López Egea junto a Paco Aguilar en el pleno municipal
Prosiguen los ediles de EU, resaltando que la cementera local, sigue demostrando «un día si y otro también que es un ejemplo de lo que no debe ser una empresa en nuestro municipio». Tras esta afirmación, concretan los concejales que no es un «ejemplo de empresa», porque laboralmente ha empleado a trabajadores a través de subcontratas durante 30 años, sin ampliar plantilla.
Y desde el punto de vista medio ambiental también es un «mal ejemplo», pero en este aspecto, según señalan desde el partido de izquierda, «con la complicidad y protección del Gobierno de la Generalitat del Partido Popular de cómo no se deben gestionar los residuos y cómo no se debe expoliar un Paraje Natural como la Montaña de Romeu».
Respecto al conflicto laboral existente en la cementera, desde EU sostienen que «perversamente Lafarge puede decir que no ha despedido a la plantilla, pero éticamente hay que decirle que el despido de 11 trabajadores, algunos de los cuales está trabajando entre 20 y 30 años para la empresa a través de subcontratas, sitúan a esta empresa en unos niveles de cinismo y falta de credibilidad difíciles de explicar a la opinión pública, dado que Lafargue prácticamente no ha ampliado plantilla durante estos años».
Otro hecho que destacan los concejales de izquierda es que en las negociaciones con el Ayuntamiento, también se contemplaba mantener en activo al conjunto de trabajadores no sólo una parte minoritaria, «ya que la empresa no podía mantenerse sin las subcontratas dado su abandono histórico a ampliar plantilla». En este sentido Esquerra Unida anuncia que va a mantener una reunión con los trabajadores despedidos, y va a demandar que se cumpla en su vertiente amplia el acuerdo plenario del 29 de abril de 2009 en lo referente a los compromisos laborales de la empresa.
Asimismo, anuncian los ediles citados que va a solicitar nuevamente información en Cortes al Gobierno de la Generalitat sobre la larga lista de residuos que se están incinerando, «así como del por qué se sigue dando permiso a las incinerados y se renuncia a una política de separación en origen, reducción de los residuos y tratamiento de los rechazos que no pasen por esta fórmula tan contaminante».
Opinan desde Esquerra Unida que el Gobierno de la Generalitat Valenciana del Partido Popular, es el «máximo responsable» de permitir que Lafargue se haya convertido en el incinerador por excelencia de una larga lista de residuos nocivos y peligrosos para la salud».
