Muniesa en rueda de prensa
Los dos asuntos introducidos por vía de urgencia en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sagunto centraron el interés de la reunión mantenida esta mañana.
Un nuevo capítulo del conflicto administrativo con Red Eléctrica de España (REE) por las obras de instalación de cable submarino hasta las Islas Baleares y el elevador del Alto Horno fueron estos temas que Sergio Muniesa, portavoz del PP, fue el encargado de desarrollar durante la tradicional rueda de prensa de los miércoles.
En el segundo caso, el trámite aprobado hoy es el visto bueno a los pliegos de condiciones que regirán el concurso de adjudicación para la fabricación e instalación en 90 días del ascensor que falta para completar las obras de rehabilitación del Alto Horno número 2 de las antiguas instalaciones siderúrgicas.
Este proyecto supondrá un desembolso de 130.000 euros y ahora se abre un plazo hasta su publicación en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, momento en el que se empezarán a admitir ofertas para su ejecución.
Muniesa ha destacado que esta obra «recuerda el esquema de la estructura original y dota al monumento de accesibilidad hasta los 32 metros de altura, gracias a una cabina para 10 pasajeros, que hará dos paradas, irá a una velocidad de entre 1 y 1'5 metros por segundo y estará equipada con sistemas de evacuación y emergencia».
En cuanto a REE, el concejal de Urbanismo anunció que se ha incoado un expediente de recuperación de viales municipales, después de comprobar que la empresa ha ocupado y hecho obras en zonas de propiedad del Ayuntamiento, concretamente en Parc Sagunt desde las proximidades de Unión Fenosa hasta la zona de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
Este trámite incluye, como medida cautelar, la paralización de las obras, que hasta el momento han consistido en instalar bajo tierra unas tuberías que se han vuelto a tapar a expensas de instalar en su interior el cable eléctrico.
Según Muniesa «les advertimos en dos ocasiones previas, que necesitan la autorización municipal para ocupar esos viales -con el consiguiente pago de una tasa- porque forma parte de la tramitación aunque el proyecto sea de interés público y fuera aprobado por el Consejo de Ministros».
REE tiene ahora una plazo de alegaciones de 15 días para justificar ese salto en la tramitación y presentar una propuesta que someta a la zona a una servidumbre o a un proceso de expropiación de terrenos, según aseguró Muniesa.
