Durante el día de ayer, 13 de octubre, se celebró el juicio en el juzgado de lo penal nº 4 de Sagunto contra la dirección de Bosal España y el Grupo Bosal por una presunta insolvencia punible, una querella presentada hace meses por CCOO en representación de los 222 ex trabajadores y ex trabajadoras de la planta de Puerto de Sagunto tras el cierre de la misma que se produjo el pasado 23 de diciembre del año 2014.
Durante meses, este colectivo se ha manifestado no solo en nuestra ciudad sino también acudiendo a otras importantes como Valencia, Madrid o Zaragoza consiguiendo diversos compromisos por parte de las administraciones públicas. Como han informado a este rotativo desde este colectivo, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto se comprometieron a ofrecer planes sociales para los ex trabajadores de la planta además de elaborarse un Plan de Reindustrialización para el cual se aportaron 2.680.000 euros más otro millón de euros que iba a ofrecer el Estado. A todo esto, además, hay que sumarle cerca de 900.000 euros de ayuda a la formación aportado al 60% del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) y el restante 40% por el Servicio Valenciano de Empleo (Servef).
«En una primera reunión que tuvimos en febrero de este año en el Consell Agrari nos informaron de que los fondos FEAG podrían ser destinados a ayudas para la contratación, para realizar proyectos empresariales a título individual y para formación. Ahora, en el encuentro que tuvimos en septiembre nos dicen que solamente es para formación y nosotros lo que queremos saber es el porqué de ese cambio», ha explicado un ex trabajador de Bosal.
Asimismo, como han apuntado a este rotativo, también se les ha informado de otro tipo de ayudas que no son específicas para este colectivo sino que se pueden acoger a ellas cualquier persona desempleada de la Comunitat Valenciana. «Lo que estamos intentando es que las ayudas que se nos han concedido se hagan efectivas y se ejecuten para poder empezar a trabajar, para que la gente pueda empezar a ser recolocada, que las empresas nos empiecen a contratar y que no sean ayudas genéricas», han afirmado.
Paralización de las protestas
Asimismo, durante el pasado año, y sobre todo durante la pasada campaña electoral de los comicios locales y autonómicos, era muy habitual ver a los ex trabajadores de Bosal en actos y eran llamados por los diversos representantes políticos para llevar a cabo determinadas reuniones, algo que ya no se ha producido con la llegada de este año 2016. «Parece ser que el ex Comité de Empresa ha paralizado las movilizaciones; ponen la excusa de que ahora mismo hay un gobierno en funciones en Madrid. Nosotros siempre hemos estado codo con codo con el ex Comité de Empresa pero ahora no sabemos el porqué está parado», han afirmado a este periódico mientras reflexionan sobre la posibilidad de reiniciar las movilizaciones al margen de quienes fueron los representantes de la plantilla.
«Lo cierto es que nos sentimos un poco abandonados por todo el mundo. Pensamos que hay una falta de voluntad tanto por parte del ayuntamiento como de la conselleria; lo que deberían hacer es dejar de hablar y ponerse en marcha dejando de lado las diferencias políticas y que haya un consenso», han apuntado.
Cabe recordar que antes del cierre de la planta de Bosal, los trabajadores ya venían sufriendo una serie de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) cuya finalidad, según les explicaron desde la dirección, era la de ajustar la plantilla a las condiciones de la producción, algo que perjudicó a las personas afectadas por los mismos puesto que tenían que agotar parte de la prestación por desempleo durante esos periodos en los que se encontraban sin actividad, algo a lo que sumaron el tiempo del concurso de acreedores, que fue de once meses, quedando la prestación de desempleo final a cada persona bastante reducida.
Es por este motivo por el cual, una de las preocupaciones de estos trabajadores es la promesa de la reposición del dinero de los ERTEs que aún no se ha hecho efectiva pero que, según les han informado desde las administraciones, puede que la cobren en enero o febrero del próximo año 2017. Así pues, después de años de lucha, gran parte de los trabajadores dicen encontrarse totalmente «desamparados» por lo que únicamente les queda seguir luchando y confiar en el sistema judicial para que, finalmente, acabe dándoles la razón «obligando a que Bosal se haga cargo de sus compromisos legales» con indemnizaciones, recolocaciones o formación, entre otras.
