En un pleno con escaso debate en la parte resolutoria sobre asuntos propuestos por el equipo de gobierno, con la llegada de las mociones presentadas por los diversos partidos políticos fue cuando el ambiente empezó a tensarse, concretamente con la propuesta del grupo municipal Compromís con la que pretendía que el plenario aprobase el cese de las relaciones institucionales con aquellas empresas que hayan financiado organizaciones terroristas para el mantenimiento de sus actividades productivas.
Esta propuesta únicamente salió adelante tras aprobarse una enmienda presentada por el concejal de Iniciativa Porteña (IP), Juan Guillén, en la que se añadía la coletilla de que la mercantil fuese condenada, con sentencia firme, por el tribunal competente mientras dejaba patente que el ayuntamiento «en ningún caso podrá inhibirse en sus obligaciones como administración con las empresas pues esto podría tener consecuencias para el consistorio como es el caso de pedir una licencia de actividades si cumple con todos los requisitos». Tras añadir esta propuesta, la moción fue aprobada con los votos de todos los concejales de la corporación con excepción de los del PP, que decidieron abstenerse en este asunto.
Del mismo modo, se añadió también una enmienda de adición presentada por el portavoz de Esquerra Unida (EU), Guillermo Sampedro, por la cual el consistorio saguntino también rechazará tener trato institucional con aquellas empresas que se benefician de la explotación infantil así como del trabajo forzoso, y con mercantiles que violen la legislación española o internacional sobre el comercio de armas.
Finalmente el plenario también aprobó que el Ayuntamiento de Sagunto promoverá acciones formativas para las entidades cívicas del municipio para prevenir sobre este fenómeno «que evita la verdadera mejora de la calidad ambiental y del respeto por los recursos naturales de nuestra localidad».
Durante el debate de esta moción se hicieron múltiples referencias a la multinacional cementera LafargeHolcim aunque en ningún momento se nombró a la empresa, a pesar de la insistencia del portavoz del PP, Sergio Muniesa, a la edila nacionalista, Teresa García, en varias ocasiones para que pusiera «nombres y apellidos» a las mercantiles locales que pueden ser acusadas de este delito.
Aunque la concejala de Compromís se negó a decir el nombre de esta empresa, dejó claras las referencias a la misma al señalar cosas como que «es más fácil financiar a la falla más sostenible o dar cursos de educación ambiental en los colegios que cumplir con la reglamentación en la extracción de áridos así como la legislación en materia ambiental porque les sale más barato pero no tienen en cuenta los efectos nocivos que causa en los vecinos del municipio».
Así pues, el concejal de Ciudadanos, Raúl Castillo, acusó a los nacionalistas de pretender ser «juez y parte» en este asunto mientras que el edil del PP, Sergio Muniesa, aseguró que esta moción «pretende verter sospechas veladas sobre las empresas locales en general, algo que le hace un flaco favor a nuestra ciudad».
