El huerto de naranjos situado detrás de Ciudadmar, cuyo coste de expropiación se aproxima a los 5 millones de euros
El reciente fallo judicial del Tribunal Supremo, que condena al Ayuntamiento de Sagunto a expropiar los terrenos situados entre la rotonda de la Barca, el vial internúcleos y Ciudadmar, que figuraban originariamente en el planeamiento como un equipamiento escolar, y que tiene una extensión de unos 12.935 metros cuadrados, supondrá para las arcas municipales una nueva indemnización, cercana, en este caso, a los 5 millones de euros, es decir, 3,8 millones por el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiaciones, más los correspondientes intereses de demora. Sin embargo, este revés judicial es él último de una relación que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos 30 años, tal y como se refleja en la tabla que figura más adelante.
Efectivamente, el caso más antiguo es el de las expropiaciones de la calle Pintor Pinazo, con motivo del ensanche de la avenida Camp de Morvedre. En la reunión de la comisión de Gobierno del 18 de noviembre de 2003, el tripartito de progreso tomó el acuerdo de cumplir la sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Sagunto al pago de una deuda e intereses que en su conjunto ascendía, en números redondos, a unos 600.000 euros. Este asunto se venía arrastrando desde mediados de la década de los ochenta, cuando el Ayuntamiento, bajo el Gobierno de la Comisión Gestora, que presidía el hoy portavoz socialista Francisco Crispín, siendo concejal de Urbanismo el socialista ya fallecido, Alfredo Brú Batalla, procedió a la apertura de la Avenida Camp de Morvedre y calle Pintor Pinazo, demoliendo algunas propiedades.
En aquella actuación urbanística los técnicos municipales efectuaron una valoración de los inmuebles derruidos y el suelo sobre el que se levantaban, muy por debajo del valor de mercado. Al no estar de acuerdo algunos propietarios con esta valoración, interpusieron contencioso administrativo contra la decisión municipal, que, finalmente, concluyó con una sentencia dictada en 2003, por la que el municipio quedaba obligado a pagar a los demandantes cerca de 600.000 euros, es decir, 308.746, 69 euros de valor expropiatorio, más los intereses de demora que ascendían a 277.051,51 euros.
Etapa de Girona
De los ocho casos de expropiaciones que figuran en la citada tabla, tres de ellos tuvieron su origen en la gestión urbanística que realizó el equipo del alcalde Manuel Girona, en la legislatura que transcurrió entre 1991 y 1995. Efectivamente, de los tres casos, el de menor cuantía fue en de la Unidad de Actuación 15 (UA-15) de una superficie de 20.810 metros cuadrados, que es la pastilla de terreno situada entre las calles Luis Cendoya y Sindicalista Torres Casado, fue urbanizada a principios de la década de 1990 por la empresa promotora propietaria del suelo, Promotora Saguntina S.A. En aquellas fechas, el Ayuntamiento de la ciudad vinculó en la revisión del PGOU una serie de cargas urbanísticas a esta unidad de actuación, que a juicio de la empresa eran desproporcionadas.
Efectivamente, de los 20.810 metros cuadrados de superficie, se obligó a la compañía urbanizadora a ceder para viales 14.255 metros cuadrados y otros 2.950 para zonas verdes, en consecuencia, la superficie útil para construcción de viviendas fue de 3.605 metros cuadrados. Asimismo, el Ayuntamiento obligó a la empresa a correr con los gastos de urbanización del vial, que superó con creces los 600.000 euros, 100 millones de pesetas de la época.
Ante tal cantidad de cargas urbanísticas que aplicó a esta unidad de actuación el Ayuntamiento, en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto (PGOU), la empresa promotora interpuso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en noviembre de 1992 contra la decisión municipal y las resoluciones de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, aprobatorias de la revisión del citado PGOU.
La sala de lo Contencioso Administrativo del mencionado Tribunal dictó sentencia favorable a la empresa promotora el 19 de julio de 1996. Contra dicha sentencia, el equipo de Gobierno que presidía el socialista Manuel Girona, siendo concejal de Urbanismo, Rafael Tabarés, presentó recurso de casación el 13 de marzo de 1997, faltando menos de un mes para que prosperara el voto de censura que elevó a la alcaldía a Silvestre Borrás el 3 de abril de 1997. A la iniciativa municipal de presentar recurso de casación también se sumó la Consellería de Obras Públicas, aunque optó finalmente por retirarse, al considerar que dicho recurso no prosperaría en la instancia superior.
El recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento fue rechazado por el alto tribunal en sentencia de 25 de junio de 2001, por lo que el fallo del TSJCV de 19 de julio de 1996 se transformaba en firme a todos los efectos.
Plaza de la Morería
A la etapa de Manuel Girona se debe atribuir también el caso de la Plaza de la Morería. El conflicto se suscita a mediados de 1991, fecha en la que la empresa constructora, propiedad entre otros, de los hermanos Aranda Raga, solicitó licencia para edificar en uno de los solares del antiguo campo Romeu, hoy plaza de la Antigua Morería, en concreto, en la parcela situada entre la calles Alorco, Huertos y Antigua Morería. Se produjo un prolongado silencio administrativo por parte del Ayuntamiento de Sagunto, que desencadenó en una tardanza de varios años. Esta situación obligó a la empresa a despedir a los trabajadores y afrontar un quebranto económico.
La empresa promotora interpuso contencioso administrativo ante el tribunal, recayendo sentencia el 29 de septiembre de 1997, que estimó el recurso y reconoció a la parte demandante derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos. Por otro lado, cabe recordar que en agosto de 1997 se produjo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Sagunto, que modificó la edificabilidad y, además, obligó a utilizar determinados materiales especiales.
En cuanto a los perjuicios sufridos por la promotora de Joaquín Aranda Raga y sus socios, cabría clasificarlos de dos formas, por un lado, mayores costes incurridos en la obra y, por otro, lucro cesante por menores ventas y mayor coste de construcción ante la modificación de la edificabilidad. El 17 de junio de 2005 el tribunal dictó un auto en incidente de ejecución por el que cifraba la indemnización en 2.651.473 euros. En la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto celebrada el 17 de junio de 2005, que presidía la socialista Gloria Calero, se da cuenta del fallo judicial. Será en la reunión de este órgano, del ocho de febrero de 2006, cuando la misma junta de Gobierno decida comunicar a Cuatrecasas Abogados, que interponga el recurso de casación contra el auto de tres de noviembre de 2005, que ratifica el anterior de 17 de junio de 2005. Finalizó el proceso con la respuesta del Supremo, desestimando las peticiones del Ayuntamiento de Sagunto y confirmando que debía indemnizar a los recurrentes por la cuantía antes citada, a los que se deberán añadir los intereses de demora que se calcularían posteriormente, además del pago de las abundantes costas.
Plaza Ángel Perales
Un caso que con posterioridad también ha tenido mucha repercusión, ya que ha supuesto un desembolso para el Ayuntamiento de Sagunto de 5,3 millones de euros, ha sido el de la expropiación de los terrenos de la Plaza Ángel Perales de Puerto de Sagunto, cuya ocupación ilegal de los terrenos fue ordenada por el equipo de Gobierno que presidía Girona, quién inauguró la zona verde el 29 de abril de 1995, poco antes de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron en aquel año.
El otro caso de cuantía económica muy importante fue el de la expropiación a la empresa Iconsa de las parcelas del Borde Sur del Puerto de Sagunto, en la legislatura 2007-2011, cuando gobernada el Partido Popular, que, junto con IP, impulsó una operación urbanística para urbanizar el Borde Sur Este del núcleo porteño y, de paso, recuperar la propiedad de la Gerencia. El resto de casos son operaciones de menor cuantía, como la expropiación de los terrenos adyacentes al Polideportivo José Veral o el solar de Quevedo en el casco histórico, que, en breve, se transformará en un espacio abierto para la ciudadanía.
