Como ya anunció este periódico, el 17 de febrero,la secretaria general de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia, Begoña Cortijo, y Antonio González, de CCOO BOSAL, mantuvieron reuniones en Bruselas (Bélgica) en el Parlamento Europeo, con la Comisión de Industria Europea y con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), todas ellas organizadas por la eurodiputada valenciana de Esquerra Unida, Marina Albiol, a quien agradecen, desde la Ejecutiva Intercomarcal del sindicato «el interés y la planificación ofrecida a esta delegación de CCOO y de BOSAL».
En esas reuniones, según informa Cortijo, se dio traslado de la problemática vivida por los trabajadores y trabajadoras de Bosal España analizando con detalle tanto el informe de la Administración Concursal como del auto judicial del ERE, en las que «quedan claras las prácticas utilizadas por la multinacional Bosal Nederland, al igual que otras muchas multinacionales, cuando deciden deslocalizar las producciones de alguna de sus plantas, generando, en la mayoría de las ocasiones, una quiebra del tejido económico de la región donde se encuentran implantadas», subraya la secretaria general y destaca que «de especial relevancia es el hecho de que en el caso de la planta saguntina ha quedado claro la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales y que Bosal España no es una empresa aislada del resto del grupo, por lo que no existe causa económica ni productiva que justifique la extinción de los contratos y el cierre de la empresa».
Aunque es obvio, desde la delegación saguntina, se remarcó el hecho de que un cierre como el de Bosal no afecta exclusivamente a su plantilla sino que las empresas que se forman alrededor de estas grandes industrias, y que dan trabajo a muchos ciudadanos, ven su futuro peligrar, sin mencionar el impacto que tienen estos cierres en las arcas públicas de las diferentes administraciones, al tener que soportar directamente el coste de estas prácticas, «mientras las multinacionales maniobran financieramente para desviar parte de sus beneficios a paraísos fiscales», señala la líder sindical.
Desde CCOO se ha solicitado a Marck Nicklas, miembro de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, que traslade a esta comisión la necesidad de poner freno a este tipo de practicas, haciendo especial hincapié en el vacío legal que existe a este respecto a nivel europeo.
En la segunda reunión, mantenida con Montserrat Mir, representante de CCOO y miembro del Secretariado de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se le trasladó «que está confederación ha de analizar y buscar los mecanismos necesarios para estudiar en profundidad estos casos que, nos consta, se dan en todos los países europeos. Además, ya a nivel estatal, acordamos mantener una serie de reuniones, a través de la Confederación de CCOO, con otros territorios a nivel estatal afectados por este tipo de prácticas».
Por último, los representantes de CCOO y de BOSAL se reunieron con una representación de los diferentes partidos políticos españoles presentes en el Parlamento Europeo: Marina Albiol y Paloma López, (Izquierda Unida), Xabier Benito y Tania González (Podemos), Rosa Estarás (Partido Popular), Carolina Punset (Ciudadanos), Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE), Jordi Sebastià (Compromís) y Josep-María Terricabras (Esquerra Republicana de Catalunya). Tras explicarles la situación vivida por los trabajadores/as de Bosal España, se les solicitó que redactasen en común una pregunta al Parlamento Europeo sobre la posibilidad de establecer mecanismos que obstaculicen estas prácticas empresariales de graves repercusiones, tanto para los trabajadores/as como para las economías las regiones afectadas.
Además, desde CCOO se solicitó que la Unión Europea vigile la concesión de ayudas a multinacionales que hayan utilizado estas malas prácticas. Bosal ya cerró una empresa en Gran Bretaña y otra en Francia antes del cierre de la fábrica local.
Texto que aportó CCOO
Los sindicalistas ofrecieron a los europarlamentarios españoles un texto base para que redacten en conjunto la pregunta parlamentaria:
«Diferentes grupos de empresas europeas, como Bosal, que operan en los distintos estados miembros deciden deslocalizar o cerrar alguna de sus filiales utilizando las quiebras fraudulentas. Con este modo de proceder, algunas de las grandes multinacionales ubicadas en territorio europeo pretenden escamotear sus responsabilidades sociales y económicas trasladando a sus propios trabajadores y al conjunto de la sociedad europea los costes económicos y sociales, mientras en el grupo empresarial solamente redundan los beneficios económicos. Esta práctica ahonda en la desindustrialización de los territorios, que provoca el quiebre del conjunto de tejido de pequeñas y grandes empresas que trabajan en los mismos, arruinando regiones enteras.
¿Piensa la Comisión establecer mecanismos que obstaculicen estas prácticas empresariales de graves repercusiones, tanto para los trabajadores/as como para las economías las regiones afectadas?
A todo esto se le debe sumar el coste a las arcas públicas de las diferentes administraciones que este tipo de practicas conlleva — deudas a la Seguridad Social, a AEAT, gastos del FOGASA, etc... — además de los fondos sociales destinados a paliar los efectos que ocasionan estas quiebras fraudulentas. ¿Va a actuar la Comisión ante esto y hacer que las empresas o grupos empresariales con beneficios paguen sus deudas?».
