No hay que ser muy listo para darse cuenta que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy hace poco más de año sólo ha servido para destruir empleo, disminuir los salarios y las indemnizaciones por despido, lo que ha  conducido a un aumento de la conflictividad laboral, la redución de derechos y romper con el equilibrio de las relaciones laborales. Y aunque la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la haya calificado de una reforma «impecable», en el último Consejo de Ministros del pasado viernes 2 de agosto (no sé si por intercesión divina de la Virgen del Rocío o no) se contradice y va la muy… señora y la endurece un poco más. Al parecer, este «éxito» que se ha saldado con 633.500 puestos de trabajo destruidos desde su aplicación, no era suficiente penitencia.

Estos cambios aprobados por decreto ley de forma poco democrática y al margen del diálogo social, vienen a satisfacer, más aun, los deseos de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), de reforzar el poder empresarial al profundizar en el desequilibrio de las relaciones laborales que la reforma de 2012 impulsó con el único objetivo de facilitar y abaratar aun más los despidos.

Dentro de las «mejoras técnicas» (¿eufemismo?) que el nuevo decreto otorga a los empresarios, destaca que las empresas multinacionales obtienen una mejora, si cabe, adicional. No tendrán que presentar cuentas consolidadas del grupo para demostrar la pertinencia del despido colectivo, salvo en el caso de que la sociedad principal tenga su domicilio en España. ¡Esto si es ser patriota! Yo no sé ustedes, pero si yo fuese dueño de una multinacional con domicilio en, por ejemplo, Villatorcas, de seguro que me plantearía muy seriamente el trasladarla, por ejemplo, a Luxemburgo (si es que no lo había hecho antes).

Lo que está claro es que este ultimo Real Decreto-Ley del 2 de agosto (BOE del 3 de agosto), los empresarios y, como ya hemos visto, las multinacionales extranjeras, tendrán más fáciles los despidos colectivos. Se facilita y contempla el despido como la primera opción frente a otras alternativa a través de dos vías complementarias: la decisión empresarial primará sobre la propia autoridad administrativa y sobre la tutela judicial de los despidos, al restringir los casos de nulidad de los ERE que suponen la reincorporación de la plantilla a sus puestos de trabajo, y limita la representación y el control sindical de las decisiones empresariales.

Lo que de verdad preocupa es que estos «ajustes menores» (sic) tan importantes y vitales para millones de ciudadanos, han pasado casi desapercibidos. Tal vez sea algo normal, a los Poderes Económicos (con mayúsculas) que dictan las políticas económicas de los gobiernos y las líneas editoriales de los mass medias, les interesa más que la ciudadanía discutamos sobre ¡Gibraltar español!, el baño que el Real Madrid le dio al Chelsea de Mourinho (3-1) o la «sorprendente marcha de Letizia de Palma, mientras Felipe se queda en la isla con sus hijas».  Hasta que la sociedad no seamos capaces de luchar por lo que es nuestro, me temo que los reales decretos cargados de «mejoras» seguirán llegando, hundiendo cada vez más a la clase obrera.