La crisis económica ha generado un aumento del desempleo espectacular en todas las ciudades de España. La comarca de Sagunto cerró julio, mes turístico por excelencia, con más de 8.500 parados. Para paliar la situación de extrema necesidad de cientos de sus vecinos, algunos ayuntamientos del Camp de Morvedre han puesto en marcha lo que se ha dado en llamar planes municipales de empleo, que en el caso de Sagunto han sido dotados con varios millones de euros. No obstante, hay que señalar que gestionar el problema del paro no es competencia de las administraciones locales, sino del Gobierno central. Por tanto, con estos planes de ocupación temporal se trasladan las responsabilidad del Estado en materia de empleo a los municipios que promueven esta clase de iniciativas. Utilizándose, de esta forma, una parte de los recursos ciudadanos a paliar un problema, el del paro, que la administración central debería asumir para evitar la pobreza, la exclusión social, etc.
Con el aumento del desempleo, no solo han disminuido los ingresos de miles de familias, creando una situación de empobrecimiento general en la capital del Camp de Morvedre, sino que, además, el ayuntamiento ha aumentado la presión fiscal, y una parte de los tributos que pagan los ciudadanos se ha destinado a los planes de empleo municipales que el consistorio saguntino ha puesto en marcha. El primero de ellos se ejecutó en el último trimestre de 2013. Éste se denominó, finalmente, Plan Mixto de Empleo y se publicitó con un presupuesto de 6 millones de euros, de los cuales 3,1 millones se destinaron a empleo directo y formación, contratando a 360 personas, pero otros capítulos de este plan no se llevaron a término, dejando un sobrante de 1,5 millones de euros sin ejecutar, según criticó en su momento la oposición municipal.
El segundo Plan Mixto de Empleo 2014 se está ejecutando en la actualidad y su duración será de dos trimestres. Del total, se destina una partida presupuestaria de 3,2 millones para mejoras diversas en el municipio, 912.000 euros se utilizan para reparaciones en centros escolares. Sin embargo, el presupuesto total anunciado es de 6,69 millones de euros y se prevé una contratación en los dos trimestres de 425 personas. Con estos planes de empleo, además de liberar al Gobierno de España de sus competencias relacionadas con la ocupación, se está eximiendo, como es ya tradición por parte del Gobierno de Alfredo Castelló, a la administración autonómica de sus obligaciones, tales como la rehabilitación de las viviendas del barrio Baladre, propiedad de la Generalitat, y las reparaciones en colegios públicos, entre otras competencias desatendidas por la administración autonómica, que han sido sufragadas con fondos municipales.
Solidaridad de tres meses
Pero la solidaridad que se ofrece con los planes de empleo es un contrato de tres meses, que al margen de paliar durante ese periodo las necesidades más básicas de una familia, no siempre favorece a los contratados, porque puede suceder que, al terminar el trimestre trabajado, se encuentren con pérdida o reducción de prestaciones o subsidios. Para que los planes de empleo municipales tengan más recorrido asistencial, se debería estudiar la situación individual de cada persona que se va a beneficiar de ellos. La prestación contributiva, el paro, lo perciben desocupados que han trabajado un año o más tiempo y tienen derecho a cobrar esa prestación durante cuatro, ocho o más meses, en función de la duración del trabajo que han tenido. Por otro lado, el subsidio es lo que se denomina ayuda familiar, y hay que diferenciar dos colectivos: los que tienen cargas familiares y los que carecen de ellas. Cuando existen cargas familiares, los subsidios son mayores en duración. Sin embargo, los requisitos para acceder a ellos se han endurecido. Efectivamente, los recortes para esta clase de ayudas, implantados por el Gobierno de Rajoy, publicados en el Real Decreto-ley 20/12, establecen que: «se computan las rentas de toda la unidad familiar, es decir, de todas las personas con las que conviva el potencial beneficiario. Esas rentas totales se dividirán entre los miembros de la unidad y si el resultado es superior al 75% del salario mínimo, la persona no podrá cobrar la ayuda», según fuentes del SEPE.
Pero la solidaridad que se ofrece con los planes de empleo es un contrato de tres meses, que al margen de paliar durante ese periodo las necesidades más básicas de una familia, no siempre favorece a los contratados, porque puede suceder que, al terminar el trimestre trabajado, se encuentren con pérdida o reducción de prestaciones o subsidios. Para que los planes de empleo municipales tengan más recorrido asistencial, se debería estudiar la situación individual de cada persona que se va a beneficiar de ellos. La prestación contributiva, el paro, lo perciben desocupados que han trabajado un año o más tiempo y tienen derecho a cobrar esa prestación durante cuatro, ocho o más meses, en función de la duración del trabajo que han tenido. Por otro lado, el subsidio es lo que se denomina ayuda familiar, y hay que diferenciar dos colectivos: los que tienen cargas familiares y los que carecen de ellas. Cuando existen cargas familiares, los subsidios son mayores en duración. Sin embargo, los requisitos para acceder a ellos se han endurecido. Efectivamente, los recortes para esta clase de ayudas, implantados por el Gobierno de Rajoy, publicados en el Real Decreto-ley 20/12, establecen que: «se computan las rentas de toda la unidad familiar, es decir, de todas las personas con las que conviva el potencial beneficiario. Esas rentas totales se dividirán entre los miembros de la unidad y si el resultado es superior al 75% del salario mínimo, la persona no podrá cobrar la ayuda», según fuentes del SEPE.
Si cumple los requisitos de la unidad familiar, una persona podrá cobrar la ayuda de 426 euros si ha trabajado un mínimo de tres meses. Pero, aquí, la normativa coloca una trampa. Si una persona trabaja tres, cuatro o cinco meses, tiene derecho al subsidio, pero solo por el mismo número de meses que ha trabajado. Sin embargo, si ese desempleado trabaja seis o más meses, la ayuda se convierte en 21 meses, de ahí la importancia de que los planes municipales de empleo contemplaran estas variables. Por el contrario, una persona sin cargas familiares tiene que trabajar un mínimo de seis meses para percibir la ayuda de 426 euros, pero siempre que el contrato haya sido a tiempo completo. «En los supuestos de pérdida de un trabajo a tiempo parcial, se percibirá la proporción a las horas previamente trabajadas. Ejemplo: si se trabajó el 50% de la jornada completa, se cobrará la mitad del subsidio, 213 euros» señalan las mismas fuentes. Antes de los recortes impuestos por el PP, se percibía el total del subsidio, o sea, 426 euros en todos los casos, pero ahora se aplica el «subsidio parcial».
21 meses de subsidio
Técnicos del Servicio Público de Empleo consultados por El Económico, señalan que si un ayuntamiento hace un plan de empleo de tres meses y un padre de familia trabajara esos tres meses, en el mejor de los supuestos cobraría tres meses de subsidio. Si ese mismo padre de familia se empleara por seis meses a tiempo completo, tendría garantizado un subsidio de 426 euros durante 21 meses. «De tal manera que si el plan de empleo fuera de seis meses y no de tres, a todos los personas con cargas familiares, contratadas por ese periodo, se les garantizarían 21 meses de subsidio. Los seis meses de empleo por la ocupación en el plan de empleo y 21 meses de subsidio, son, al final, 27 meses de subsistencia», señalan las fuentes consultadas. Sin embargo, si el Ayuntamiento establece el plan de empleo con duración de tres meses, esa persona con cargas familiares tendrá derecho al subsidio de otros tres meses en el mejor de los supuestos, lo que supondría seis meses de subsistencia en total. La diferencia es importante, si se compara con los 27 meses del supuesto anterior. Sin perder de vista que cobrar el subsidio no resuelve el problema económico de una familia, pero ayuda.
Teniendo en cuenta que una persona, trabajando seis meses, puede percibir 21 meses de subsidio, el Ayuntamiento de Sagunto debería haber aplicado este criterio a la hora de contratar a los trabajadores del plan de empleo municipal. Posiblemente se hubiera reducido el número de personas contratadas pero las beneficiarias hubieran tenido el salario de esos 6 meses de empleo y 21 de subsidio garantizados. Para posibilitar esos 27 meses de subsistencia, informan técnicos del Servicio Público de Empleo, hay que organizar la contratación de los trabajadores para el plan de empleo municipal, «teniendo en cuenta la situación laboral de cada persona, para lo cual, el SERVEF podría ofrecer a los interesados la documentación necesaria y, en función del historial laboral, fecha tope de cuando empieza la prestación por desempleo, etc., determinar cuál debe ser la duración del contrato». Añaden que, teniendo en cuenta los requisitos descritos, se podría contratar, con el mismo presupuesto, el mismo número de parados o incluso más. Y esto sería posible si en el plan de empleo se hacen contratos de seis meses como criterio general, pero, a los desempleados que ya tengan algún tiempo cotizado por periodos trabajados anteriores: uno, dos, tres, cuatro o incluso cinco meses, sólo habría que hacerles un contrato de cinco, cuatro, tres, dos o un mes, para que pudieran sumar los seis meses de cotización y, de esta manera, asegurarles los 21 meses de subsidio.
Según señalan fuentes del Servicio Público de Empleo, si se ejecuta un plan de ocupación, utilizando recursos de un municipio cuyos vecinos se empobrecen progresivamente, en justa correspondencia, la Administración central, a través del citado servicio, debería colaborar con el Ayuntamiento en la tarea de ofrecer la documentación necesaria y facilitar técnicos que trabajaran conjuntamente con funcionarios municipales, averiguando todos esos datos y realizando los contratos de la duración adecuada para los potenciales beneficiarios del plan de empleo. Desde el Gobierno que preside Alfredo Castelló, presentan los planes de empleo como una iniciativa necesaria «para paliar el problema del desempleo en el municipio saguntino», sin embargo, como se ha visto, hay otra manera de paliar la situación de precariedad de muchas familias y con mayor recorrido. Pero, con carácter general, el criterio que impera en la mayoría de los ayuntamientos es electoralista, esto queda demostrado desde el momento en que los planes de empleo, en el caso de Sagunto, se han puesto en marcha en 2013 y 2014, es decir, en la recta final de la legislatura, puesto que las elecciones municipales se celebrarán en mayo 2015. Asimismo, los gobiernos locales que promueven esta clase de iniciativas, tratan de implicar en los planes de empleo al mayor número de parados, que, a su vez, también son votantes.
Más perjuicios que beneficios
Hay algunas personas que ya han comprobado que el plan de empleo les ha perjudicado. Efectivamente, se trata del colectivo mayor de 52 o 55 años que está cobrando un subsidio porque cumplen todos los requisitos para poder jubilarse, menos el de la edad. Se pueden jubilar las personas que han trabajado más de 15 años y si, de esos años, han cotizado más de seis al desempleo, este colectivo cobra un subsidio de 426 euros o lo que corresponda, hasta que alcance la edad de jubilación. Con la ley anterior, una persona que tenía 53 años y se le había acabado la prestación por desempleo, sí podía cobrar subsidio. Además, como tenía más de 52 años, tampoco le contaba lo que ganaba su cónyuge. Pero esa ley la modificó el Gobierno de Rajoy, por eso, ahora, la edad para percibir subsidio ya no es de 52 años, sino de 55 y, además, establece un requisito económico: que los ingresos de la unidad familiar no superen el 75% del salario mínimo por persona, esto es: 483 euros. De tal manera que, si una persona llega a 56 años, como el cónyuge gana 1.000 euros al mes, el esposo no puede acceder al subsidio.
En el caso de que un desempleado esté cobrando ya ese subsidio y lo contrataran en el plan de empleo municipal tres o seis meses, pero en periodos anteriores hubiera trabajado, acumulando por ello un año de cotizaciones, obligatoriamente debería solicitar el paro y percibiría cuatro meses de prestación, pero cuando finalizara la prestación por desempleo tendría que solicitar la ayuda familiar, y es aquí donde surge el inconveniente, puesto que, con la nueva ley del Gobierno de Rajoy, le denegarían el subsidio porque el conyugue cobra 1.000 euros de salario mensual, con lo cual, se quedaría fuera del sistema de protección social.
