El pasado 30 de enero el Gobierno que preside Mariano Rajoy, aprobó en Consejo de Ministros un recorte del gasto público de 8.900 millones de euros, con la pretensión tan cacareada y dogmática de la derecha neoliberal de reducir el déficit, no a través de aumentar los ingresos a través de los que más tienen, sino tocando el gasto social. La portavoz del gobierno en rueda de prensa dejó entrever recortes posteriores de 24.000 millones de euros, posiblemente coincidiendo con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y estableciendo en 40.000 millones de euros el objetivo a conseguir inicialmente.
El Gobierno Valenciano que preside Alberto Fabra, con el Decreto Ley de 5 de enero de 2012 del Consell , de «medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana» establece un recorte en el gasto público de 1.000 millones de euros, que ha sido contestado inmediatamente en las calles con diferentes movilizaciones y la manifestación del sábado 21 enero, en defensa de la enseñanza pública y de calidad, con la presencia de mas de 120.000 personas.
El Gobierno de Sagunto que preside Alfredo Castelló, a falta de entregar a la oposición el borrador de presupuestos para el año 2012, sí ha entregado a los consejeros de la SAG un borrador de presupuestos que supone —si establecemos comparativa desde 2009 a 2012— un recorte de 2 millones de euros y una pérdida de puestos de trabajo en ese mismo período de entre 32 y 38 personas.
Los recortadores, partiendo del pensamiento neoliberal y las directrices de los mercados (bancos, instituciones financieras, capital especulativo), consideran que es necesario reducir el déficit público —eso si sin tocar el bolsillo de los pudientes— a costa de provocar una autentica sangría social. La políticas de ajuste y austeridad, lejos de dinamizar la economía, paraliza la actividad económica y disminuye los ingresos y la capacidad de consumo de la población, provocando como así esta ocurriendo que según datos de la CEOE hayan desaparecido 350.000 empresas y se hayan dado de baja de la seguridad social 200.000 autónomos. Es más, nos encontramos con un tasa de paro del 21,5%, 5 millones de personas, un 20,8 % de seres humanos en el umbral de la pobreza y 1,6 millones de ciudadanos y ciudadanas que han perdido cualquier tipo de prestación. Los jóvenes son con las mujeres y mayores de 45 años, los principales afectados. De hecho el paro entre los jóvenes menores de 25 años se acerca al 45%.
Ante este panorama las medidas aprobadas van a acentuar esta realidad. Por una parte Rajoy, siguiendo las políticas marcadas por el anterior Gobierno del PSOE, castiga a las rentas del trabajo con las nuevas medidas de IRPF que va a afectar principalmente a los asalariados que cobren por debajo de los 53.000 euros anuales, que pagarán el 50 % del coste directo de estas medidas. Es decir de cada 5 euros, 4 los pagará el trabajador y 1 el capital. Los pensionistas perderán poder adquisitivo porque el 1 % de subida es inferior a la inflación prevista y además 3 millones de personas verán anulado el incremento por la subida del IRPF. Se congela el Salario Mínimo Interprofesional con 641,40 euros, cuando Luxemburgo está en 1.750 euros, Irlanda en 1.653 euros, Bélgica en 1.389 euros, Holanda en 1.385 euros, Francia en 1.350 euros y Reino Unido 1.005 euros.
Se dice que se va a luchar contra el fraude fiscal, pero inmediatamente acuerdan que de cada 100 inspectores que se jubilen de hacienda y trabajo 90 no se repongan. Igualmente se repondrá 1 de cada 10 médicos y profesores que se jubilen deteriorando la educación y sanidad pública a favor de la privada. Otras medidas son la congelación del sueldo de los empleados públicos en 2012, que sumándose a la congelación de 2011 y el recorte de mayo de 2010 de un 5%, supone una pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta la inflación prevista de un 12%. Se suprime las aportaciones al sector público y obra pública, se establece moratoria de un año para los beneficiarios de la ley de dependencia… Eso sí, mantiene los más de 13 millones de euros mensuales para la iglesia firmada por el anterior gobierno del PSOE y que Rajoy piensa mantener.
Es decir, recortes que afectan a los gastos sociales pero no a los ingresos de los pudientes. De hecho nada sobre las SICAV, nada sobre el impuesto de sociedades, nada sobre la fiscalidad de las grandes empresas o sobre los bancos. Bueno si, el Consejo de Ministros aprovechó para establecer una nueva línea de avales de 100.000 millones de euros para la banca española.
Alberto Fabra (PP), Presidente de la Generalitat Valenciana, después del despilfarro manifiesto y vergonzoso en eventos faraónicos (Ciudad de las deudas, formula 1, visita del papa, CAM, aeropuertos sin aviones, Calatravas, privatizaciones) que han llevado a la quiebra económica a la Generalitat y después de los casos de corrupción (Gurtel, Emarsa, Brugal, Urdangarín…) aprueba un recorte de 1.000 millones de euros, aprobando un Decreto Ley, solamente tres semanas después de haberse aprobado los Presupuestos, pervirtiendo una vez mas la esencia del propio sistema parlamentario. Las medidas son durísimas. Se suprimen bonificaciones sociales referidas al nacimiento, familias numerosas, conciliación familiar-laboral y discapacitados, poniendo en dificultad a muchas familias. Aunque eso sí, mantiene los privilegios en política fiscal a los propietarios de patrimonio, penalizando a las rentas medias-bajas o negándose a combatir el fraude fiscal. El Decreto es una agresión injustificada al sector público (enseñanza, sanidad, funcionarios interinos, acción social…).
Es momento de pararle los pies a los recortadores, a estas políticas que condenan al paro y a la exclusión social a millones de personas, mientras siguen lucrándoles los de siempre, ejecutivos de grandes corporaciones, empresas financieras y de alto riesgo, bancos.
Hay alternativas y ese es el reto de la izquierda política y sindical en este país. Explicarlas y articular una respuesta a las agresiones sin precedentes que están soterrando las conquistas sociales que supusieron sangre, sudor y lágrimas de nuestros antepasados. En este sentido Esquerra Unida va a iniciar una campaña para denunciar estas políticas pero a la vez presentar las alternativas. Es curioso cómo hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los responsable de esta situación, reconoce que por este camino la regresión se hará insostenible.
El Gobierno Valenciano que preside Alberto Fabra, con el Decreto Ley de 5 de enero de 2012 del Consell , de «medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana» establece un recorte en el gasto público de 1.000 millones de euros, que ha sido contestado inmediatamente en las calles con diferentes movilizaciones y la manifestación del sábado 21 enero, en defensa de la enseñanza pública y de calidad, con la presencia de mas de 120.000 personas.
El Gobierno de Sagunto que preside Alfredo Castelló, a falta de entregar a la oposición el borrador de presupuestos para el año 2012, sí ha entregado a los consejeros de la SAG un borrador de presupuestos que supone —si establecemos comparativa desde 2009 a 2012— un recorte de 2 millones de euros y una pérdida de puestos de trabajo en ese mismo período de entre 32 y 38 personas.
Los recortadores, partiendo del pensamiento neoliberal y las directrices de los mercados (bancos, instituciones financieras, capital especulativo), consideran que es necesario reducir el déficit público —eso si sin tocar el bolsillo de los pudientes— a costa de provocar una autentica sangría social. La políticas de ajuste y austeridad, lejos de dinamizar la economía, paraliza la actividad económica y disminuye los ingresos y la capacidad de consumo de la población, provocando como así esta ocurriendo que según datos de la CEOE hayan desaparecido 350.000 empresas y se hayan dado de baja de la seguridad social 200.000 autónomos. Es más, nos encontramos con un tasa de paro del 21,5%, 5 millones de personas, un 20,8 % de seres humanos en el umbral de la pobreza y 1,6 millones de ciudadanos y ciudadanas que han perdido cualquier tipo de prestación. Los jóvenes son con las mujeres y mayores de 45 años, los principales afectados. De hecho el paro entre los jóvenes menores de 25 años se acerca al 45%.
Ante este panorama las medidas aprobadas van a acentuar esta realidad. Por una parte Rajoy, siguiendo las políticas marcadas por el anterior Gobierno del PSOE, castiga a las rentas del trabajo con las nuevas medidas de IRPF que va a afectar principalmente a los asalariados que cobren por debajo de los 53.000 euros anuales, que pagarán el 50 % del coste directo de estas medidas. Es decir de cada 5 euros, 4 los pagará el trabajador y 1 el capital. Los pensionistas perderán poder adquisitivo porque el 1 % de subida es inferior a la inflación prevista y además 3 millones de personas verán anulado el incremento por la subida del IRPF. Se congela el Salario Mínimo Interprofesional con 641,40 euros, cuando Luxemburgo está en 1.750 euros, Irlanda en 1.653 euros, Bélgica en 1.389 euros, Holanda en 1.385 euros, Francia en 1.350 euros y Reino Unido 1.005 euros.
Se dice que se va a luchar contra el fraude fiscal, pero inmediatamente acuerdan que de cada 100 inspectores que se jubilen de hacienda y trabajo 90 no se repongan. Igualmente se repondrá 1 de cada 10 médicos y profesores que se jubilen deteriorando la educación y sanidad pública a favor de la privada. Otras medidas son la congelación del sueldo de los empleados públicos en 2012, que sumándose a la congelación de 2011 y el recorte de mayo de 2010 de un 5%, supone una pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta la inflación prevista de un 12%. Se suprime las aportaciones al sector público y obra pública, se establece moratoria de un año para los beneficiarios de la ley de dependencia… Eso sí, mantiene los más de 13 millones de euros mensuales para la iglesia firmada por el anterior gobierno del PSOE y que Rajoy piensa mantener.
Es decir, recortes que afectan a los gastos sociales pero no a los ingresos de los pudientes. De hecho nada sobre las SICAV, nada sobre el impuesto de sociedades, nada sobre la fiscalidad de las grandes empresas o sobre los bancos. Bueno si, el Consejo de Ministros aprovechó para establecer una nueva línea de avales de 100.000 millones de euros para la banca española.
Alberto Fabra (PP), Presidente de la Generalitat Valenciana, después del despilfarro manifiesto y vergonzoso en eventos faraónicos (Ciudad de las deudas, formula 1, visita del papa, CAM, aeropuertos sin aviones, Calatravas, privatizaciones) que han llevado a la quiebra económica a la Generalitat y después de los casos de corrupción (Gurtel, Emarsa, Brugal, Urdangarín…) aprueba un recorte de 1.000 millones de euros, aprobando un Decreto Ley, solamente tres semanas después de haberse aprobado los Presupuestos, pervirtiendo una vez mas la esencia del propio sistema parlamentario. Las medidas son durísimas. Se suprimen bonificaciones sociales referidas al nacimiento, familias numerosas, conciliación familiar-laboral y discapacitados, poniendo en dificultad a muchas familias. Aunque eso sí, mantiene los privilegios en política fiscal a los propietarios de patrimonio, penalizando a las rentas medias-bajas o negándose a combatir el fraude fiscal. El Decreto es una agresión injustificada al sector público (enseñanza, sanidad, funcionarios interinos, acción social…).
Es momento de pararle los pies a los recortadores, a estas políticas que condenan al paro y a la exclusión social a millones de personas, mientras siguen lucrándoles los de siempre, ejecutivos de grandes corporaciones, empresas financieras y de alto riesgo, bancos.
Hay alternativas y ese es el reto de la izquierda política y sindical en este país. Explicarlas y articular una respuesta a las agresiones sin precedentes que están soterrando las conquistas sociales que supusieron sangre, sudor y lágrimas de nuestros antepasados. En este sentido Esquerra Unida va a iniciar una campaña para denunciar estas políticas pero a la vez presentar las alternativas. Es curioso cómo hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los responsable de esta situación, reconoce que por este camino la regresión se hará insostenible.
Fernando López-Egea es Portavoz Grupo Municipal
de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto.
de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto.
