La censura ejercida por la Diputación de Valencia sobre la exposición de fotoperiodismo Fragments 2009 ha supuesto un bofetón inconcebible en una sociedad democrática como la valenciana en el año 2010, más de tres décadas después de la desaparición del régimen de oprobio que precisamente tenía en la censura y el silenciamiento de la libertad de expresión uno de sus baluartes. Y ha servido para recordarnos a todos que la libertad no puede ser concedida, tiene que ser conquistada. Precisamente en este año en que la Unió de Periodistes cumple su 30 aniversario, arbitrariedades como la que acabamos de sufrir justifican mejor que nada nuestra razón de existir y nuestra propia historia.
Durante estas últimas décadas hemos llegado a dar por hecho que la libertad de expresión es un derecho inalienable en nuestra sociedad. Pues bien, los gobernantes del PP en la Diputación de Valencia nos han devuelto a la cruda realidad: hay que luchar cada día por la libertad de expresión, porque siempre existen enemigos dispuestos a arrebatárnosla agazapados en cualquier esquina, en ocasiones incluso en las instituciones democráticamente elegidas que están obligadas, más que nadie, a velar por su salvaguarda.
Sin embargo, como acabamos de comprobar, los hay quienes no han entendido y posiblemente nunca entenderán ese principio básico. Los hay quienes amparados en el respaldo de unos votos obtenidos para gestionar la res pública lo confunden con un mandato para hacer de su capa un sayo. Desgraciadamente, en la Comunitat Valenciana esta actuación autoritaria y despreciativa hacia los medios de comunicación no es un caso aislado. Nuestro sistema de libertades —en este caso de información— sufre una degradación preocupante a manos de unos gobernantes que no dudan en ningunear a los periodistas, presionar con las ayudas públicas o ignorar sus obligaciones negándose a responder a las preguntas. Y que ha llevado a tener una televisión pública que se ha convertido en un ejemplo burdo de manipulación que sonroja a cualquier profesional digno de tal calificativo.
Pero los periodistas y los medios no somos los dueños de la libertad de información. Sólo somos los albaceas, los depositarios de un derecho que pertenece al conjunto de la sociedad. Somos sólo aquéllos en quienes los ciudadanos confían para contar, analizar y fiscalizar lo que los gobernantes hacen por mandato de las urnas. Por eso, un ataque como el sufrido ahora desde la Diputación de Valencia no lo es contra unos profesionales de la información. Lo es contra el conjunto de la sociedad. Y por eso es un problema que afecta a todos, no sólo a periodistas o medios de comunicación. Por eso, combatir esta degradación de la vida civil valenciana está en manos de todos. Decía el humorista Jaume Perich que «gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco». Pues bien, ésa es una tarea pendiente.
El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, llegó a aludir a su «libertad de opinión» para intentar justificar la censura de Fragments. Román de la Calle recordaba tras su dimisión que esa libertad de opinión no sería posible si antes no existiera la libertad de expresión. Y, en palabras de George Orwell, «la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír». Al parecer, desde algunas instituciones hay muchas cosas que no se quieren oír o, en este caso, ver. Por eso aún tenemos, y siempre tendremos, por delante una ingente tarea: defender día a día esa libertad de expresión. Aun a costa de crearnos enemigos y sufrir difamaciones por quienes se permiten el lujo de intentar dar lecciones cuando su comportamiento, político y social, es, sencillamente, execrable. No podemos olvidar, como afirmaba José Martí, que «la libertad cuesta cara y es necesario comprarla por su precio o resignarse a vivir sin ella».
Durante estas últimas décadas hemos llegado a dar por hecho que la libertad de expresión es un derecho inalienable en nuestra sociedad. Pues bien, los gobernantes del PP en la Diputación de Valencia nos han devuelto a la cruda realidad: hay que luchar cada día por la libertad de expresión, porque siempre existen enemigos dispuestos a arrebatárnosla agazapados en cualquier esquina, en ocasiones incluso en las instituciones democráticamente elegidas que están obligadas, más que nadie, a velar por su salvaguarda.
Sin embargo, como acabamos de comprobar, los hay quienes no han entendido y posiblemente nunca entenderán ese principio básico. Los hay quienes amparados en el respaldo de unos votos obtenidos para gestionar la res pública lo confunden con un mandato para hacer de su capa un sayo. Desgraciadamente, en la Comunitat Valenciana esta actuación autoritaria y despreciativa hacia los medios de comunicación no es un caso aislado. Nuestro sistema de libertades —en este caso de información— sufre una degradación preocupante a manos de unos gobernantes que no dudan en ningunear a los periodistas, presionar con las ayudas públicas o ignorar sus obligaciones negándose a responder a las preguntas. Y que ha llevado a tener una televisión pública que se ha convertido en un ejemplo burdo de manipulación que sonroja a cualquier profesional digno de tal calificativo.
Pero los periodistas y los medios no somos los dueños de la libertad de información. Sólo somos los albaceas, los depositarios de un derecho que pertenece al conjunto de la sociedad. Somos sólo aquéllos en quienes los ciudadanos confían para contar, analizar y fiscalizar lo que los gobernantes hacen por mandato de las urnas. Por eso, un ataque como el sufrido ahora desde la Diputación de Valencia no lo es contra unos profesionales de la información. Lo es contra el conjunto de la sociedad. Y por eso es un problema que afecta a todos, no sólo a periodistas o medios de comunicación. Por eso, combatir esta degradación de la vida civil valenciana está en manos de todos. Decía el humorista Jaume Perich que «gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco». Pues bien, ésa es una tarea pendiente.
El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, llegó a aludir a su «libertad de opinión» para intentar justificar la censura de Fragments. Román de la Calle recordaba tras su dimisión que esa libertad de opinión no sería posible si antes no existiera la libertad de expresión. Y, en palabras de George Orwell, «la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír». Al parecer, desde algunas instituciones hay muchas cosas que no se quieren oír o, en este caso, ver. Por eso aún tenemos, y siempre tendremos, por delante una ingente tarea: defender día a día esa libertad de expresión. Aun a costa de crearnos enemigos y sufrir difamaciones por quienes se permiten el lujo de intentar dar lecciones cuando su comportamiento, político y social, es, sencillamente, execrable. No podemos olvidar, como afirmaba José Martí, que «la libertad cuesta cara y es necesario comprarla por su precio o resignarse a vivir sin ella».
Unió de Periodistes Valencians
