Vivimos en una época de cambios constantes, tanto a nivel personal como laboral. Una época de reformas necesarias para poder volver a conseguir un bienestar social particular y distinto para cada uno de nosotros.
Esta misma semana, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha presentado la tan esperada y necesaria Reforma de las Administraciones Públicas (Reforma AAPP), criticada en parte pero consecuente con los antecedentes ocasionados.

Durante muchos años los españoles nos hemos quejado del despilfarro de dinero público, que elevó la deuda a 30.000 euros por contribuyente durante el mandato del Gobierno Socialista. Y, lo peor de todo esto es que siguen sin reconocer su mala gestión de la crisis económica.  Ahora nos dice el señor Rubalcaba, ministro de Zapatero, que no aplicaron la política de austeridad que necesita España para recuperar la senda de crecimiento porque no lo hizo durante los 7 años que ha estado en el Gobierno.

Siguen condicionando sus medidas por intereses ideológicos y no por los que realmente necesitan los ciudadanos. Nosotros, desde el Partido Popular, pensamos que España necesita de esta reforma de la Administración Pública.

Una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Por ello se propone, reducción de altos cargos (20%) con un ahorro de mas de 5 millone s de euros.

Con el Plan de racionamiento del sector público y fundacional se reduce 80 empresas públicas, 9 fundaciones y 230 puestos en Consejos de Administración, se limita los sueldos de los consejeros de organismos públicos, se reduce el presupuesto en publicidad y comunicación institucional, se aprueba una central de compras única para los suministros de toda la administración y se reduce el gasto de los ministerios el 8,9%.

Se refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales para gestionar los servicios obligatorios mínimos de municipios inferiores a 20.000 habitantes. Se reduce el número de concejales desde los 68.578 actuales hasta los 47.240, un 31,1% menos. Se racionaliza el sueldo de cargos electos y la función de los asesores.

En definitiva, nuevas medidas que mejorarán el funcionamiento de las Administraciones Públicas y que evitan que sean los ciudadanos quienes se vean afectados por dichos recortes.
Si alguien debe de dar ejemplo en tiempos de crisis, los políticos somos los primeros, y con la aprobación de esta nueva reforma queda claro y evidente.