El anuncio realizado esta semana por parte de Lafarge confirmando su decisión de paralizar temporalmente los trámites necesarios para ampliar su actividad de extracción de caliza dentro de la concesión minera que mantiene en el término municipal de Sagunto ha hecho saltar todas las alarmas y ha vuelto a enfrentar al tripartito del Ayuntamiento de Sagunto, formado por Compromís, ADN Morvedre y Esquerra Unida (EU), con varios de los portavoces de los grupos de la oposición, como es el caso de Sergio Muniesa o Manuel González, que ha sido el último en hacer pública su opinión sobre este asunto.
El concejal de Iniciativa Porteña (IP), ha afirmado: «Estoy francamente preocupado por el cariz que está tomando el conflicto entre el equipo de gobierno y la empresa Lafarge. El desistimiento provisional de la empresa para la ampliación de la cantera en las Margas, no ha sido más que una medida de precaución, tal y como explicaron desde la dirección de Lafarge. Hasta hace unos días había dos expedientes abiertos. El primero hace referencia a la continuidad en la cantera actual. En este caso, la empresa tiene concedidos los derechos mineros hasta el año 2042, pero sus derechos de explotación expiran en diciembre de 2017, por lo que han pedido una ampliación en el período de explotación, como digo de la cantera actual. Si no lo consigue y no se le dan otras alternativas, la empresa se verá abocada al cierre. En este lugar, parece ser que existen reservas para unos 10 años aproximadamente».
En cuanto a las Margas, para González, «es el lugar natural de ampliación de la actual explotación, pero requiere de otro expediente que es el que, de manera provisional, ha abandonado Lafarge. Esto tiene una explicación muy sencilla, pues el juego sucio del equipo de gobierno consistía en intentar unir la resolución de ambos expedientes, que dado que hubiera dilatado en el tiempo la resolución, hubiera supuesto la asfixia por falta de caliza, de la planta de cemento de El Puerto».
El portavoz segregacionista continúa asegurando que, a diferencia de otros conflictos que se han vivido en el municipio, en este caso, «los responsables de las dificultades por las que atraviesa el futuro del Lafarge, son personas que viven aquí. Los trabajadores de Lafarge, no tienen que ir a defender sus puestos de trabajo ni a Bruselas, ni a Alemania, ni siquiera a Madrid o Valencia. La persona que lidera el movimiento en contra de la actividad de la empresa, es de manera incomprensible el mismísimo alcalde, acompañado de su equipo de gobierno. Por ello, emplazo a los trabajadores de Lafarge a que les pidan las pertinentes explicaciones».
González ha querido matizar estas palabras afirmando que «hasta la fecha el alcalde no ha querido reunirse con el Comité de Empresa, se ha saltado los acuerdos del pleno de la corporación, no ha convocado la Comisión Especial de Romeu, en la que debería haber informado de todo lo referente a alegaciones que han presentado de espaldas a la mayoría del pleno. Además se autoproclaman como defensores de los intereses de Sagunto, como si ellos representaran a la mayoría de la población, algo que es totalmente incierto, puesto que IP, PSPV-PSOE, Ciudadanos y PP son mayoría en el pleno. Por lo tanto, si el alcalde va a su aire, con prepotencia y absolutismo, sin atender a las reglas que marca la democracia, habrá que buscar otros medios para llegar hasta él, aún a sabiendas de que no va a querer escuchar a nadie. Se le ha subido a la cabeza su cargo y está siguiendo un camino equivocado que solo puede conducir a la confrontación».
Otras reacciones
Por otro lado, desde el equipo de gobierno, su portavoz, Teresa García, aseguró, tras conocer estos hechos que: «no se puede intentar destruir un monte público, tal y como estamos argumentando nosotros desde el principio, en base a una legislación que no deja actuar sobre zonas que perderían precisamente su caracterización como monte público. Lo que alega el ayuntamiento sobre el planeamiento urbanístico, desfasado por toda la legislación posterior que se ha ido desarrollando a nivel autonómico, avala la posición de no continuar tramitando ningún expediente que tenga que ver con la ampliación de la cantera en zonas catalogadas como monte público. El anuncio de la paralización del expediente, nos parece por tanto una acción lógica porque la empresa no puede ir en contra de la legalidad vigente».
En este sentido, el alcalde de la ciudad, Francesc Fernàndez, ha afirmado que «la misma empresa había admitido que dentro de los límites de la actual cantera del Salt del Llop, es decir, sin tocar Las Margas ni el resto de la montaña, podrían tener un período de explotación que podríamos situar en el límite de la propia concesión, es decir, que podríamos estar hablando de quince años aproximadamente. Y evidentemente esta afirmación se puede confirmar por la misma empresa o por la Conselleria. Y también hay otras canteras dentro del término municipal de Sagunto o fuera que podrían complementar estos recursos».
Mientras, desde el Consejo Político Local de EUPV han informado de que «según los propios estudios técnicos de la empresa, dados a conocer al equipo de gobierno en reuniones a dos bandas, la actual cantera de Salt del Llop todavía dispone de piedra caliza para seguir extrayendo durante, al menos, 30 años por lo que, con los actuales recursos con los que cuenta la empresa, existe tiempo suficiente para explorar nuevas alternativas a medio y largo plazo».
Por contra, el portavoz del PP en el consistorio saguntino, Sergio Muniesa, ha lamentando que el tripartito se muestre orgulloso de que una empresa de la localidad anuncie la paralización de «una inversión de 20 millones de euros y deje en el aire su continuidad y la de los centenares de puestos de trabajo que genera, y no muestre ningún tipo de preocupación ni responsabilidad al respecto». El edil, además, ha criticado que el tripartito haya cambiado, «de forma unilateral los compromisos pactados que garantizaban el mantenimiento de un paraje natural haciéndolo compatible con el empleo de unas 200 familias».
Argumentos de Lafarge
En cuanto a la decisión tomada por la multinacional cementera, desde Lafarge apuntaron que se había hecho «ante la incertidumbre generada por los impedimentos del nuevo ejecutivo local y la falta de alternativas viables a la zona de ampliación». En este sentido, su director, Miguel Ángel Urbano, señaló: «El equipo de gobierno local ha presentado alegaciones a nuestros trámites administrativos ante la Generalitat sin base legal ni técnica y contrarias a los acuerdos aprobados por el pleno. Entendemos que estas alegaciones no dejan lugar a dudas sobre su oposición frontal a la continuidad de nuestra actividad. Aunque hemos ofrecido reiteradamente dialogar sobre alternativas que puedan satisfacer los intereses del nuevo equipo de gobierno, lo cierto es que lo único que sentimos avanzar es la amenaza hacia nuestra actividad. En este contexto, creemos poco prudente seguir invirtiendo en la fábrica de Sagunto a largo plazo».
Desde el Comité de Empresa de esta mercantil, sus trabajadores aseguraron que el equipo de gobierno «se vanagloria de apoyar a los trabajadores despedidos de otras empresas que les prometen oficinas de recolocación y formación para mejorar su situación de cara a un nuevo empleo, pero desprecian y ponen en serio peligro el empleo de los trabajadores de Lafarge y de las empresas que, de una u otra forma, colaboran con ésta». Los empleados de Lafarge, además, apuntaron: «el único empleo que Compromís, ADN Morvedre y EU han creado ha sido el de los puestos de trabajo de sus concejales que estaban en desempleo y ahora cobran de los impuestos que entre todos pagamos».
