Juan MIguel Calomarde
El Consistorio saguntino cuenta con una plantilla de 631 personas, de ellas, 281 son funcionarios de carrera, más 142 funcionarios interinos. En cuanto a trabajadores laborales, hay 56 fijos y 152 temporales.
Al respecto de esta situación excepcional del ERE en Alboraya, señala este sindicalista que desde el sindicato van a «estar vigilantes» cuando salga la nueva Corporación, por si se le ocurriera hacer algo parecido a lo realizado en Alboraya.
Privatizaciones
No obstante, a CC.OO. le preocupan otras cuestiones. La primera, lo que Calomarde califica de «obsesión casi enfermiza del PP de privatizar Deportes, especialmente, las piscinas».
Les preocupa también, a los sindicalistas, lo que vaya a pasar con los retenes de la Policía Local en las instalaciones municipales, y apuntan que, cada vez con más frecuencia, se escucha la posibilidad de privatizar este servicio, por medio de vigilantes jurados. Al respecto señala Calomarde: «Da la sensación que el Gobierno local está dejando que se mueran poco a poco estos servicios, con excusas como: que hay personal de fiesta, que no se cubren los mínimos, no se están prestando los servicios de retén».
Este sindicalista afirma que muchas tardes los servicios de SAIC en la Tenencia Alcaldía y en el PROP de Sagunto no hay presencia del agente policial, lo que implica que las funcionarias de estos servicios se vean en la obligación de cerrar las puertas, porque están solas en los edificios, y atienden a los ciudadanos, a puerta cerrada a través de la reja, como si de una farmacia en horario nocturno se tratara, «Es deplorable y tercermundista. Y pienso que se está haciendo a conciencia por parte del equipo de Gobierno para que exista quejas de parte de la ciudadanía y vean que la solución es privatizar la custodia y vigilancia de los edificios municipales». A juicio del líder sindical, en esos servicios se debería destinar a los agentes que son mayores o tiene algún problema de salud para que ocupen esos puestos como una segunda actividad.
Otra preocupación del sindicato son las consecuencias de la privatización del servicio de agua potable. Y una consecuencia de ello es lo que lo que pretendía Alfredo Castelló en el pasado pleno municipal (que no lo consiguió, porque sólo obtuvo el apoyo del Bloc), que era autorizar el cambio de los contadores de agua existentes, por otros dotados de lectura telemétrica, cuyo coste ronda entre los 70 y 90 euros (y más según el calibre del contador) y que lo paguen los usuarios, en el plazo de 10 años con un interés del 5,83%. El pago fraccionado durante esos diez años, se incluiría en el recibo del agua, con el aumento de los sucesivos IPC. Señala Calomarde que en esta ocasión Castelló perdió la votación, pero que lo volverá a intentar.
Por otra parte, desde CC.OO. denuncia que Aigües de Sagunt , aparte del personal que ha podido subrogarse de la anterior empresa concesionaria, a los que ni siquiera aplica el convenio «no se sabe nada del personal necesario que hace falta para el mantenimiento de la empresa». Pero según la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, las empresas mixtas con capital público mayoritario, para el acceso a la plantilla se tiene que tener en cuenta las mismas normas que para acceder a la administración, oferta de empleo público y oposiciones para las vacantes, no como ahora que más bien parece una oficina de colocación del socio privado, Aguas de Valencia, con el consentimiento de los consejeros del Ayuntamiento, ediles del PP, PSOE Bloc y SP.
