Debo ser uno de los pocos españoles con tarjeta censal que a las once horas del día 7 de noviembre no estaba delante de la pantalla viendo o escuchando por la radio el cara a cara Rubalcaba-Rajoy. Mientras paseaba por la orilla del mar y recargaba mi cuerpo con iones + me preguntaba «qué se dilucida el 20-N». En todas las elecciones nos jugamos mucho —aunque las cartas estén marcadas de antemano— pero en estas más si cabe. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis es que las cosas se están haciendo muy mal. Pero no nos equivoquemos, no sólo por JLRZapatero; los males vienen de mucho tiempo atrás.
Que España necesita un gobierno fuerte y unos ministros competentes, de eso nadie duda. De un gobierno que siempre diga la verdad, por descontado. Lo malo es que eso lo diga uno que fue vicepresidente del último gobierno de JM Aznar, que nos metió en la guerra de Irak y que engañó a todos los españoles con la autoría del atentado de Atocha.
Que España necesita un gobierno austero y responsable con el gasto, por descontado; pero no sólo del gobierno que salga de las elecciones del 20-N, sino también de los que salieron de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Se nos acusa a los españoles de haber vivido por encima de nuestras posibilidades; puede que en algún caso haya sido así, pero alentados en ese actuar por banqueros y gobiernos; los españoles no somos los responsables de la fiebre del ladrillo y de los préstamos inflados y a bajos tipos de interés; muchos de los hipotecados de hoy lo fuimos por necesidad y a unos precios de la vivienda abusivos. Pero era lo que había. O sea que más que culpables hemos sido las víctimas. Y fue precisamente en el primer gobierno de JMAznar, con Rajoy de ministro de Administraciones Públicas, cuando se aprobó la discutida Ley del Suelo que permitió recalificar cualquier suelo como urbanizable; los neoliberales defendían la teoría de que incrementando la oferta de suelo bajarían los precios de la vivienda. Y ocurrió justo lo contrario —ellos ya lo sabían—, beneficiando eso sí a especuladores y promotores inmobiliarios.
Lo que se dilucida no es si España sale o no de la crisis, sino quién paga esa salida: los asalariados o los ejecutivos; los trabajadores o los empresarios; los que tienen elevadas rentas de patrimonio o los trabajadores por cuenta ajena; los evasores fiscales o los que no tenemos por donde escaparnos de pagar al fisco, etc. La crisis es una coartada perfecta para entrar a saco contra los derechos y las conquistas sociales y sindicales.
Se dilucida cómo y por dónde se va a recortar en los presupuestos generales del Estado —y por imitación en los de las Comunidades Autónomas—: en educación o sanidad públicas, en ayudas a la dependencia, en gastos militares y misiones intervencionistas disfrazadas de «ayuda humanitaria», en becas para el estudio y la investigación, y un largo etcétera. Se dilucida si se va a recortar en investigación léase Centro de Investigación «Príncipe Felipe» o se va a continuar con los grandes proyectos, fórmula 1, Copas América, Visitas papales u otros.
Se dilucida qué va a pasar con las Administraciones Públicas. Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy, con la bendición de Obama, han pedido a Grecia más recortes (privatizaciones y despidos de funcionarios). El PP habla de recortes en la Administración cuando en las Comunidades donde lleva gobernando desde años —caso de la Comunidad Valenciana— se ha dedicado a inflar artificialmente los departamentos y plantillas, creando una administración autonómica paralela, a medida del clientelismo más deplorable. Por ahí es precisamente por donde hay que empezar, además de suprimir las administraciones que ya no tienen sentido (caso de las Diputaciones Provinciales).
Se dilucida si va a haber retroceso o no en los derechos civiles alcanzados durante el gobierno del PSOE. El PP ya ha anunciado su intención de recuperar la anterior ley del aborto, la de los tres supuestos, ampliamente superada por la realidad. Y sobre los matrimonios gays, Rajoy aún no se ha atrevido a decir ni mu.
Se dilucida si en el futuro despilfarrar dinero público pasará a ser delito tipificado en el Código Penal o los políticos podrán seguir haciéndolo y luego marcharse de «rositas».
Se dilucida que podamos aspirar a un futuro en el que la política esté en manos de gente honrada o que la corrupción siga acampando a sus anchas y no caiga todo el peso de la ley sobre los implicados.
Si España se rompe o no se rompe; el si o el no a las autonomías. Y si habrá una solución para Euskadi, más allá de ETA y de la confrontación. Dos partidos, PP y PSOE, centralistas donde los haya, que nunca se creyeron eso de la «España de las autonomías», ya sean históricas o de conveniencia.
Lo que se dilucida es la distancia que separará en las urnas a los dos grandes partidos; si el PP ganará o no por goleada. La vigente ley electoral, diseñada a medida del bipartidismo, no da mucha ocasión para las sorpresas. Del partido que aún gobierna, sabemos muy bien hasta dónde ha sido capaz de llegar para contentar a los líderes europeos y a los mercados, y de su gran opositor, conocemos su pasado con Aznar y el talante demostrado durante su oposición a JLRZapatero, por mucho que Rajoy haya dulcificado su discurso en los últimos meses, intentando seducir a propios y extraños. Lobos con piel de cordero. Sus verdaderas intenciones empezarán a conocerse el 21-N. Salen a la partida como «ganadores» pero aún hay tiempo para la esperanza, para que eso no ocurra.
Y, eso sí, que nadie intente devolvernos la felicidad perdida, que nos dejen recuperarla solos y a nuestra medida.
Miguel Ángel Piqueras
Que España necesita un gobierno fuerte y unos ministros competentes, de eso nadie duda. De un gobierno que siempre diga la verdad, por descontado. Lo malo es que eso lo diga uno que fue vicepresidente del último gobierno de JM Aznar, que nos metió en la guerra de Irak y que engañó a todos los españoles con la autoría del atentado de Atocha.
Que España necesita un gobierno austero y responsable con el gasto, por descontado; pero no sólo del gobierno que salga de las elecciones del 20-N, sino también de los que salieron de las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Se nos acusa a los españoles de haber vivido por encima de nuestras posibilidades; puede que en algún caso haya sido así, pero alentados en ese actuar por banqueros y gobiernos; los españoles no somos los responsables de la fiebre del ladrillo y de los préstamos inflados y a bajos tipos de interés; muchos de los hipotecados de hoy lo fuimos por necesidad y a unos precios de la vivienda abusivos. Pero era lo que había. O sea que más que culpables hemos sido las víctimas. Y fue precisamente en el primer gobierno de JMAznar, con Rajoy de ministro de Administraciones Públicas, cuando se aprobó la discutida Ley del Suelo que permitió recalificar cualquier suelo como urbanizable; los neoliberales defendían la teoría de que incrementando la oferta de suelo bajarían los precios de la vivienda. Y ocurrió justo lo contrario —ellos ya lo sabían—, beneficiando eso sí a especuladores y promotores inmobiliarios.
Lo que se dilucida no es si España sale o no de la crisis, sino quién paga esa salida: los asalariados o los ejecutivos; los trabajadores o los empresarios; los que tienen elevadas rentas de patrimonio o los trabajadores por cuenta ajena; los evasores fiscales o los que no tenemos por donde escaparnos de pagar al fisco, etc. La crisis es una coartada perfecta para entrar a saco contra los derechos y las conquistas sociales y sindicales.
Se dilucida cómo y por dónde se va a recortar en los presupuestos generales del Estado —y por imitación en los de las Comunidades Autónomas—: en educación o sanidad públicas, en ayudas a la dependencia, en gastos militares y misiones intervencionistas disfrazadas de «ayuda humanitaria», en becas para el estudio y la investigación, y un largo etcétera. Se dilucida si se va a recortar en investigación léase Centro de Investigación «Príncipe Felipe» o se va a continuar con los grandes proyectos, fórmula 1, Copas América, Visitas papales u otros.
Se dilucida qué va a pasar con las Administraciones Públicas. Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy, con la bendición de Obama, han pedido a Grecia más recortes (privatizaciones y despidos de funcionarios). El PP habla de recortes en la Administración cuando en las Comunidades donde lleva gobernando desde años —caso de la Comunidad Valenciana— se ha dedicado a inflar artificialmente los departamentos y plantillas, creando una administración autonómica paralela, a medida del clientelismo más deplorable. Por ahí es precisamente por donde hay que empezar, además de suprimir las administraciones que ya no tienen sentido (caso de las Diputaciones Provinciales).
Se dilucida si va a haber retroceso o no en los derechos civiles alcanzados durante el gobierno del PSOE. El PP ya ha anunciado su intención de recuperar la anterior ley del aborto, la de los tres supuestos, ampliamente superada por la realidad. Y sobre los matrimonios gays, Rajoy aún no se ha atrevido a decir ni mu.
Se dilucida si en el futuro despilfarrar dinero público pasará a ser delito tipificado en el Código Penal o los políticos podrán seguir haciéndolo y luego marcharse de «rositas».
Se dilucida que podamos aspirar a un futuro en el que la política esté en manos de gente honrada o que la corrupción siga acampando a sus anchas y no caiga todo el peso de la ley sobre los implicados.
Si España se rompe o no se rompe; el si o el no a las autonomías. Y si habrá una solución para Euskadi, más allá de ETA y de la confrontación. Dos partidos, PP y PSOE, centralistas donde los haya, que nunca se creyeron eso de la «España de las autonomías», ya sean históricas o de conveniencia.
Lo que se dilucida es la distancia que separará en las urnas a los dos grandes partidos; si el PP ganará o no por goleada. La vigente ley electoral, diseñada a medida del bipartidismo, no da mucha ocasión para las sorpresas. Del partido que aún gobierna, sabemos muy bien hasta dónde ha sido capaz de llegar para contentar a los líderes europeos y a los mercados, y de su gran opositor, conocemos su pasado con Aznar y el talante demostrado durante su oposición a JLRZapatero, por mucho que Rajoy haya dulcificado su discurso en los últimos meses, intentando seducir a propios y extraños. Lobos con piel de cordero. Sus verdaderas intenciones empezarán a conocerse el 21-N. Salen a la partida como «ganadores» pero aún hay tiempo para la esperanza, para que eso no ocurra.
Y, eso sí, que nadie intente devolvernos la felicidad perdida, que nos dejen recuperarla solos y a nuestra medida.
Miguel Ángel Piqueras
