La Plataforma per l’Ensenyament Públic del Camp de Morvedre defendemos el derecho de todo ciudadano y ciudadana a una educación pública y de calidad.

Como colectivo, junto a los de sanidad, servicios públicos y sociales, y otros grupos o entidades, estamos trabajando y luchando por la defensa de  dichos derechos fundamentales, adquiridos a lo largo de los años, y que en un corto espacio de tiempo han visto como amparándose en motivos de solución a la crisis que padecemos.

Crisis que no hemos provocado y que están intentando solucionar, sin conseguirlo, a costa de los trabajadores y trabajadoras, de los desempleados, estudiantes, jubilados, pequeñas y medianas empresas, autónomos y colectivos más desfavorecidos.

Estamos hartos de que se nos quiera hacer creer que las reformas y recortes llevadas a cabo en educación, cultura, servicios sociales, sanidad… van a suponer la salida de la crisis y la generación de empleo. Bien al contrario, mantener y fortalecer el gasto en educación y cultura es clave para favorecer el dinamismo económico y  generar empleo.

Por ello la Plataforma por l’Ensenyament Públic del Camp de Morvedre nos adherimos y respaldamos las propuestas del Conservatorio Público Joaquín Rodrigo de Sagunto.

Consideramos que la subida considerable de tasas para el Conservatorio de Música de Sagunto tiene repercusiones muy graves a la enseñanza pública de la música a nuestro municipio que afecta a la continuidad del Conservatorio si esta subida se lleva a cabo.

Una subida que a corto plazo puede llevar a la desaparición del Conservatorio ya que limita el acceso a las enseñanzas musicales en función de la capacidad económica de las familias. Supone un duro varapalo con repercusiones tanto en el empleo como para el desarrollo personal y profesional de muchos jóvenes.

Pedimos en el Ayuntamiento tiempo para estudiar la situación y para llegar a un acuerdo que permita el mantenimiento de este servicio público y que todos juntos, ayuntamiento, profesores, padres, representantes políticos y entidades musicales podrían llegar, todo menos condenar a muerte un centro público, en este caso de enseñanzas musicales.

El acceso a las enseñanzas musicales y a la cultura es un derecho y todos los poderes públicos han de promover y tutelar este derecho.