El recurso contencioso administrativo que en su día presentó IP contra la decisión del Gobierno de la Generalitat, por la que denegaba la segregación del núcleo porteño, iba a ser tratado por la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el pasado martes, 18 de noviembre, para su votación y fallo. Sin embargo, el alto tribunal tomó la decisión, en el último momento, de aplazar este acto hasta el próximo 3 de marzo. Con este aplazamiento, el fallo de ese juzgado, que probablemente será denegatorio, se conocerá en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán en mayo.
De hecho el portavoz de IP, Manuel González Sánchez, considera que este tribunal está jugando con la agenda: «Es evidente que están jugando con los tiempos para dar la noticia de la denegación del expediente en un momento clave». El portavoz de Iniciativa Porteña, fundamenta su previsión en que: «esta forma de actuar no es nueva para nosotros, pues el primer expediente de segregación fue denegado por el tribunal supremo justo antes de las elecciones del año 2011. El objetivo es, sin ninguna duda, intentar sembrar el desánimo entre aquellos que creemos que El Puerto puede y debe tener su propio ayuntamiento», apostilla.
Es más, el líder segregacionista, resalta que todo esto ocurre porque se trata de una cuestión meramente política, más allá de lo que en cada momento establezca la legislación vigente, que a lo largo de los últimos años también ha sido modificada. «Desde Iniciativa Porteña ya hace tiempo que nos hemos dado cuenta de que esto de la segregación es una cuestión meramente política, pero aún así seguiremos defendiendo la viabilidad del expediente de segregación hasta sus últimas consecuencias. Afortunadamente, nuestro movimiento cuenta con un buen equipo de trabajo que está haciendo muy bien las cosas y, fruto de ello, nuestra fuerza política crecerá en el ayuntamiento tras las próximas elecciones», pronostica el portavoz de IP.
González Sánchez, al abundar en la línea argumental que centra la segregación en una decisión de carácter meramente político, recordaba que la incursión de nuevas fuerzas políticas en el panorama futuro más inmediato, es decir, después de las elecciones municipales y autonómicas, abre la puerta a la esperanza. «Hace un par de meses presentamos una moción pidiendo un referéndum pro segregación en El Puerto, petición ante la que solo se opusieron PP y PSOE, lo cual deja abierta la puerta, con la aparición de otras fuerzas, a que algún día el pleno del Ayuntamiento de Sagunto apruebe una petición similar a esta, al igual que ya hizo en plena Guerra Civil. Cuando llegue ese momento, el expediente se puede redactar desde el propio ayuntamiento, con lo que la tramitación del mismo sería mucho más fácil», asegura el portavoz de IP.
Aunque los tribunales vuelvan a denegar la segregación el próximo mes de marzo, González asegura que su partido va a continuar ahí, luchando por los intereses de los porteños y, cuando se abra la más mínima posibilidad, volver a la carga e ir a por todas. «Nosotros vamos a seguir trabajando, por y para El Puerto, pero eso sí, cuando tengamos el suficiente apoyo político, volveremos a por todas. Y una cuestión más, a pesar de mis palabras, el TSJCV aún no ha dictaminado, por lo que aun guardo alguna esperanza de que sean justos y tomen una decisión consecuente. En primer lugar, consecuente con la fecha de presentación del expediente de segregación, etapa en la que estaba vigente la Ley de Régimen local del año 1985, y, por lo tanto, en caso de aplicarse esa ley, nuestro expediente cumpliría con los requisitos marcados al 100%», remarca.
Señalar por último que Manuel González abriga la esperanza de que el fallo judicial no sea denegatorio, debido, sobre todo, al irregular procedimiento que ante este expediente mantuvo la Generalitat Valenciana, que, incluso, diseño la ley para impedir de forma expresa la segregación del núcleo porteño. «Si damos un breve repaso a la tramitación del expediente, veremos como la Generalitat ha incumplido algunas de las cuestiones que marca el procedimiento administrativo, como, por ejemplo, he de recordar que el Jefe de Cohesión Territorial realizó su dictamen, antes de darle a nuestra asociación el pertinente trámite de audiencia. Esta cuestión es suficiente para que el TSJCV anule el dictamen de la Generalitat y obligue al Gobierno autonómico a reiniciar toda la tramitación. Además, en el año 2010, aprobaron una nueva Ley de Régimen Local Autonómica, que la Generalitat utilizó para dictaminar el expediente, aplicando esta nueva ley con carácter retroactivo. Es necesario recordar que el diputado de EU, Luis Torró, declaró en prensa que esa ley se hizo ex profeso para acabar con nuestro expediente de segregación, algo que nos parece muy grave y ante lo que el resto de partidos ha preferido mirar hacia otro lado. En resumen, la tramitación realizada por la Generalitat, a parte de alargarse en el tiempo, contiene una serie de acciones gravísimas que existe la posibilidad de que los jueces del TSJCV, las califiquen como tales, con lo que ese expediente retornaría a las puertas de la Generalitat Valenciana».
