Superficie ocupada por la cantera en la montaña Romeu
Las dos asociaciones han realizado una declaración conjunta en la que entienden como «inadmisible» que se afirme que sus entidades no están legitimadas como parte interesada para la interposición de recursos contra la DIC para la explotación minera de una zona que es Monte de Utilidad Pública, considerando el tema no sólo un asunto jurídico, sino directamente «de sentido común». «Como ciudadanos del municipio, y en muchos casos como vecinos de la zona contigua a la hipotética explotación minera, y por tanto interesados en la conservación de una zona patrimonial de gran valor público y por los perjuicios y riesgos que supone para nuestros derechos como vecinos estamos legalmente capacitados para formular alegaciones o recursos según la Ley 30/1992 y la normativa europea de acceso a la información y a la justicia en materia de medio ambiente. Si los vecinos más afectados por una explotación minera supuestamente no pueden alegar en contra, ¿quién lo puede hacer entonces?» se preguntan.
A este respecto Elena Azpilicueta, miembro de la Plataforma en Defensa de la montaña Romeu, y residente en las inmediaciones de la cantera que va a ser ampliada, transmitía la inquietud de los vecinos al afirmar que «somos nosotros los que no sólo nos vamos a tragar el polvo y el ruido que genera una explotación de este tipo, sino que vamos a ver como el valor de nuestras propiedades desciende precisamente por esa actividad».
«Una Interesada Connivencia»
Pero en su declaración ambas entidades van más allá cuando, al expresar su intraquilidad con el desarrollo de los acontecimientos aseguran: «consideramos que todo se trata de una maniobra orquestada para intentar evitar entrar a valorar el fondo de los recursos presentados, porque la extraña decisión de la Conselleria de anular una resolución firme de denegación de la DIC para ampliar la cantera del Salt del Llop de Romeu es contraria a derecho, y por otro lado pensamos que la demora en la notificación o no notificación de la resolución de los recursos se ha hecho deliberadamente para dejar trascurrir los 3 meses de plazo para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la Conselleria ante la justicia. Transcurridos más de 4 meses sin recibir notificación alguna de resolución desde la presentación de los recursos de reposición en el mes de julio, consideramos que se ha producido silencio administrativo, ya que según la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se establece un plazo de un mes para resolver los recursos de reposición, por ello vamos a analizar el sentido de este silencio administrativo y sus implicaciones». E incluso hablan de que un hecho tan preocupante muestra «indicios de una posible connivencia entre Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Sagunto y la empresa Lafarge en función de los intereses económicos de esta última para intentar burlar la legislación en el proceso administrativo».
Desde la Asociación Tres Barrancos se aseguran que sienten que se han atropellado sus derechos y piden una reunión urgente con el alcalde para que les aclare, de una vez, la postura del Consistorio que, en estos momentos, negocia ya el convenio que firmará con la cementera para la ampliación de la cantera. Aunque de momento lo único que tienen ya acordado es una reunión con el grupo municipal de Bloc-Compromís— que tendrá lugar a principios de la semana que viene— para tratar como sumarse al recurso que interpusieron el diputado autonómico Enric Morera y el concejal Quico Fernàndez.
