Siguen resonando, como hemos visto recientemente en las concentraciones frente a las sedes del PSOE, sobre todo en la de la calle Ferraz en Madrid, los ecos del franquismo de la etapa de Alianza Popular, organización fundada por antiguos jerarcas de la dictadura, incluidos siete ministros de Franco, entre ellos, Manuel Fraga, fundador también del PP. Ninguno de ellos fue juzgado ni respondieron de sus actos. Es más, una vez reconvertidos en demócratas y manteniendo aún mucho poder, se colocaron en consejos de administración de grandes empresas estratégicas, entidades bancarias o se dedicaron a la política.
Con esos antecedentes, Aznar y sus adláteres, Núñez Feijóo y Ayuso, se creen todopoderosos e impunes. Se creen con el derecho a controlar todas las instituciones, como están haciendo con el Poder Judicial. Y cuando no pueden, las descalifican como han hecho con el TC y su presidente. ¿Si el TC dictara que la ley de amnistía es inconstitucional, lo seguirían descalificando? ¿Y si dictara, que la ley de amnistía es constitucional, acatarán la sentencia? Es lo que exigieron al gobierno de coalición, cosa que hizo, cuando en diciembre de 2022 avalo la petición de los ‘populares’, paralizando un proceso legislativo en el Parlamento. Un hecho inédito en nuestra democracia. Felipe González, con su silencio, confirma que junto a Aznar, Ayuso y Núñez Feijóo, son el instrumento bien retribuido de los poderes económicos que, controlan también el sector empresarial, mediático, y judicial, cuyo objetivo, con el pretexto de la amnistía, es cargarse a Sánchez y al gobierno de coalición. Decir que la ley de amnistía rompe el espíritu de la transición y la letra de la Constitución, es decir que la transición española fue modélica, pacífica, y nuestra democracia homologable a cualquier país europeo
Entre 1975-1983 hubo cientos de asesinados/as, aunque la inmensa mayoría de los acusados de esos crímenes, quedaron impunes por la connivencia de la extrema derecha, el aparato policial y la mayoría de los jueces. En esa línea quiero hacer mención a la llamada “semana negra”, que acaba de cumplir su 47 aniversario, con los asesinatos de Arturo Ruiz por parte de un Guerrillero de Cristo durante una manifestación por la amnistía de los presos políticos ,de Mariluz Najara un día después por un bote de humo lanzado por la policía durante la manifestación de condena de lo sucedido con Arturo Ruiz y ese mismo día por la noche unos matones de extrema derecha asesinaron a cuatro abogados y un administrativo del despacho de la calle Atocha en Madrid, pertenecientes a CCOO y el PCE. Y por supuesto nadie investigó quién estaba detrás de estos y el resto de los asesinatos.
Es evidente que la Constitución contempla aspectos positivos innegables, con un régimen de libertades individuales y colectivas y derechos conseguidos que no se pueden comparar con la represión y falta de libertades y derechos durante la dictadura franquista. Libertades y derechos que nadie los otorgó, sino que fueron fruto de la movilización social y fundamentalmente de la clase obrera que forzó el final de la dictadura. Pero, al mismo tiempo, se impuso la monarquía borbónica designada por el dictador, sin opción a elegir entre monarquía o república, a la iglesia católica se le otorgó un papel dominante, la enseñanza privada fue protegida en detrimento de la pública, laica y gratuita a todos los niveles, y otras reivindicaciones populares que o se ignoraron o se dejaron en una total ambigüedad. Y lo más grave, en mi opinión, es que no hubo una verdadera ruptura con el régimen franquista, que era una vieja aspiración de la oposición antifranquista. El aparato franquista no fue depurado, como sí ocurrió en Alemania e Italia.
Lo que se produjo fue una serie de continuidades de muchos de los elementos del franquismo que siguen manteniéndose activos como han sido los poderes económicos y empresariales, que amasaron fortunas durante la represión franquistas y lo siguen haciendo en democracia con mucho poder que les permite decidir sobre las actuaciones de partidos políticos de derechas, las líneas editoriales de la mayoría de medios de comunicación y también de buena parte de la judicatura. Se sigue manteniendo al igual que en la dictadura y la transición, una evidente conexión entre sectores policiales, judiciales y mediáticos para perseguir y denunciar sin pruebas o con falsedades contra todo aquello que les estorbe, como ha ocurrido contra Pablo Iglesias y Podemos y que dicho sea de paso han sido absueltos en todos los juicios, incluso alguno de ellos no se celebró por falta de pruebas, archivándose el caso. Buena parte de esos mismos sectores son los que están manteniendo una cruzada contra el gobierno de coalición PSOE-SUMAR, en relación con la amnistía.
Mientras los torturadores, asesinos y los responsables políticos durante la dictadura y la transición, quedaron impunes de sus actos por la ley de amnistía de 1977, hoy en día siguen enterrados en fosas comunes miles de españoles/as asesinados durante la guerra civil y la dictadura, sin que sus familiares, sepan dónde están. Mientras esto siga ocurriendo en España no seremos una democracia homologable a Europa.
Alemania e Italia tienen prohibido por ley la apología del nazismo y el fascismo, e incluso sus códigos penales contemplan cárcel para los que se salten la norma. En esa línea, mientras en España se siga tolerando la exhibición de símbolos franquistas no seremos una democracia homologable a Europa.
José María López Barquero
