El pasado 24 de julio las Cortes Valencianas aprobaron la ley de Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias. A pesar de las abstenciones de EU y Bloc Compromís, esta ley, que era una reivindicación histórica de los agricultores, ha sido posible gracias a la iniciativa del Partido Popular y al apoyo del Partido Socialista.

Esta nueva ley aporta más seguridad jurídica en el sector agrario y regula los usos y costumbres de la compra venta en el campo; es decir, adapta las costumbres a la realidad actual y lo hace con un objetivo claro, dar máximas garantías a los acuerdos en el sector agrario y, sobre todo, proteger a la figura más débil, al agricultor. Miren si es importante y necesaria esta nueva ley, que prácticamente con ella en la mano, termina una práctica abusiva, y como ha comentado el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, esta modalidad de compra, la "venda a resultes",  ha llevado casi a la ruina al sector citrícola.

Pues bien, esta ley regula las distintas modalidades de contratos agrarios para la venta de la cosecha y permite una fórmula mixta; en los contratos con pago al contado el pacto oral o escrito, y en los contratos acordados a pago aplazado del precio exige el pacto escrito.

La ley regula figuras contractuales tradicionales usadas en el campo, como son "la venta a l'ull' y "la venta al pes o per arrova". En este capítulo primero queda claro que las ventas en las que el pago no se realice al contado deben hacerse con contrato que indique precio, condiciones y fecha de pago, entrega del producto, forma de recolección e incluso cesión en los derechos de compra. En definitiva, viene a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de ambas partes, al productor y al comerciante.

Tradicionalmente la palabra del productor ha sido suficiente para cerrar los tratos, pero es necesario adaptarse a las nuevas realidades socioeconómicas y con esta legislación se pretende dar mayor protección  a la parte que mejor ha cumplido siempre su palabra, al agricultor.

De igual forma este ley contiene una regulación completa de la figura del arrendamiento rústico histórico desarrollando el concepto, la renta, la duración, transmisión y división entre otras cuestiones, y también de los censos, denominados forales valencianos, inscritos en el Registro de la Propiedad.

Por último, esta ley regula la costumbre de las ayudas en las labores entre los agricultores, denominada "tornallom". Estos trabajos de buena vecindad se declaran exentos de retribución y sólo tienen derecho a indemnización cuando el agricultor que ha prestado su colaboración no es correspondido en las horas trabajadas.

Un sector tan importante en la Comunidad Valenciana como el agro alimentario, que sigue siendo el primer exportador por delante de sectores como el automóvil, necesitaba una ley que regulase las costumbres y la realidad del campo, y por ello, esta ley ha sido consensuada con todas las asociaciones agrarias, dando así respuesta a las demandas de los agricultores valencianos que van a ver ampliados y protegidos sus derechos.