Los últimos cuatro años, desde el comienzo de esta profunda crisis económica, financiera y social, los empleados públicos han sufrido una espiral creciente de recortes. En este último año, estos recortes han llegado a niveles alarmantes que afectan ya directamente a  la calidad de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía y por tanto a su calidad de vida y a sus derechos. Nuestro país, que gozó en las pasadas décadas de un sistema de garantías sociales llamado estado del bienestar en el marco del cual llegábamos a niveles ejemplares de calidad en los servicios públicos, se ve sometido hoy a unos recortes sin precedentes y a un ataque indiscriminado a los derechos de los empleados públicos, que tiene como consecuencia directa una reducción de la diversidad, de la calidad y de la cantidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Esta situación nos está haciendo retroceder a las condiciones sociales de hace décadas que nadie pensó volver a recordar.

El conflicto entre los gobiernos-tanto el central como los autonómicos y locales-y los empleados públicos, que son su imagen ante la ciudadanía, es ya un conflicto de todos y todas Todos los sectores públicos sufren, en mayor o menor medida, disminución de personal y por tanto de la calidad de su prestación. El acceso a los servicios públicos más básicos empieza a ser previo pago, lo que conlleva grabar económicamente a los ciudadanos en asuntos tan esenciales y universales como la sanidad, la educación o la justicia.

Como símbolo tangible del desmantelamiento de estos servicios esenciales, los empleados públicos estamos viendo recortadas  nuestras condiciones retributivas y laborales en una proporción que raya  la injusticia. Además, vemos cómo se cierra la oferta de empleo en nuestros sectores. Para justificar el maltrato a los derechos adquiridos por este amplio colectivo profesional, los políticos menosprecian la función misma que se presta. Así estamos viendo que a  los "empleados públicos" nos  han convertido en un ente desvalorizado, al que se critica sin fundamento y sin consecuencias. Incluso, se miente sin pudor en presentar cifras desorbitadas sobre sueldos y condiciones laborales que en esencia son falsas y están manipuladas, trasladando al colectivo de empleados públicos en su conjunto las características y prebendas que corresponden a esa población flotante de nóminas públicas nombradas a dedo, que constituyen, estas sí, uno de los más graves problemas de España.

Los ciudadanos, sin embargo, sí distinguen la realidad. Saben que los empleados públicos no son una panda de "vagos" como en muchas ocasiones los definen algunos medios de comunicación y sectores privados con intereses en el desmantelamiento de los servicios públicos, sino que son un amplio conjunto de profesionales bien capacitados y dedicados en cuerpo y alma a su trabajo, como hacemos  el personal docente que garantizamos  el derecho a la educación, los profesionales sanitarios que garantizan el derecho a la salud , los profesionales que garantizan unos servicios sociales necesarios y dignos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que garantizan el derecho a caminar tranquilos por la calle, el cuerpo de Correos que garantiza la comunicación, los bomberos que garantizan la asistencia frente a los riesgos, los agentes forestales y otros profesionales que velan por la protección de nuestro medio ambiente, los miembros de la Administración de Justicia que garantizan ese derecho fundamental, y en general los empleados de la Administración General del Estado, de las autonomías, de las entidades locales, y de tantas y tantas otras empresas públicas y actividades, muchas de las cuales pasan inadvertidas, que hacen que nuestra vida, sea un poco mejor ... En pocas palabras, queremos y pretendemos  garantizar a toda la ciudadanía  los derechos de todos y todas. Por eso nuestro recorte es un recorte a lo público y el camino a lo privado.

Ximo Estal. Secretario general de Enseñanza de CC.OO. del Camp de Morvedre