El portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Rafa Garzó, señala que esta reunión, que ha durado 45 minutos, ha puesto de manifiesto que no se ha avanzado en las gestiones que debía realizar Ayuntamiento, «pero nos ha parecido como mínimo sorprendente que sea el Consistorio y las empresas privadas quienes tengan que salir al rescate del Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. (IVVSA)». Esta afirmación la realiza Garzó por el hecho de que el IVSSA tiene 47 viviendas vacías entre el barrio Baladre y Bajo Vías, pendientes de una reparación y este organismo dependiente de la Generalitat «no está cumpliendo con su obligación de rehabilitar esos pisos para que los ocupen otras familias de ese gran listado de 470 familias que han solicitado una vivienda social».
Según ha hecho público el Gobierno de Sagunto, el Ayuntamiento y el IVVSA tienen previsto firmar un convenio para que el Instituto de la Vivienda ceda temporalmente la titularidad de los pisos al Consistorio, con el fin de que éste pueda reparar todas las casas para que puedan ser utilizadas por las familias más necesitadas del municipio.
Las 47 viviendas que precisan reparaciones tienen un coste medio de entre 6.000 y 7.000 euros por casa, lo que el total de las obras superaría los 300.000 euros y permitiría a las familias más necesitadas poder habitarlas. «El alcalde Alfredo Castelló considera vital el convenio con el IVVSA y que las empresas se impliquen económicamente. Por ello el Ayuntamiento ha solicitado a los empresarios del municipio que se sumen a esta iniciativa con aportaciones económicas, que se destinarán íntegramente a las reparaciones. Para lo cual, el alcalde, ha convocado a los representantes de las firmas empresariales para que acudan a una reunión que se celebrará el próximo día 30 de enero en la casa consistorial, y en la que se abordará este asunto.
Según han informado en la sesión de la Comisión Especial, el Consistorio ha previsto una partida de 50.000 euros en el borrador del presupuesto municipal, «esperan otros 50.000 del IVVSA y el resto de aportaciones de las empresas privadas», señalan desde la PAH que el Instituto Valenciano de la Vivienda ha dejado de atender esas viviendas desde hace tiempo, porque las 47 pisos no se han quedado vacíos a la vez y no se ha tenido en cuenta la gran demanda de vivienda social que hay. «Y si el IVVSA se encuentra en una situación precaria económicamente, lo que debía haber hecho es priorizar en la remodelación de su parque de viviendas públicas».
En cualquier caso, la medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Sagunto, les parece a los miembros de la Plataforma que va a ser «una opción lenta, ya que hay que aprobar el convenio, aprobar el presupuesto municipal y además las obras dependen también de que las empresas privadas aporten cantidad económicas. La iniciativa privada al igual que la IVVSA pueden argumentar que se encuentran en una situación económica delicada».
Desde la PAH realizaron la propuesta de que fuera la Escuela Taller la que remodelara las viviendas públicas vacías, para que el coste de las obras fuera más barato, «pero con financiación del IVVSA, no del Ayuntamiento con el dinero de todos los contribuyentes», destaca Garzó.
«Bono se escuda en que ni bancos ni juzgados
responden a los llamamientos de la Comisión»
En la primera reunión de la citada Comisión Especial para seguimiento de los desahucios, que se celebró hace tres meses, se marcaron algunas gestiones con diversos organismos que se debía llevar a cabo desde el Ayuntamiento, coordinados por la concejal de Bienestar Social, Davinia Bono. Como era entrevistarse con el Juez Decano de Sagunto para invitarle a que forme parte de la Comisión además de transmitirle la posibilidad de paralizar los desahucios por motivos económicos. Otra de las cuestiones que propusieron desde la PAH, y que había que transmitir al Juez, era la reducción de las fuerzas policiales en los desahucios, «porque parece que los afectados por los desalojos seamos delincuentes, cuando son los bancos los que no atienden a razones ni dialogan con las personas que no puedan pagar la hipoteca para encontrar otra solución». Desde la Plataforma se hizo también la propuestas de que las viviendas que las entidades financieras tienen vacías se alquilaran a través del Ayuntamiento de un alquiler social de un 30%.
Pero según aseguran desde la Plataforma, nada de esto se ha hecho, y la única explicación que han obtenido por parte que la concejal Davinia Bono, «es que no se ha podido hacer nada porque no ha habido respuesta de juzgados y bancos a ninguna de estas propuestas».
Bono considera que la reunión de la Comisión
ha sido muy positiva
Por su parte la concejala de Bienestar Social, aclara que ni el Juzgado de Sagunto ni las entidades financieras han respondido a las propuestas del Ayuntamiento porque se les ha comunicado esta semana a través de cartas, «la propuesta es ver la posibilidad de hacer una reunión con estos organismos y entidades para elaborar un protocolo de actuación en casos de desahucios», señala Bono.
Añade la concejala popular que se le ha enviado también una carta al Colegio de Abogados (ICAP) con el objeto de firmar un convenio de colaboración entre este organismo y el Ayuntamiento de Sagunto, a través del cual se le preste asistencia legal a las personas desahuciadas, lo que se denomina una oficina de mediación. «Que podría ser útil para negociar con las entidades bancarias, desde el momento que se inicia el trámite de desahucio hasta que este se ejecuta que a veces tarda dos años», apunta la edil de Bienestar Social.
Finalmente, aclara Bono que no está confirmado que el IVSSA vaya aportar dinero a las obras de remodelación de las viviendas vacias de Baladre y Bajo Vías. Y por otro lado, que el Ayuntamiento no se puede adherir a la red de ciudades contra los desahucios porque no existe un documento oficial que recoja dicha organización.
