Según informa el comité de empresa de Lafarge en nota informativa, en la mañana de este miércoles la asamblea conjunta de trabajadores tanto de Lafarge, como de empresas que prestan servicios a la cementera, ha debatido las acciones que se vienen desarrollando bajo la dirección del comité de empresa junto con los sindicatos UGT y CCOO en el conflicto de la cantera.
En el transcurso de este acto, la representación legal de los trabajadores ha informado de las gestiones y acciones realizadas desde el 11 de mayo, entre las que se han destacado: la asamblea ciudadana del día siguiente, que ha sido calificada como un éxito en asistencia y compromiso en la defensa del empleo; y también han subrayado la implicación de la dirección de los sindicatos UGT, CCOO y la Confederación Empresarial Valenciana en el apoyo en la aplicación del convenio del 2013.
La asamblea de trabajadores, ha aprobado por unanimidad el plan de acción propuesto por el comité y las organizaciones sindicales; acciones que no cesarán hasta conseguir la pervivencia de los puestos de trabajo. Entre las acciones previstas y ratificadas por los trabajadores en la asamblea, destacan la recogida de firmas para dirigirse al Gobierno de la Comunidad Valenciana, con el fin de que inste al gobierno local de Sagunto a que cumpla con la legalidad vigente y sin más dilaciones, ni pretextos se cumpla con el convenio de 2013.
Los trabajadores se han comprometido a asistir a los actos públicos donde participe el alcalde de Sagunto, «para no cesar en recordarle que no puede y no debe atentar contra los cerca de mil puestos de trabajo que directa e indirectamente dependen de la cementera, cuando ésta cumple rigurosamente con la legislación tanto en las canteras como laborales y en especial medioambientales», apuntan en su comunicado.
Finalmente los trabajadores insisten en que la reindustrialización de Sagunto y comarca tiene un punto de partida insoslayable que es la defensa y continuidad de la industria saguntina. Lo contrario como pretender el cierre de Lafarge, es un acto de irresponsabilidad social y política que en modo alguno los trabajadores están dispuestos a consentir.
