativos al Abandono Educativo Temprano del año 2013, que confirma que más de la mitad de alumnos que abandona el sistema educativo ha obtenido la ESO y, sin embargo, no continúan en el sistema.
Teniendo en cuenta el coste medio de una plaza escolar en el sistema educativo español, la financiación prevista en el Plan para la disminución del abandono escolar temprano podría cubrir, por cada curso, aproximadamente, a unos 5.000 alumnos de los casi 800.000 que se encuentran en esta situación, lo que supone, efectivamente, un nivel de financiación pírrico para abordar la magnitud del problema.
Los 6.500 millones que supondría escolarizar un año entero a los 800.000 jóvenes en situación de abandono educativo temprano y -en la mayoría de los casos- permitirles continuar sus estudios, es menos que la cantidad en que se ha reducido el gasto público educativo. Si estos recursos se distribuyen en varias anualidades, situarnos en la media de la UE se convertiría en un objetivo realista y razonable. Todo depende de la voluntad política y un relativo saber hacer: en coordinación con las comunidades autónomas, con los agentes sociales, contando con los centros públicos, etc.
El último informe de la OCDE (“Panorama de la educación, indicadores de la OCDE 2014”) sigue revelando un gravísimo desequilibrio estructural en los niveles medios de cualificación de la población adulta de nuestro país (22%) respecto a los de los países de la UE (48%), sin mostrar mejora alguna con respecto al informe anterior.
De ese 22%, solo un 9% corresponde a estudios de FP de Grado Medio, frente al 33% de países de la OCDE. La diferencia en números absolutos es tan abismal que solo puede empezar a resolverse con una importante inyección estratégica de plazas en el sistema.
Para poder afrontar con una expectativa de éxito razonable las exigencias del mercado laboral de los próximos 5 años, España necesita aumentar su tasa de titulados en FP de Grado Medio más de un 20%. Crear las condiciones adecuadas es una absoluta prioridad.
Este es uno de los datos más relevantes del informe si tenemos en cuenta que los países tradicionalmente considerados como los más competitivos mantienen un porcentaje alto de titulados de FP de Grado Medio, con independencia del itinerario académico posterior del alumnado (Alemania, 55%; Finlandia, 38%; Suecia, 33%).
Estos indicadores revelan claramente que no se están aplicando las medidas adecuadas, y que los proyectos “estrella” que se improvisan con carácter coyuntural no son una solución porque no tienen ningún efecto relevante en relación a los problemas nucleares que presenta el sistema.
Los errores en la regulación, planificación y diseño del sistema de FP Dual, por ejemplo, ya muestran signos evidentes. El impacto en la creación de empleo de los jóvenes -recordemos que la tasa de paro juvenil es del 53,1%- es prácticamente inexistente, por lo que, a día de hoy, la FP Dual no está siendo ni una pequeña parte de la solución. Hace falta hacer lo que no se ha hecho: adquirir un compromiso serio con la implantación de este sistema, evaluando las condiciones óptimas para su desarrollo en las empresas y en los centros docentes de nuestro país y diseñando y planificando su funcionamiento con los agentes sociales.
La falta de conexión entre el mundo del trabajo y el educativo debe resolverse definitivamente. No vale cualquier relación: no se trata de que las empresas hagan el papel de los centros educativos ni de que les fijen las prioridades. Se trata de que ambas instituciones (centros educativos y de trabajo) colaboren para una mejor formación del alumnado. La estrategia de empleo y garantía juvenil está yendo por derroteros erróneos, ya transitados sin éxito, al dar los recursos a las empresas, bonificando una formación sin garantía de éxito académico ni empleabilidad. Estos fondos siguen ausentes de la gestión pública, como si no tuviéramos un problema en este sector.
Ximo Estal Lizondo
Secretario General de Enseñanza de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia
