Mientras la misma protesta en Valencia ha sido seguida por 300 personas, el paro convocado por jueces y fiscales contra la reforma de la Ley del Poder Judicial, no sólo ha logrado convocar a letrados, y algunos representantes políticos, en la concentración prevista a las puertas de los juzgados de Sagunto este mediodía.
Tampoco se ha producido un apoyo significativo de los funcionarios judiciales, que estaban llamados por el sindicato CSI-F a incorporarse a las protestas a partir de las 12:30 horas, media hora más tarde del inicio de la concentración.
Los motivos de las protestas incluían varios aspectos de la ley preparada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, incluyendo las tasas judiciales, que según se ha denunciado repetidas veces, supondrán una barrera infranqueable para el acceso de la justicia de las clases con menos recursos, mientras que los funcionarios también protestaban por la movilidad de los funcionarios, que podrán ser cambiados de ciudad de trabajo cuando la administración invoque necesidades de personal, o la entrega de los servicios de registro civil, actualmente gratuitos, y que habían sido recientemente digitalizados para favorecer la gestión a telemática, a manos de los registradores de la propiedad que comenzarán a cobrar por los mismos servicios.
Tampoco se ha producido un apoyo significativo de los funcionarios judiciales, que estaban llamados por el sindicato CSI-F a incorporarse a las protestas a partir de las 12:30 horas, media hora más tarde del inicio de la concentración.
Los motivos de las protestas incluían varios aspectos de la ley preparada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, incluyendo las tasas judiciales, que según se ha denunciado repetidas veces, supondrán una barrera infranqueable para el acceso de la justicia de las clases con menos recursos, mientras que los funcionarios también protestaban por la movilidad de los funcionarios, que podrán ser cambiados de ciudad de trabajo cuando la administración invoque necesidades de personal, o la entrega de los servicios de registro civil, actualmente gratuitos, y que habían sido recientemente digitalizados para favorecer la gestión a telemática, a manos de los registradores de la propiedad que comenzarán a cobrar por los mismos servicios.
