Informan fuentes municipales que el problema de Sagunto, y en concreto la playa de Puerto de Sagunto, «va mucho más allá de las restricciones de ocupación de las superficies de restaurantes y terrazas en el dominio público. En efecto, el problema que se pone de manifiesto en Sagunto, es el de las consecuencias negativas de la aplicación arbitraria de la Ley de Costas y de la fijación de los límites del deslinde del dominio público. En el caso de Sagunto, esta ley afecta a una serie de dotaciones del municipio tales como la estación de bombeo de aguas, un vial de tráfico importantísimo como la avenida del Mediterráneo, aparcamientos públicos, instalaciones deportivas o dos bloques de viviendas, siendo todos estos usos e instalaciones incompatibles con la propia ley de Costas al no estar previstas por la misma».
En la reunión entre el presidente de la organización hostelera y el alcalde de Sagunto, se ha analizado «la importancia de actualizar el deslinde como un mecanismo muy útil y conveniente (acordado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento) para resolver la paradójica situación actual y las múltiples necesidades públicas para crear un paseo marítimo con más servicios para la ciudadanía, que dé valor añadido al turismo y que también genere empleo, actividad económica y riqueza», señalan las citadas fuentes, quienes añaden que: «Una vez más, está en juego el modelo de gestión de nuestro principal modelo turístico de sol y playa, tanto a nivel nacional como en la Comunidad Valenciana, y por añadidura, pone en peligro una de nuestras principales actividades económicas», afirman.
Finalmente, el Ayuntamiento de Sagunto y la Federación de Hostelería han coincidido en la necesidad de «revisar con rigor y profundidad, tanto los actuales criterios de las concesiones así como la actualización de los deslindes en nuestra costa, que permita su utilización y su gestión de acuerdo con los usos sociales y las necesidades turísticas frente al proceso de empobrecimiento y restricción que cada vez hace más inviable el disfrute público y la viabilidad económica de la primera línea de playa».
