Desde el 9 de Mayo se ha iniciado el nuevo proceso de matriculación, un proceso donde el districto único, el aumento de la ratio, el baremo etc ,nos trae muchas dudas sobre el mismo. Todo lo que él conlleva y lo que la propia LOMCE, ley a la que un alto porcentaje de la sociedad rechaza, me lleva a realizar esta reflexión sobre un aspecto fundamental en este proceso de escolarización y en la propia LOMCE, como es la autonomía de los centros.

El concepto de autonomía de los centros escolares aparece en nuestro país ligado al proceso de transferencias de las competencias en educación a las Comunidades Autónomas. La autonomía de los centros, como instrumento para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, se convierte así en un tema recurrente en  todas las Leyes educativas del periodo democrático.

Pienso, como docente, que estas leyes siempre deben defender la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, en la medida que así se permite una mayor intervención de la comunidad educativa en la toma de decisiones y favorece la participación social, profesional y familiar en la tarea colectiva del hecho educativo.

No obstante, en el actual contexto político caracterizado por una drástica reducción del gasto social, unido a las propuestas privatizadoras que cuestionan y ponen en peligro los servicios públicos, el concepto de autonomía escolar viene siendo utilizado desde posiciones conservadoras para justificar medidas y actuaciones que en modo alguno contribuyen a fomentar el modelo de Educación  que la propia sociedad demana y que asi mismo defendemos los docentes que defendemos la escuela pública.  

Desde esas posiciones conservadoras de quienes actualmente detenta el poder político, se tiende a considerar la educación como un bien individual y a concebir el servicio educativo como un producto sujeto a las leyes del mercado, donde la competencia entre los centros y la libertad de elección serán los elementos que básicamente contribuyan  a la calidad del sistema. En esta lógica mercantil, el concepto de autonomía de los centros se vincula a la llamada libertad de elección, presentándose ambos como los instrumentos perfectos para contribuir a la calidad del sistema, sobre la base de una diferenciación competitiva de los centros a la hora de vender a los consumidores “ su producto educativo”. Pero también, en esta lógica perversa, el problema de la calidad educativa tiende a reducirse al binomio comercial de “ qué me puedes ofrecer/qué te puedo pagar”. Por el contrario, todos los que defendemos LA EDUCACIÓN, con mayusculas, consideramos esta como un bien público que debe asegurarse a toda la ciudadanía a través de una oferta pública potente, donde la autonomía será el instrumento adecuado para facilitar la adaptación de cada centro a su entorno y a su realidad, a fin de lograr el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de todo el alumnado, sin exclusión alguna. Para ello, la autonomía de los centros debe ir vinculada a:

 

- Un marco legal claro que asegure y refuerce el papel del Estado y de las Comunidades Autónomas en la prestación de los servicios públicos y garantice los principios de igualdad, gratuidad, laicidad y no discriminación.

 

- El establecimiento de una normativa común que garantice la participación de la comunidad educativa en todas las decisiones colectivas que son imprescindibles para el desarrollo educativo de los centros.

 

- La puesta en marcha de procedimientos adecuados de evaluación que sirvan para orientar y mejorar la tarea docente y que en modo alguno sea utilizada para realizar una clasificación de los centros o para valorar resultados individuales fuera de contexto. 

 

Solo así, y algunos aspectos más que seguro se me habran quedado en el “tintero”: ( potenciación de los consejos escolares municipales; la gestión y marco competencial de los centros; la inspección educativa y sus funciones, etc),  se puede lograr una verdadera autonomía en los centros y con ello una igualdad y democratización del sistema escolar.