A raíz de las declaraciones del concejal de Deportes José L. Martí negando que con la constitución del nuevo patronato, «se abra el camino a la privatización de las instalaciones deportivas municipales» reflexioné acerca de las privatizaciones en general y en particular del caso concreto del conflicto de los trabajadores de deportes contra la creación de un nuevo patronato.
El fenómeno de las privatizaciones de los servicios públicos no es algo nuevo, pero lamentablemente sí se ha agudizado de manera especial en los últimos años en el conjunto de las Administraciones Públicas.
El caso de Madrid es el más significativo. La presidenta de esta comunidad no se ha cortado y, siguiendo el plan iniciado en la etapa de Aznar en Moncloa, ha puesto en manos de la empresa privada los cuatro nuevos hospitales que Madrid construirá esta legislatura. O, lo que es lo mismo: con el dinero de los contribuyentes levanta los centros médicos, los equipa (también con los impuestos de los ciudadanos) y, cuando todo está acabado, se los entrega a grandes empresas que además no han puesto un euro para un ladrillo.
Esto es sólo el principio de lo que se avecina. No faltan, de hecho, estudios y planes para privatizar los servicios más punteros de los hospitales y mantener en el ámbito público los menos competitivos. A pagar, señores. Un negocio que se prevé redondo. Ni que decir tiene que esto no se limita a la sanidad, en los Ayuntamientos de Getafe o Zaragoza son ya varias las jornadas de lucha sindical contra la privatización de los polideportivos. Y aunque mayoritariamente es el Partido Popular quien inicia estos procesos, la izquierda institucional (PSOE e IU) en algunas ocasiones y penosamente, también asume estos valores: Las instalaciones deportivas en Parla y las piscinas y el mantenimiento de jardines en Leina.
Actuaciones en nuestro entorno más cercano como pueden ser la privatización de los hospitales públicos, la promoción de los centros concertados en detrimento de la enseñanza pública, como bien nos tiene enseñados el señor Camps y Compañía, o la externalización de muchos de los servicios que promueven las corporaciones locales, se han convertido en práctica habitual.
Bien próxima en el tiempo está la intención por parte de la Generalitat de privatizar las nuevas líneas ferroviarias de Valencia y Alacant. Los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han iniciado movilizaciones contra la privatización de nuevos servicios de la empresa pública. La protesta se dirige contra la fórmula de financiación público-privada ideada por la Generalitat para poder terminar la línea 2 de Metrovalencia, que conectará el barrio de Torrefiel, al norte, con el de Natzaret, combinando tramos subterráneos con otros de tranvía y cruzando el casco histórico de Valencia.
Como vemos estos no son casos aislados, la privatización de la residencia de ancianos en Segorbe, de la de la Fundación Municipal Deportiva de Valencia o sin irse más lejos las guarderías infantiles o la futura piscina descubierta en Sagunto no hacen sino confirmar lo anterior.
Con el currículo del Partido Popular a la cabeza de los municipios, es más que lógico que la sombra de una futura privatización haya puesto en guardia a todo el personal y, aún conseguido un principio de acuerdo por el comité de empresa, es evidente que, por más que se afirme por los concejales de turno que no se privatizará, los datos están ahí y parece que a la plantilla no se la va a engañar fácilmente.
El fenómeno de las privatizaciones de los servicios públicos no es algo nuevo, pero lamentablemente sí se ha agudizado de manera especial en los últimos años en el conjunto de las Administraciones Públicas.
El caso de Madrid es el más significativo. La presidenta de esta comunidad no se ha cortado y, siguiendo el plan iniciado en la etapa de Aznar en Moncloa, ha puesto en manos de la empresa privada los cuatro nuevos hospitales que Madrid construirá esta legislatura. O, lo que es lo mismo: con el dinero de los contribuyentes levanta los centros médicos, los equipa (también con los impuestos de los ciudadanos) y, cuando todo está acabado, se los entrega a grandes empresas que además no han puesto un euro para un ladrillo.
Esto es sólo el principio de lo que se avecina. No faltan, de hecho, estudios y planes para privatizar los servicios más punteros de los hospitales y mantener en el ámbito público los menos competitivos. A pagar, señores. Un negocio que se prevé redondo. Ni que decir tiene que esto no se limita a la sanidad, en los Ayuntamientos de Getafe o Zaragoza son ya varias las jornadas de lucha sindical contra la privatización de los polideportivos. Y aunque mayoritariamente es el Partido Popular quien inicia estos procesos, la izquierda institucional (PSOE e IU) en algunas ocasiones y penosamente, también asume estos valores: Las instalaciones deportivas en Parla y las piscinas y el mantenimiento de jardines en Leina.
Actuaciones en nuestro entorno más cercano como pueden ser la privatización de los hospitales públicos, la promoción de los centros concertados en detrimento de la enseñanza pública, como bien nos tiene enseñados el señor Camps y Compañía, o la externalización de muchos de los servicios que promueven las corporaciones locales, se han convertido en práctica habitual.
Bien próxima en el tiempo está la intención por parte de la Generalitat de privatizar las nuevas líneas ferroviarias de Valencia y Alacant. Los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han iniciado movilizaciones contra la privatización de nuevos servicios de la empresa pública. La protesta se dirige contra la fórmula de financiación público-privada ideada por la Generalitat para poder terminar la línea 2 de Metrovalencia, que conectará el barrio de Torrefiel, al norte, con el de Natzaret, combinando tramos subterráneos con otros de tranvía y cruzando el casco histórico de Valencia.
Como vemos estos no son casos aislados, la privatización de la residencia de ancianos en Segorbe, de la de la Fundación Municipal Deportiva de Valencia o sin irse más lejos las guarderías infantiles o la futura piscina descubierta en Sagunto no hacen sino confirmar lo anterior.
Con el currículo del Partido Popular a la cabeza de los municipios, es más que lógico que la sombra de una futura privatización haya puesto en guardia a todo el personal y, aún conseguido un principio de acuerdo por el comité de empresa, es evidente que, por más que se afirme por los concejales de turno que no se privatizará, los datos están ahí y parece que a la plantilla no se la va a engañar fácilmente.
Juan Arroyo Collado
es miembro de la Plataforma de Ciudadanos por la República.
es miembro de la Plataforma de Ciudadanos por la República.
