Una de las movilizaciones de la plantilla
La sentencia recurrida, por los gestores de la residencia, declaraba la obligación de la empresa demandada «de mantener la plantilla existente al tiempo de la subrogación en la contrata que actualmente explota en la residencia de ancianos de Puerto de Sagunto, a la que deberá añadirse el personal ofrecido como mejora, con la contratación de otra DUE (enfermera) a media jornada».
Este conflicto tiene su origen en febrero del año 2010, cuando la UTE (Fundación Salud y Comunidad y Valorización Servicios a la dependencia, S.L.) despidió a dos cocineras y una enfermera alegando motivos económicos. La plantilla de la residencia «exigió la readmisión de las despedidas por el bienestar de los residentes».
Ante la negativa de los titulares de la empresa a sentarse a negociar, y no presentándose a las reuniones del Tribunal de Arbitraje Laboral, las trabajadoras,durante varios semanas estuvieron haciendo concentraciones en la puerta de la residencia e hicieron una manifestación por la rotonda Ramón de la Sota, durante más de media hora, que provocó cortes de tráfico. De esta manera el personal de la residencia daba a conocer la problemática a la ciudadanía. Hay que resaltar que en muchas movilizaciones estuvieron acompañados los trabajadores por familiares de los usuarios internos en la residencia. Finalmente la empresa fue demandada por el Comité.
Paralelamente a las movilizaciones, realizaban gestiones a nivel político: el Comité de Empresa se entrevistó con la edil de Servicios Sociales, Davinia Bono, para informarle de los recortes de personal que había realizando la nueva empresa adjudicataria del servicio y de las consecuencias que suponía en la merma de los servicios que se prestan a los residentes. Todos los partidos políticos, por unanimidad, dieron su apoyo a la plantilla a través de un acuerdo plenario. Las Trabajadoras fueron acompañadas por la edil Davinia Bono, y la Secretaria Intercomarcal del Comisiones Obreras, Begoña Cortijo, hasta Conselleria para denunciar que la nueva empresa adjudicataria estaba contraviniendo lo estipulado en el pliego de condiciones que el gobierno autonómico impuso para otorgarle la gestión de la residencia.
El conflicto no se cerró con la sentencia favorable a los trabajadores, ya que los gestores de la Residencia interpusieron un recurso de suplicación, que el pasado 25 de enero, la Sala de lo Social del TSJCV ha vuelto a darle la razón al Comité de Empresa, desestimando en su totalidad el recurso de la empresa, confirmando íntegramente la sentencia primera.
Para la secretaria intercomarcal de CC.OO., Begoña Cortijo, la sentencia está muy bien porque además de obligarle a la empresa a mantener las plantilla que se subrogó, con todas las mejoras anteriores, y las mejoras que la empresa ofertó a la Conselleria dentro del concurso. «La sentencia lo que está haciendo, de alguna manera, es garantizar los servicios públicos externalizados».
También es importante,para Cortijo la sentencia, en esta etapa de «recortes de derechos laborales, porque las empresas de atención a la tercera edad, que son empresas muy vinculadas a la construcción, quieren llevar la misma política de especulación».
Para la secretaria general de la comarca de CC.OO. lo que pretendían la UTE «era sangrante», a juicio de Begoña Cortijo, que una empresa que opta a un pliego de condiciones, para un servicio con unas características determinadas, no tiene justificación, que dos meses más tarde, despida a dos cocineras y a una enfermera que trabajaba media jornada, porque , cuando la empresa, optó a la adjudicación conocía un listado nominal de todos los puestos y de las funciones, por ello, la sentencia obliga al mantenimiento de la plantilla.
Por su parte, Paca Lacoba presidenta del Comité de Empresa de la residencia de ancianos declara que están muy satisfechos porque la sentencia ratifica que la empresa tiene que readmitir a las tres trabajadoras despedidas, incluso contratar a una DUE a media jornada, «como ellos pusieron de mejora en el contrato para acceder a la concesión de la residencia».
En opinión de Lacoba, la empresa podría recurrir en casación, «aunque lo tiene difícil si dos tribunales le han dicho a la empresa que no tiene razón, no creo que insista, porque los trabajadores tenemos la razón, por el contenido del convenio y por pliegos de condiciones de la Conselleria, cuando optaron a la licitación y no hay jurisprudencia al respecto, porque no se ha dado otro caso similar».
Lacoba finaliza agredeciendo el apoyo recibido de la Unión Intercomarcal de CC.OO. «y especialmente de Begoña Cortijo y su equipo».
