En el pleno celebrado en la tarde del pasado de 17 de enero, convocado a instancias de las tres fuerzas políticas de la oposición municipal: Partido Popular, Iniciativa Porteña y Ciudadanos, la Corporación municipal saguntina tomó un acuerdo, partiendo de hechos que, en el momento de la celebración de la sesión plenaria, al parecer no eran ciertos. Efectivamente, el acalde de la ciudad, Francesc Fernández, asistido en todo momento por el secretario general del Ayuntamiento de Sagunto, informó al inicio de la sesión plenaria de que desde el 13 de enero de 2017 estaba acordada la suspensión de la tramitación del expediente administrativo que se sigue en la Generalitat, relativo al procedimiento con referencia OCM-V-003/2015 sobre ocupación de monte de utilidad pública.
Sin embargo, el anuncio realizado en el pleno municipal sobre la suspensión del procedimiento, que incluso fue filtrado previamente desde el Gobierno municipal a la prensa, se sustenta en el documento, posteriormente distribuido, firmado por Antoni Marzo Pastor, director general de Medio natural y de Evaluación Ambiental con fecha de 13 de enero de 2017 y que tuvo salida oficial de la Generalitat Valenciana el 17 de enero.
En dicho documento, el director general firmante del mismo, viene a solicitar al instructor la suspensión del procedimiento, según figura en el último párrafo del escrito: «solicitar al instructor del procedimiento administrativo de ocupación de monte público número 131 del C.U.P. "Bonilles, Fontanelles y otros", en el término municipal de Sagunto, con referencia OCM-V-003/2015, para la explotación de cantera de piedra caliza, solicitada por "Lafarge Cementos, S.A., Sociedad Unipersonal", la suspensión del plazo máximo legal para resolver dicho procedimiento y notificar la resolución, hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones, hecho que se constatará mediante declaración formulada al respecto por esta dirección general o por los interesados, de conformidad con el citada precepto, y en todo caso hasta el día 15 de febrero de 2017».
Como argumento justificativo para que el instructor procediera a suspender el procedimiento, Antoni Marzo Pastor hace referencia en el mismo documento a las negociaciones que viene manteniendo el Ayuntamiento, la cementera y la propia Generalitat, haciendo referencia a la reunión del día 12 de enero, celebrada en Valencia: «Hace varios meses se iniciaron negociaciones entre representantes del Ayuntamiento de Sagunto, de la citada mercantil y de esta conselleria en relación con la actividad minera desarrollada por la "Lafarge Cementos, S.A., Sociedad Unipersonal", en el término municipal de Sagunto, y que, en su caso, pueden afectar a la resolución final del mencionado procedimiento administrativo con referencia OCM-V-003/2015. En este sentido, se adjunta copia del acta de la reunión celebrada entre las partes en fecha 12 de enero de 2017, y en el que se fija un plazo máximo para alcanzar un acuerdo global al respecto hasta el 15 de febrero del presente año».
Lo rigurosamente cierto es que en el momento de celebrarse el pleno municipal, en 17 de enero a las 17 horas, existía una petición oficial al instructor por parte del director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, Antoni Marzo Pastor, solicitando la suspensión del procedimiento, que no es de lo que se informó en el pleno municipal, donde sí se afirmó que desde el 13 de enero de 2017 estaba acordada la suspensión de la tramitación del expediente. En base a esta información, el pleno municipal tuvo que tomar un acuerdo distinto del inicialmente planteado. Por ahora, se desconoce qué consecuencias puede tener lo sucedido en el pleno del 17, donde se facilitó a los concejales asistentes al pleno municipal información que al parecer no cierta.
