Lafarge ha emitido esta mañana una comunicación oficial para dejar clara su posición con relación al conflicto suscitado desde que gobierna en la ciudad el tripartito que forman Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos. Tras difundirse esta información, la reacción del Gobierno local ha sido inmediata, entretanto, los trabajadores de la cementera ya han incrementado sus acciones reivindicativas en defensa de sus puestos de trabajo, toda vez que ya se empieza a hablar de un posible ERE de extinción si la planta ve limitadas en el tiempo las posibilidades de extraer caliza para seguir fabricando cemento.
En su nota informativa, Lafarge deja bien sentado que «tiene vigentes todos los permisos y autorizaciones que la habilitan para explotar los terrenos en Salt del Llop sobre los que tiene otorgada una concesión minera renovada en 2012 hasta 2042. El permiso minero determina tanto la cantidad de material a extraer, como la superficie de la cantera». Más adelante resalta que: «Todas las zonas en las que se enmarca el permiso minero de Lafarge están dentro del perímetro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), físicamente demarcado. Este PGOU reconoce tolerancia extractiva y permite la explotación minera».
En cuanto al planteamiento realizado por el Ayuntamiento de Sagunto, de proceder a revisar el convenio, Lafarge se reitera en su posición: «la empresa y el consistorio firmaron en 2013, con el respaldo mayoritario del pleno, un convenio para conciliar intereses. En el mismo, se recogía el compromiso del Ayuntamiento de facilitar el acceso de Lafarge a sus reservas más allá de 2017. De esta forma, mientras se estudia la posibilidad de abrir, a sugerencia del Ayuntamiento, una cantera nueva en El Piñal, se garantiza la continuidad de la fábrica».
Por su parte, el director de la fábrica de Sagunto, Miguel Ángel Urbano, ha mostrado su preocupación por la posición que mantiene el nuevo Gobierno local: «Estamos muy preocupados con las declaraciones del gobierno municipal. Mantenemos la confianza en que finalmente actuarán con responsabilidad y respetarán tanto el marco legal de nuestra concesión minera como los compromisos firmados por el Ayuntamiento para garantizar que nuestra fábrica no se vea abocada al cierre. Por nuestra parte, estamos poniendo todo el esfuerzo en establecer el diálogo necesario para llegar a un entendimiento que nos beneficie a todos».
Señalar por otro lado que la cementera no está dispuesta a renegociar el convenio que se firmó en 2013 con el Ayuntamiento de Sagunto, salvo que este proceso sirva para mejorarlo, lo cual es más que dudoso debido a las posiciones tan distantes existentes entre empresa y equipo de Gobierno. Aunque hasta la fecha siempre se había hablado de forma velada sobre un posible cierre de la planta si no dispone de caliza para continuar con su proceso productivo, en estos momentos ya se habla abiertamente de un ERE de extinción que se tendría que poner en marcha, llegado el caso, ante la imposibilidad de poder continuar suministrando la materia prima para la fabricación de cemento. Los trabajadores están empezando a ser conscientes de que se puede producir el cierre de la actividad que, lógicamente, afectaría a la totalidad del empleo, de ahí que hayan empezado a intensificar sus movilizaciones.
Contundente respuesta municipal
El tripartito municipal ha reaccionado inmediatamente ante la nota informativa difundida por Lafarge, recordando que «el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto ha querido aclarar que los compromisos a los que alude el convenio de 2013 están supeditados al cumplimiento de la legislación vigente y que como ya afirmó en las alegaciones presentadas en su día, la eficacia de los compromisos quedaba diferida a la obtención de las declaraciones, autorizaciones o actos administrativos de la administración pública que tenga atribuidas las competencias en esta materia».
Más adelante, el tripartito es tajante al afirmar que por lo que respecta a las autorizaciones «las que afectan a montes de utilidad pública finalizan en 2017». Por otro lado, reiteran que «desde 2009 se ha producido una modificación legislativa de ámbito superior que ha dejado desfasado el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto y ha puesto como ejemplo la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana que considera prioritarios los valores territoriales de la franja costera y, por tanto, limita las actividades de mayor impacto paisajístico y ambiental, entre las que se incluyen las actividades extractivas».
A mayor abundamiento, recalcan desde el Ayuntamiento que: «existen pronunciamientos de la administración autonómica sobre el suelo forestal que consideran incompatible la actividad extractiva en monte público protegido, como es el caso de la montaña de Romeu, porque se pierden las características que han generado su protección». Asimismo, las manifestaciones del tripartito municipal reiteran nuevamente que el equipo de Gobierno «considera que las áreas forestales estratégicas han de preservarse y que habrá que promover la creación de la figura de Paraje Natural en toda la zona, así como buscar una solución para la actividad extractiva satisfactoria para todas las partes, fuera de montes de utilidad pública o en aquellos terrenos en los que actualmente ya se ha producido un impacto irreversible porque existe un permiso previo».
Pese a que el tripartito acota mucho las posibilidades de viabilidad de la empresa cementera, también habla de compaginar intereses mediante un acuerdo: «que concilie los intereses de la empresa, de las personas y del paraje natural. Lo que este Gobierno quiere es respetar la legalidad y mantener los puestos de trabajo, así como preservar los intereses de las personas afectadas en este caso, que no solo es la empresa Lafarge sino que lo son también los vecinos que residen cerca de la zona y los trabajadores de la empresa, al mismo tiempo que se respeta la montaña como bien natural de todos».
