Salvo imprevistos de última hora, la Corporación municipal de Sagunto sancionará el próximo martes, en el pleno extraordinario que se llevará a cabo a instancias de los tres partidos de la oposición, el acuerdo al que llegaron este jueves el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto y la empresa Lafarge, bajo la mediación de la Conselleria de Medio Ambiente, en cuanto a la prórroga de la ocupación de monte público se refiere.
Esta mañana se ha celebrado una nueva reunión de la Junta de Portavoces del consistorio, donde se ha dado cuenta de lo pactado entre las partes en litigio. En esta reunión ha sido donde también se ha acordado que en la mañana del próximo lunes se celebre una reunión a tres bandas, es decir, equipo de Gobierno, partidos de la oposición y la empresa cementera, para dejar claras las posturas respecto de lo consensuado el jueves en Valencia.
Tal y como ha informado El Económico esta mañana en su edición digital, a las 16 horas de ayer se celebró en la Conselleria de Medio Ambiente una reunión a tres bandas en la que participaron, por parte de la Generalitat, Juliá Alvaro y Toni Marzo. En representación del cuatripartito municipal asistieron Francisco Crispín por el PSOE, Pablo Abelleira por ADN Morvedre, y Teresa García por Compromís. Esquerra Unida, que es el cuarto socio del Gobierno local, no estuvo presente en esta reunión. Por parte de Lafarge, se encontraba presente el director de la factoría de Sagunto, Miguel Ángel Urbano.
El encuentro, que se prolongó hasta pasadas las seis de la tarde, fue convocado a instancias de la Generalitat. Según las fuentes consultadas, la advertencia, por parte del comité de empresa de Lafarge, de presentar una denuncia por prevaricación contra el alcalde de Sagunto, y la convocatoria del pleno para el próximo martes, realizada por la oposición, han precipitado la convocatoria de esta reunión por parte del Gobierno valenciano. La presión ejercida, unida a la incorporación del PSOE al Gobierno de Sagunto, ha sido decisiva para desbloquear esta situación, enquistada desde que Francesc Fernández se hiciera cargo de la Alcaldía de Sagunto.
Lo acordado ayer entre las partes, apenas difiere de lo que figura en el convenio que firmó en 2013 el Ayuntamiento de Sagunto y la cementera. Efectivamente, la ocupación de monte público de la actual cantera Salt del Llop, que la empresa la pedía hasta 2042, se prolongará, según la compañía, hasta 2035 o 2038, todo ello, condicionado a la apertura de El Piñal. Por tanto, el periodo de extracción de caliza en el actual emplazamiento minero se extenderá durante un periodo comprendido entre 10 y 13 años, es decir, hasta 2027 o 2030. Esta horquilla se establece para dar el correspondiente margen a la apertura de El Piñal. Por lo demás, indicar que la multinacional no renunciará a sus derechos mineros en las Margas y Zona Norte de Salt del Llop.
Sin embargo, la versión del Gobierno municipal, en cuanto a los plazos de ocupación, es menos flexible, ya que se concreta en una década para continuar extrayendo caliza en Salt del Llop, cinco años más para la restauración de la cantera y un trienio adicional para garantizar la restauración. Aunque la empresa admite que esta diferencia de tres años tampoco es fundamental, aquí surge una discrepancia, puesto que estos plazos se cumplirán en el supuesto de que la alternativa a Salt del Llop, que es el piñal, esté operativa.
La oposición municipal culpa al Gobierno local de alimentar artificialmente el conflicto con Lafarge
Las reacciones de los partidos de la oposición no se han hecho esperar, después de que el cuatripartito les haya informado en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, sobre lo acordado en Valencia, entre el Gobierno local y Lafarge. Efectivamente, el portavoz del PP, Sergio Muniesa Franco, ha querido destacar en primer lugar que: «se certifica la realidad que desde el Partido Popular siempre hemos mantenido y que era que el convenio era legal y la solución que garantizaba la continuidad de Lafarge». Más adelante, Muniesa destaca que se ha podido llegar a desbloquear esta situación como consecuencia de la presión ejercida: «hay que reconocer que solo gracias a la presión del Partido Popular y el resto de grupos de la oposición, Ciudadanos e IP, junto con el apoyo de los trabajadores, ha permitido avanzar en el desbloqueo de la ocupación de la actual explotación y cuyo detonante ha sido la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes».
Entrando en materia, el representante del PP niega que exista un acuerdo formal: «pese a lo que se ha intentado vender desde el Gobierno local, no existe un acuerdo formal y sí una predisposición, como la ha habido siempre por parte de la empresa y la Generalitat a alcanzar un acuerdo, al que ahora se suma el Gobierno local». Asimismo, adelanta Muniesa que el Grupo Popular, junto con el resto de miembros de la oposición: «redactarán una modificación del acuerdo inicial que se había sometido al pleno para, lograr el máximo consenso en el acuerdo que se apruebe el próximo martes respecto al expediente que tramita la actual ocupación y permita continuar con la actividad de la empresa y garantizar con ello los puestos de trabajo».
Por otro lado, Miniesa niega que lo pactado esta semana se pueda presentar como novedoso, puesto que ya estaba contemplado en el convenio firmado en el año 2013: «no deja de ser una muestra de desfachatez y descaro querer vender por parte del alcalde Fernández y su Gobierno como nuevo acuerdo, lo que contempla el convenio que se firmó la pasada legislatura y que llevan dos años tildando de ilegal y que incluso amenazaron con resolver unilateralmente. Hemos perdido dos años por el sectarismo de un Gobierno que ha antepuesto sus intereses a los de la ciudad. Vender como nuevo —agrega— un acuerdo que habla de autorizar la extracción de la cantera actual e intentar cuanto antes abrir Piñal, es aceptar sin escusas, lo que pone el convenio que se suscribió con la empresa».
No hay un acuerdo sellado
Por su parte, el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, resalta en primer lugar que lo pactado en Valencia no no es un acuerdo sellado: «ayer por la tarde, en reunión mantenida en Valencia, Lafarge y el equipo de Gobierno abrieron las puertas a la ampliación en el periodo de ocupación de la cantera de Salt del Llop, actualmente en explotación por Lafarge. Teresa García —prosigue el portavoz de IP— nos ha indicado que si que hay sintonía con la empresa respecto al plazo de tiempo que se mantendrían sus instalaciones en Romeo, concretamente diez años, más cinco de restauración, que son compatibles con la extracción, mas otros tres de garantía de la restauración. Pero se tienen que negociar los plazos para la apertura de una nueva cantera en el Piñal y, en ese caso, los derechos mineros que tiene la empresa en las Margas y al norte de la actual cantera».
Tras conocerse este principio de acuerdo, González habla de perdida de dos años: «con la actitud del equipo de Gobierno, se han perdido dos años en concretar como abrir el nuevo frente de cantera y como llevar a cabo el traslado al Piñal, a parte de determinar cuál será la superficie que tendrá la nueva explotación minera». Por otra parte, en la misma línea de lo indicado por Muniesa, el portavoz de IP resalta la plena legalidad del convenio firmado en 2013 entre la empresa y el municipio: «el convenio suscrito en el año 2013 es legal y aplicable, de hecho la ampliación en la ocupación de monte público no es más que una de las cláusulas de ese documento con alguna burda modificación. Por otro lado, también queda acreditada la legalidad de abrir una nueva cantera en el municipio, pues les recuerdo que otro de los asuntos con los que tanto el alcalde como Teresa García han intentado enredar, es precisamente con su oposición a que hubieran nuevas canteras en el término municipal. Es más, se oponían al Piñal y planteaban que Lafarge buscara otras alternativas en antiguas explotaciones o fuera del municipio».
Desde Iniciativa Porteña, Manuel González habla del ridículo realizado por el equipo de Gobierno: «quiero señalar el ridículo del equipo de Gobierno, que después de hablar de la ilegalidad del convenio, o de nuevas explotaciones, o de la ampliación en la ocupación de monte público, no ha tenido más remedio que aceptar la realidad defendida tanto por IP como por otras fuerzas políticas. Atrás quedarán las citas prepotentes de Teresa García con ejemplos como el de su artículo “Hambre, humo y muerte” o del señor alcalde con sus continuas provocaciones en este asunto. Ahora, tras la presión ejercida durante meses, que ha tenido su punto culminante con la celebración de este pleno, tanto Compromís, como también ADN, no han tenido más remedio que transigir ante lo evidente».
Por último, Manuel González recuerda que todavía queda mucho trecho por recorrer: «a pesar de que se ha avanzado, aún queda mucho que negociar y auguro que el acuerdo final no será sencillo. No obstante, si se desbloquea la ocupación, esa negociación se podrá llevar con mayor tranquilidad», concluye.
Contradicciones del equipo de Gobierno
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto, Raúl Castillo, deja nítidamente sentado que se pretendía asfixiar a la empresa: «No cabe ninguna duda de que, sin la presión y trabajo de la oposición, el equipo de Gobierno habría ahogado a la empresa. Parece que la razón se impondrá finalmente al sectarismo del gobierno local». Más adelante, Castillo muestra su sorpresa porque el alcalde y su Gobierno hayan llegado hasta este extremo: «Sinceramente, en ningún momento llegué a pensar que el Gobierno local llevaría a los trabajadores a este punto de desesperación. Después de año y medio al mando del Ayuntamiento, nos enteramos por prensa que se ha llegado a un acuerdo, que curiosamente calca las condiciones ya pactadas hace años en el Convenio suscrito entre la empresa y el consistorio».
Más adelante, Castillo pasa revista a la contradictoria trayectoria del Gobierno local en este conflicto: «Es curiosa la evolución de las declaraciones públicas del Gobierno, cuando hablaba al inicio de ‘convenio ilegal’, de que ‘no permitirían abrir una cantera nueva en el Pinyal’ o de ‘no ser necesaria una cantera para la supervivencia de la factoría’, y ahora ha resultado que el convenio es legal, que sí hace falta la cantera y van a facilitar la apertura del Pinyal y que van a permitir la ocupación del monte hasta 2035. No me cabe ninguna duda de que el trabajo en bloque de la oposición con este asunto ha sido decisorio para llegar a este resultado. En Ciudadanos hemos defendido desde el día 1 los puestos de trabajo y la industria de nuestra ciudad y ni las presiones, ni las amenazas recibidas han sido suficientes para amedrentarnos, todo lo contrario, nos han dado mayor impulso para defender aquello en lo que creemos, el trabajo, la familia y el tejido industrial en nuestro municipio».
Finalmente, Raúl Castillo llama la atención sobre el hecho de que todavía no se conozca con exactitud el futuro acuerdo: «todavía no somos conocedores del contenido exacto del acuerdo, esperemos que no haya más sorpresas desagradables y podamos zanjar de una vez este conflicto. Nos encontramos en un momento estratégico a nivel industrial en nuestro municipio y necesitamos un clima pacífico y atractivo para que nuevos inversores y empresarios se interesen por nuestros polígonos».
El viraje de Compromís
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sagunto, Francisco Crispín, actualmente en el Gobierno municipal, ha jugado un papel importante a la hora de desbloquear el enconamiento de este conflicto, que se inició a partir del momento en el que Francesc Fernández accedió a la Alcaldía del municipio.
Crispín, que se ha mostrado muy satisfecho por el papel que su partido ha jugado en este asunto, recordaba que la incorporación del PSOE al Gobierno municipal ha coincidido en el tiempo con la resolución de este grave problema, que se venía prolongando por espacio de 18 meses, que es todo lo que va de esta nueva legislatura.
En este sentido, el veterano político local ha señalado: «este conflicto se resolvía desde posiciones políticas y no legalistas. Hemos jugado el papel que políticamente nos ha tocado en este momento. Había un enconamiento claro entre las partes y ha sido necesaria la intervención de un tercero para desbloquear la situación de vía muerta».
Más adelante, Crispín centra de una forma muy sencilla la fórmula para resolver el problema planteado: «Aquí se ha perdido mucho tiempo en planteamientos legalistas, cuando lo que había que plantearse eran dos cuestiones claras. La primera de ellas, si realmente se quería la continuidad de la empresa. En el supuesto de que así fuera, se pasaba a la siguiente casilla, que es la de mantener una cantera abierta para abastecer a la planta de materia prima. Si no se quiere abril el Piñal habrá que continuar en Salt del Llop, que es de donde extraen ahora la caliza, pero como se trata de que abandonen la actual cantera, no queda otra que poner en marcha El Piñal, porque no hay más alternativas», afirma.
Sobre el enclave del Piñal, Francisco Crispín no ha podido ser más incisivo: «hace cuatro días nadie sabía donde estaba El Piñal y ahora es la montaña sagrada de los druidas, curioso, ¿verdad?».
Por otro lado, Francisco Crispín ha reconocido que su partido está actualmente en la misma posición respecto a Lafarge, por lo que, según afirma, ha sido Compromís la fuerza política que ha experimentado un cambio muy radical: «nosotros, como Grupo Socialista, estamos donde siempre hemos estado con respecto a la cantera y la empresa cementera. Los que han evolucionado, experimentando este viraje tan notable, han sido los compañeros de Compromís, que hace año y medio pensaban de una manera y ahora han cambiado de opinión. Bienvenidos a la cordura».
Señalar por último que el Francisco Crispín confía en que, a partir del pleno que se celebrará el próximo martes, se incicie la senda de la normalidad y se pueda garantizar la continuidad y el empleo.
Los trabajadores, UGT y CCOO llaman a participar en el pleno del martes
Los trabajadores de Lafarge han iniciado una movilización, con el reparto de octavillas en las diferentes empresas de la comarca, con el fin de invitar a los trabajadores a que participen masivamente en el pleno del Ayuntamiento de Sagunto, convocado para el próximo martes, donde puede quedar desbloqueado el litigio de la cementera, garantizándose de esa manera la continuidad de la factoría y la conservación de los puestos de trabajo.
Tanto UGT como CCOO han emitido sendos comunicados invitando a participar en este pleno municipal. Efectivamente, desde UGT, esperan que el próximo martes, en el pleno extraordinario «todos los partidos políticos y todos los concejales voten a favor de la solicitud de ocupación de monte público, y que como bien se ha acordado en el día de ayer, esto sea hasta el 2035».
Dado que las movilizaciones no se detienen hasta que no hay un acuerdo firme, afirman desde UGT, este sindicato ha convocado y movilizado a delegados y delegadas de otras empresas y sectores, incluso de otras comarcas, porque «entendemos que este problema supera el ámbito del sector de la industria e incluso supera el ámbito municipal; se están poniendo en riesgo puestos de trabajo por decisiones políticas y eso desde un sindicato como el nuestro no se puede permitir y por ello haremos todo lo necesario para frenar dicha situación».
Desde el sindicato ugetista resaltan que se trata de defender el empleo: «es el momento de que esto trascienda las fronteras del ámbito local o incluso comarcal, es el momento que esto trascienda las fronteras del sector de las cementeras o de la industria, es un problema más grande, se trata de defender el empleo, y en esa causa debemos estar todos unidos y ser fuertes».
Por su parte, desde CCOO del Camp de Morvedre también se incide en la necesidad de participar en el pleno: «Desde la Unión Intercomarcal de CCOO estamos trasladando al resto de delegados de la comarca, a los afiliados y al conjunto de los trabajadores del Camp de Morvedre la necesidad de apoyar a los compañeros y compañeras de Lafarge en el conflicto sobre el permiso de ocupación de la explotación minera que está pendiente de resolución desde hace más de un año y sin el cual la empresa vería peligrar su viabilidad a final de este año».
Este sindicato reconoce que, aunque lo acordado en Valencia el jueves es un avance, no se puede bajar la guardia: «queremos transmitir que, aunque es para nosotros un avance que se hayan aproximado las posiciones entre Ayuntamiento y empresa, no podemos, ni debemos, bajar la guardia en la exigencia de una solución definitiva y firme. No es la primera vez que se anuncian posibles acuerdos que lejos de alcanzarse se han transformado en desacuerdos que nos hacen regresar de nuevo al punto de partida. Por ese motivo, desde CCOO, seguiremos con las movilizaciones emprendidas porque entendemos que la presión sindical ejercida en este tiempo ha sido, y será, una pieza importante en la consecución de un acuerdo entre las partes y, con ello, el mantener la actividad industrial de la cementera y el aseguramiento de todos los puestos de trabajo. Por ello seguiremos actuando de este modo hasta que exista un acuerdo en firme», aseguran.
