Hace unos meses, un trágico incendio se desató en un edificio comercial de ocho plantas en la zona de procesamiento de exportaciones de Dacca en Bangladesh. Las grietas habían aparecido en la estructura del edificio unos días antes del incendio y derrumbe del mismo, pero se les dijo a los trabajadores que acudieran a sus labores a pesar de la evidencia de que el edificio estaba en condiciones lamentables de seguridad. El suceso se cobró 350 vidas y más de 2.773 personas tuvieron que ser rescatadas de entre los escombros, todos trabajadores, la mayoría de ellos mujeres que trabajaban en empresas de mano de obra del sector textil y cosían prendas para empresas internacionales. Trabajaban en unas condiciones laborales infrahumanas: jornadas de 14 horas, sin descanso, con un salario que no les era suficiente ni para pagar el transporte y la comida (algo menos de 30 euros al mes).

Podría decirse que aún se estaban recogiendo cuerpos de entre los escombros, cuando un tal Matt Yglesias escribió; «Si Bangladesh cambiara las reglas del juego y encareciera los costos de producción, perdería su ventaja competitiva sobre otros países y sería pronto reemplazado por otro país, además la subida de precios afectaría la economía de consumo de los Estados Unidos»  y concluye, «la mejor solución es mantener el Status Quo». Es decir, para «este sujeto», no importa si se trabaja en condiciones laborales y de seguridad de semiesclavitud en Bangladesh, debe mantenerse esa situación, porque lo importante es que ello permite que la demanda de productos de consumo más baratos, tire de la economía en Estados Unidos. La situación de los trabajadores en Bangladesh, que se puedan realizar tan indecentes manifestaciones y que de todo ello no derive consecuencia jurídica alguna, es el desgarrador signo de nuestros tiempos. Es lo que nos propone la economía liberal, desierto moral, donde los resultados económicos están por encima de los Derechos Humanos.

Más recientemente y en un ámbito doméstico, el Banco Credit Suisse señaló en un informe, que España está empezando a estabilizarse gracias a las reformas estructurales puestas en marcha para hacer frente a la crisis, la tasa de paro bajará al 26,5 % entre otras causas, porque muchos parados agotarán sus prestaciones y saldrán del mercado laboral. O dicho de otra manera, los números macroeconómicos mejorarán y ello será en buena parte, porque gracias a las políticas de recortes, el país amortizará antes a los ciudadanos. Es decir, no importa lo que ocurra con quienes se han quedado sin trabajo y sin prestaciones sociales, lo importante, es que estas personas ya no suponen un gasto para el Estado. Que puedan quedarse personas en completo desamparo, que se puedan recoger estas conclusiones sin escrúpulo alguno y que de todo ello no derive ningún tipo de responsabilidad, es el estremecedor resultado al que nos traslada la economía liberal, panorama capitalista inmoral e insolidario, donde los resultados económicos están por encima de los seres humanos.
El liberalismo que impulsaron a nivel mundial Ronald Reagan y Margaret Thatcher, dos «oscuros personajes», que sin embargo, en esta sociedad sometida al triunfo de sus propuestas se les hace funerales de estado, es el paradigma de la insolidaridad en todas sus formas, su desatado materialismo, se aleja, cuando no va en dirección contraria, a cualquier planteamiento moral, incluso, de los planteamientos morales más comúnmente aceptados por todas las personas. Le debemos, la ampliación de la riqueza de unos pocos y la multiplicación de las miserias para todos. Las propuestas, declaraciones y actos de muchos de los actuales partidarios de esta deplorable teoría económica, «Los reagancherflautas», son tan insolidarios asimétrica e intergeneracionalmente, que deberían merecer el mayor reproche que desde una sociedad se pueda proyectar hacía unos hechos o unas manifestaciones. Podría pensarse incluso, que por las traumáticas consecuencias que genera su aplicación práctica, el reproche debería ser penal.

Los daños que derivan del triunfo de esta ominosa práctica económica son demoledores. El objetivo del liberalismo no es otro, que la destrucción total de la clase media y reducir el tamaño del Estado hasta permitir, sin ningún reparo, que grandes grupos empresariales puedan ganar dinero: exterminando los derechos laborales, eliminando los logros sociales y convirtiendo a los ciudadanos en menesterosos de trabajo para que tengan castrada cualquier ilusión de reivindicar mejoras. Este es el  modelo de sociedad que se ultimará en poco tiempo, un modelo, donde los gobiernos estarán dirigidos por un racimo de corporaciones internacionales vaciando de contenido la democracia, donde no habrá prestaciones sociales ni pensiones de jubilación (que nadie se engañe)  y donde la masa trabajadora será un magma de desesperados, que mendigarán unas horas de trabajo en las condiciones que les propongan, sean estas cuales sean.
«Los reagancherflautas» saben, que la eliminación de la clase media implica inexorablemente la desaparición de los términos medios, saben, que se van a multiplicar y a ampliar a capas cada vez mas extensas de la población las formas de protesta no violenta y saben, que romper la foto (en localismo argentino escrache) y otras múltiples maneras de resistencia pacífica (por ejemplo el movimiento 15-M), es lo único que escapa a su control y puede hacer virar bruscamente el rumbo de la sociedad. Este conocimiento, ha hecho devenir en insuficientes los típicos ataques de «los reagancherflautas» a quienes se oponen a su modelo imperante: ya no les vale apartarlos del sistema (aquellos que se atreven a criticarlos, son unos extremistas o unos sectarios), ya no les es suficiente ningunearlos (quienes se indignan ante las cruentos efectos de su doctrina económica son unos perroflauta) y se les ha quedado corto criminalizarlos (los que actúan pacíficamente para poner en el escaparate a los responsables de sus desmanes, son unos delincuentes).

Por ello, en una penúltima vuelta de tuerca y al amparo de las posibilidades que les otorga teledirigir el poder, el anteproyecto de Ley de lo que será la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en su borrador actual, prevé la sanción administrativa para los escraches, las concentraciones y las protestas no autorizadas. Regula multas de hasta 600.000 euros. En paralelo, la enésima reforma del Código Penal, en sus artículos 550 a 560 bis, salvo inesperada sorpresa en el trámite parlamentario, positivizará los últimos excesos verbales de «los reagancherflautas» contra los ciudadanos mediante la tipificación, en el ámbito de los delitos contra el orden público, de nuevas conductas punibles y la introducción de conceptos amplios y ambiguos que posiblemente quiebren los principios penales y aumentan la discrecionalidad de los jueces para entender que concurren los elementos del tipo penal. Se ha regulado especialmente, en el ámbito de la libertad de expresión, las convocatorias con nuevas tecnologías, el derecho de reunión, las manifestaciones y las protestas.

En esta sociedad subyugada a «la dictadura» cada vez menos encubierta del liberalismo, se promueven en lugar de sancionarse, conductas insolidarias que por sus nefastas secuelas, provocan el mayor reproche social, alma del castigo penal, pero se ataca por lo administrativo y por lo criminal lo que nadie reprocha, en defensa exclusivamente de intereses ideológicos y oligárquicos y en contra de lo único que les queda a los damnificados por esta radical teoría económica, el derecho a expresarse y manifestarse pacífica y democráticamente.
¿Tenemos o no  que irnos de Roma? (artículo de “El económico” de fecha 30 de enero de 2013).