El derecho constitucional de la ciudadanía a la educación implica una programación general de centros que suponga una oferta adecuada a las necesidades educativas de la población en cada localidad o barrio. En este sentido, es inexcusable que las administraciones educativas garanticen que la escolarización del alumnado sea adecuada y equilibrada, con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. La red de centros educativos públicos es la que verdaderamente garantiza una escolarización sin discriminaciones, como explicitan cualificados informes y acredita buena parte de la población.
    
En estos momentos, estamos asistiendo a la puesta en práctica de políticas de fomento de los centros privados que se acompañan, de discursos que hablan de una pretendida preferencia de las familias por los centros concertados , de mensajes de desprestigio de los centros públicos y de recortes de medios materiales y humanos para estos.
    
La crisis económica  y el déficit público han venido a añadir una excusa argumental a esos recortes y los presupuestos de alguna comunidad autonomía siguen incrementando las partidas destinadas a los conciertos .

Con esa misma excusa, la escuela rural, toda ella pública, está en peligro de desaparecer. La transformación de la vieja escuela de l etapa predemocrática en los actuales centros rurales agrupados o zonas escolares rurales, con la intinerancia del profesorado especialista, ha supuesto el paso a una escuela de calidad, superando la antigua atomización e insuficiencia de recursos para pasar a la conexión con otros centros y a la existencia de los mismos medios materiales y de profesorado que la que tienen los grandes centros educativos. Volver a la antigua situación de transporte del alumnado a otros centros supondrá un importante incremento de la despoblación de algunos pequeños pueblos de nuestro país, además de la extinción de una educación de calidad, donde prima la relación entre el profesorado y el alumnado, la atención a la diversidad y la vinculación de la comunidad con la escuela.

 

También se están proponiendo, últimamente, modificaciones de la normativa de escolarización que simplemente tratan de encubrir, utilizando la libertad de elección de las familias una discriminación real, pues, lo que verdaderamente se persigue es que sean los centros los que elijan a su alumnado, puesto que ni los centros tienen una capacidad ilimitada para escolarizar a todo el alumnado que lo solicite ni todas las familias tienen la posibilidad de llevar a sus hijos e hijas a centros educativos alejados de su lugar de residencia. Como señala un reciente informe de la OCDE, “ proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos” , incumpliendo, además, los objetivos constitucionales de igualdad de oportunidades y de compensación de las desigualdades. La cercanía del centro educativo al domicilio es un factor de bienestar que favorece la socialización del alumnado en su entorno y que le permite convivir con chicos y chicas de toda condición social, valorando la diversidad de situaciones, características personales y sociales y  problemáticas de todo tipo.

Así pues, todos los centros educativos deben proporcionar una educación de calidad que posibilite ejercer ese derecho a todas las personas, independientemente del estrato social en que se inserten.
        
Por último, indicar, que la oferta pública de plazas escolares de calidad debe constituir una prioridad real de todas las administraciones educativas y debería ser contemplada como política de estado.