Tal y como ha adelantado El Económico esta mañana, la Comisión Informativa Especial de Seguimiento del Convenio Lafarge Cementos SAU-Ayuntamiento se ha reunido para presentar un informe jurídico y el informe elaborado por el instructor del departamento municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto. También se ha indicado en la información servida esta mañana por este digital que el asunto se llevaría al pleno municipal del martes. Pues bien, según nota informativa suministrada por el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sagunto, se indica que el pleno municipal decidirá el próximo martes si declara el incumplimiento muy grave del contenido de la concesión adjudicada en 1988 a la cementera para la cantera. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, las fuerzas de la oposición municipal, es decir, PP, IP y Ciudadanos, votarán, con toda probabilidad, en contra de este pronunciamiento, por lo que serán los cuatro partidos que forman el Gobierno de Sagunto: Compromís, Esquerra Unida, PSOE y ADN Morvedre, la marca blanca de Podemos, los que tendrán que tomar la decisión.
Sobre esta nueva entrega del litigio entre el cuatripartito de Sagunto y la cementera, el informe del instructor del expediente propone rechazar las alegaciones realizadas por la empresa, tal y como ha declarado la concejala de Medio Ambiente, Teresa García. «Al respecto de las alegaciones que había hecho la empresa, que podría haber una responsabilidad penal respecto a las decisiones que se pudieran tomar desde el ayuntamiento, consultadas diferentes opiniones jurídicas remarcan la falta de fundamento jurídico de esa apreciación, en el sentido de que el ayuntamiento lo que está haciendo es defender su patrimonio, que es público, de todos los saguntinos y saguntinas. Por tanto, el ayuntamiento está ejerciendo sus obligaciones y sólo está procediendo a exigir a una concesionaria de un suelo público, propiedad municipal, que cumpla con las condiciones de esa concesión que se ha detectado que no se cumplen». Se refiere la edil de presidencia al informe que, a instancias de la propia Alcaldía, ha sido encargado al bufete de abogados que está contratado por el Ayuntamiento de Sagunto.
La concejala nacionalista de Compromís, Teresa García, en referencia al expediente sobre las posibles irregularidades cometidas por Lafarge, ha explicado que «nos hemos encontrado con una infracción urbanística y un incumplimiento de la concesión, según dicen nuestros textos y así lo respalda el informe, en el que se dice que se han sobrepasado las cotas de la concesión que tenían en Salt del Llop y, por tanto, en los lugares donde no se pueda extraer, porque no está autorizado, no se extraerá. En las áreas donde todavía no se ha llegado a esa cota efectivamente la extracción puede continuar».
Asimismo, sobre esta cuestión, aclara la edil García: «entre las dos posibilidades que teníamos, dentro del procedimiento de revisión del grado de cumplimiento de la concesión, una de ellas es la resolución del contrato, y otra es dar permiso a la extracción en aquellos lugares en los que esté en regla y evitar que se continúe la extracción allí donde no está autorizado. De las dos opciones hemos escogido la segunda, aquella que permite la continuación de la actividad, porque entendemos que la empresa tiene unas obligaciones respecto de la restauración, y se demuestra con esta acción que el ayuntamiento no va en contra de la empresa, sino que lo que se ha de exigir es que cumpla con los preceptos legales que se le exigían en cuanto a su explotación, y que cumpla también con sus obligaciones respecto a la restauración».
Concluye la concejal de Compromís, Teresa García, indicando que, con este proceder se desmontan falsos argumentos: «Así se desmontan falsos argumentos en cuanto a intereses que pueda tener el ayuntamiento, ya que hay que destacar que el expediente ha sido, técnicamente, impecable, y el equipo de Gobierno, únicamente, se ha limitado a aplicar la ley, porque efectivamente la empresa no puede eludir sus responsabilidades legales y jurídicas al respecto de bienes que son públicos en los que están como inquilinos, no como propietarios». Más adelante García ha concluido sus manifestaciones indicando: «esperamos que la cementera acate estas irregularidades que hemos detectado, que las repare y las subsane, y que trabaje en la restauración del bien que tiene que abandonar en las mismas condiciones en las que le fue concedido».
