Tal y como adelantó ayer este periódico en su edición digital, la tramitación en Medio Ambiente de la prórroga de ocupación de monte público a favor de la planta cementera de Lafarge, enfila su recta final. Efectivamente, en la mañana de ayer se celebró en el Ayuntamiento de Sagunto una reunión de la Comisión Especial del Monte de Romeu, para dar cuenta a los portavoces de los grupos políticos municipales de la apertura de trámite de audiencia al Ayuntamiento de Sagunto por parte de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para que la instancia municipal pueda presentar las alegaciones correspondientes al borrador de dictamen, elaborado por la Conselleria, que es favorable a la ocupación de monte público por parte de la cementera Lafarge.
El Ayuntamiento de Sagunto recibió el pasado día 12 la comunicación de apertura del trámite de audiencia, por lo que, al tener un periodo de 15 días para alegar, el consistorio tiene de plazo hasta el próximo 27 de junio. En este sentido cabe señalar que, para la mañana del próximo día 20 de junio, se volverá a reunir la Comisión Especial del Monte de Romeu, donde se procederá a dictaminar las alegaciones presentadas por el cuatripartito municipal y, una vez cubierto este trámite, el asunto se llevará a un pleno extraordinario, que se celebrará el 23 de junio, donde la Corporación municipal se pronunciará a favor o en contra de dichas alegaciones.
Pleno decisivo
Ni que decir tiene que el resultado de la citada sesión plenaria puede favorecer o dificultar la resolución final que emita Medio Ambiente, ya que el cuatripartito llevará a dicha sesión varias alegaciones que se recogen en el dictamen municipal desfavorable sobre el pliego de condiciones redactadas por la Conselleria de Medio Ambiente en el expediente OCM-V-003/2015.
Propuesta de resolución
Según el borrador de resolución, que ha remitido la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural al Ayuntamiento de Sagunto, para que presente las correspondientes alegaciones, la prórroga que se concede es de 24 años y 11 meses, es decir, hasta 2042, tal y como se desprende del primer punto de la propuesta de resolución elaborada por la citada Consellería: «Autorizar la ocupación solicitada por la empresa LAFARGE CEMENTOS S.A.U., de 33 hectáreas de terrenos del monte de utilidad pública número 131 del Catálogo de Montes de Dominio Público y Utilidad Pública de la Provincia de Valencia, sito en el término municipal de Sagunto y propiedad de su Ayuntamiento, para la explotación (incluida su restauración) de la cantera de áridos denominada "Salt del Llop" número 2366 bis. El plazo de vigencia recogido en el pliego es de 24 años y 11 meses, a partir del día 1 de enero de 2018».
Asimismo, se indica en el segundo punto de la propuesta de resolución que: «El beneficiario de la ocupación, queda obligado a ingresar a favor del ayuntamiento de Sagunto, propietario del monte afectado, en concepto de canon anual, las cantidades establecidas en el apartado 4 del pliego de condiciones de fecha 5 de julio de 2016. Una vez realizado el pago deberá remitir a la Dirección Territorial de Valencia, el justificante del ingreso (ejemplar para la Administración) debidamente mecanizado por la oficina bancaria».
Sin embargo, de esta cuantía el Ayuntamiento de Sagunto tendrá que reservar una parte para mejora del monte, tal y como establece en el apartado tercero: «Por su parte el Ayuntamiento de Sagunto de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, deberá ingresar en la cuenta de mejoras del monte el impone correspondiente al 15% de la cantidad percibida».
También se deja claro en la propuesta de resolución que: «La ocupación se autoriza con estricta sujeción a los informes y planos que figuran en el expediente, así como al Pliego de condiciones particulares que rige la ocupación. El beneficiario —prosigue la propuesta resolución— será responsable de señalizar debidamente las obras, así como de los daños y perjuicios que puedan originarse a las personas o bienes, tanto en la fase de ejecución como en su mantenimiento, mientras dure el plazo de la ocupación».
Teresa García: «Lo que Conselleria no puede hacer, es mirar a otra parte»
La concejala delegada de Presidencia y Medio Ambiente, Teresa García, explica los ejes principales de la propuesta de dictamen municipal desfavorable a la resolución planteada por Medio Ambiente, al entender que hay 12 argumentos desfavorables en contra del pliego que regirá la ocupación del monte público. De estos puntos, cinco de ellos son considerados como cuestiones de estricta legalidad que han sido obviadas e ignoradas por el órgano autonómico que tiene la competencia de decidir la autorización.
Sobre todo, se hace hincapié en lo que se considera una consolidación material de una infracción urbanística, ya que la delimitación de 33 hectáreas «supondrán la ratificación autonómica material, por medio de actuaciones administrativas delimitadoras de una infracción urbanística sobre suelo no urbanizable protegido donde el uso extractivo no está tolerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto».
Otra de las cuestiones legales en que la propuesta incide «son los indicios de vulneración grave de la concesión demanial para la explotación de la cantera otorgada en 1988, declarado como un incumplimiento muy grave por el pleno el 30 de mayo de este», apunta Teresa García.
En este sentido, la concejala delegada de Medio Ambiente y Presidencia también ha señalado: «la Conselleria está adoleciendo durante todo el proceso de tramitación de este expediente de una dejadez que al final está encubriendo dos irregularidades que son muy graves y siendo Conselleria la garante del medio ambiente. Esas irregularidades son la destrucción de una montaña pública protegida y el abuso de una multinacional al respecto del contrato que tenía con el ayuntamiento en relación a la extracción de la piedra en esa zona. Lo que Conselleria no puede hacer es mirar a otra parte. Nosotros desde el minuto 1 estamos diciendo que hay esas consideraciones de ilegalidad y en ningún momento ha entrado a hacer referencia a las mismas. De hecho tomar una decisión que no considere esas dos irregularidades es encubrirlas y la Conselleria no puede ser encubridora de los abusos de una multinacional al respecto de la explotación de un bien público protegido cómo es la montaña pública».
Por esos motivos, García exige a la Conselleria de Medio Ambiente que actúe en defensa de los intereses públicos como está haciendo el Ayuntamiento de Sagunto. «Tenemos la obligación de en aquellos lugares donde los recursos ambientales se hayan visto agredidos de la manera que sea retornarlos a su estado original. La conselleria está dejando de ejercer sus funciones. No entendemos por qué está dejando desasistida a una administración que sí que está haciendo el trabajo, técnico y jurídico de una manera ejemplar, cuando es una competencia suya. Nosotros en este caso lo que hacemos es informar de lo que hay, pero la que decide lo que hay es la propia conselleria. Lo que no puede hacer en ese caso es obviarlas y si lo hace que sea consecuente con lo que hace de cara a los tribunales. Estamos hablando de que estas irregularidades pueden desembocar en un delito ecológico y en una prevaricación. Y son delitos muy graves como para que la conselleria lo considere a la hora de ejercer sus competencias y adoptar las resoluciones que correspondan».
Finalmente, la edil nacionalista y diputada autonómica por Compromís ha referido que: «Los tiempos en que la Conselleria de Medio Ambiente actúe como si todavía estuviera el PP y la señora Bonig, y los resultados de la gestión de la señora Bonig caen todos en los tribunales tal y como Compromís per Sagunt y las entidades cívicas de este municipio han podido demostrar, han pasado. Si efectivamente ha habido un cambio de gobierno y se está trabajando para dignificar las instituciones a nivel de la Generalitat Valenciana, la conselleria no puede obviar dos requerimientos que son de legalidad, estamos hablando de legalidad, no de oportunidad política. De cumplir la legalidad y de tener cuidado de los recursos ambientales que hay en nuestro país y en nuestro municipio».
Bonilles Romeu: Tambores de guerra
Después de dos años batallando, es evidente que el borrador de resolución presentado por Medio Ambiente, ha supuesto un jarro de agua fría para los vecinos de Bonilles-Romeu, que tras conocer la propuesta de resolución, completamente desfavorable a sus intereses, anuncian acciones legales.
En este sentido indican desde esta entidad vecinal que: «Ante la posibilidad de que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural se pronuncie finalmente en los términos del borrador presentado favorable a prorrogar la explotación de la cantera del Salt del Llop hasta 2042, sin tener en cuenta las infracciones graves llevadas a cabo por la empresa Lafarge respecto a las cotas autorizadas en la concesión municipal y respecto a la ocupación ilegal de terrenos de Monte Público municipal, ambas cuestiones documentadas por el ayuntamiento de Sagunt, desde la Asociación de Vecinos de Bonilles-Romeu, y otras entidades, emprenderemos las correspondientes acciones legales para defender el interés público y la legalidad».
Recuerdan desde esta entidad vecinal que serán los tribunales los que diriman este conflcito: «Cómo siempre hemos mantenido, este es un tema que van a dirimir los tribunales, ya que las presiones de la multinacional, la cobardía de algunos y la defensa de intereses distintos a los del interés general de algunos cargos políticos y funcionarios públicos les impiden ser tajantes en su obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad».
Ya adelantan desde la Asociación de Vecinos Bonilles-Romeu que presentarán un contencioso administrativo: «Al no ser tenidas en cuenta por parte de la Conselleria nuestras alegaciones, ni las presentadas por el Ayuntamiento de Sagunto, respecto a los incumplimientos de la concesión municipal de la cantera del Salt del Llop por parte de Lafarge y otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la cantera, factores que supondrían importantes restricciones para la continuidad de la actividad extractiva, o incluso la imposibilidad legal de volver a ser concesionaria, vamos a recurrir de nuevo al contencioso-administrativo por prevaricación contra la Conselleria si se mantiene firme dicha propuesta de resolución».
Tampoco escaparán a las acciones legales vecinales por prevaricación los representantes municipales: «Por otro lado, también vamos a iniciar acciones legales por prevaricación contra aquellos representantes municipales, que por activa o pasiva, permitan o toleren la ocultación de infracciones por parte de Lafarge en la explotación de la cantera del Salt del Llop de Romeu, cuando se trata de un bien de dominio público, y su obligación es la defender el interés general y la legalidad. En este caso, si finalmente fuera necesario, no se tratara únicamente de una denuncia por prevaricación administrativa, sino que se elevará a la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJCV por delito ecológico por la vía penal personal de los responsables, adjuntando la abundante documentación probatoria y las actas de los plenos municipales con el sentido de sus votos».
Reconocen desde Bonilles-Romeu que las medidas que anuncian son desagradables, pero aseguran que no les han dejado otra posibilidad: «Se trata de medidas desagradables, pero visto que parece que no va a prevalecer el interés general, la legalidad y el sentido común, nos vemos obligados a recurrir de nuevo a la justicia para defender nuestros derechos colectivos, el interés público y la legalidad hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase y caiga quien caiga».
IP: «Ilegalidad no acreditada»
Iniciativa Porteña, que, desde el principio del conflicto de Lafarge, ha defendido la continuidad de esta factoría en el marco de una población de tradición industrial, como es El Puerto, se ha mostrado moderadamente satisfecha ante la propuesta de resolución planteada por Medio Ambiente, sin embargo, su portavoz, Manuel González, considera que no hay que bajar la guardia en esta recta final: «satisfacción por la propuesta de Conselleria, aunque también quiero manifestar mi preocupación ante la actitud del Ayuntamiento, que ahora mismo persigue cerrar cualquier posibilidad de acuerdo con la cementera, con acusaciones de incumplimiento y presuntas ilegalidades que no han sido acreditadas».
Respecto al borrador de resolución, desde IP destacan la propuesta que realizaron los ediles de IP en el pleno del 17 de enro: «El borrador de la resolución contiene antecedentes y diferentes puntos entre los que destacaría el acuerdo del Pleno del 17 de enero de este mismo año, en el cual se aprobó una enmienda presentada por Iniciativa Porteña, en la que se consiguió el apoyo unánime del pleno para que este se posicionara favorablemente a la ocupación. Iniciativa Porteña ha sido decisiva puesto que ese acuerdo es uno de los argumentos que sostiene la propuesta. Por otro lado, también se ha tenido en cuenta que ante el dictamen desfavorable a los pliegos, que intentó aprobar el equipo de gobierno, Compromís y ADN se quedaron solos y fue tumbado, lo cual ha sido interpretado desde Conselleria como una posición favorable a esos pliegos de ocupación».
Sin embargo, el líder segregacionista no da la batalla por ganada, todavía, y considera que el pleno del próximo día 23 será vital: «el próximo pleno es vital, puesto que si se consigue evitar esas alegaciones y el Ayuntamiento no se opone a la propuesta de Conselleria, el futuro inmediato de Lafarge quedaría bien atado. Por otro lado, esta solución abriría un nuevo escenario de negociación, evidentemente sin la presión de cierre de la planta».
Es por este motivo por el que el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, adelanta que su grupo votará en contra de las alegaciones: «IP no aprobará las alegaciones que pretende presentar el equipo de gobierno, puesto que si no se acepta este dictamen, la resolución final recaerá sobre el Consell, con lo que inevitablemente se agotarán los plazos y ese juego es muy peligroso de cara a mantener la actividad en la planta y por lo tanto, el empleo».
