El Ministerio para la Transición Ecológica y reto demográfico ha dado un paso más para privatizar los más de 60.000 metros cuadrados de lo que todas y todos conocemos cómo el Malecón de Menera. Con argumentos, a mi juicio, sesgados y absolutamente equivocados, han rechazado de un plumazo todas y cada una de las alegaciones presentadas por Esquerra Unida, Acció Ecologista Agró, la Conselleria de Política Territorial y el Ayuntamiento de Sagunto, entre otras.
Haciendo un poco de memoria hay que recordar que, el inicio de todo esto, se remonta a la autorización de la construcción del embarcadero del Puerto de Sagunto a la Compañía Minera de Sierra Menera en el año 1902. Curiosamente, y a pocos años del cierre de los Altos Hornos se produce la compra más que sospechosa de estos terrenos por parte de Prosagunsa el 9 de julio de 1988. Es decir, se compran unos terrenos que forman parte del Dominio Público (algo absolutamente inconstitucional) justo 19 días antes de la publicación en el BOE de la Ley de Costas aprobada en 1988.
Desde esa fecha todo han sido intentos de excluir estos terrenos del Dominio Público por parte de la compradora. Téngase en cuenta que más de 60.000 metros cuadrados en primera línea de costa son un caramelo para cualquier especulador que se precie. Aún así, y siguiendo criterios en de defensa del interés público, el Ministerio siempre informaba en contra de esta barbaridad.
Después de varios procesos judiciales, y en un cambio inexplicable de 180 grados, el Ministerio de Medio Ambiente inicia el expediente de deslinde de estos terrenos en el año 2012. Esto se produjo sin ningún tipo de informe técnico y vulnerando absolutamente la Ley y el Reglamento de Costas. Afortunadamente y tras mucho tiempo de litigio el Ayuntamiento consiguió frenar esta barbaridad. La sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 era muy clara, el deslinde de estos terrenos se hizo «sin haber efectuado ningún análisis, estudio o informe previo sobre las características naturales del mismo» y, por ello, declara la resolución ministerial que aprobó el deslinde «nula por su disconformidad a Derecho».
Pero, después de que todas y todos pensáramos que por fin se había acabado esta barbaridad, el Ministerio para la Transición Ecológica volvió a incoar exactamente el mismo expediente de deslinde, con la excusa de que la sentencia le obliga a hacerlo. Pero ¿obligaba la sentencia a hacerlo? NO. Literalmente dice que «procede declarar la nulidad» (del deslinde) «sin perjuicio de que la Administración pueda incoar expediente de deslinde practicando las actuaciones oportunas conforme a las disposiciones de la Ley de Costas y su Reglamento». Es decir, la sentencia solo dice que de querer hacer el deslinde nuevamente ha de ser cumpliendo la ley de Costas y su Reglamento, pero en ningún caso obliga a hacerlo.
Solo hay 2 vías, según la Ley, para iniciar un expediente de deslinde, de oficio o a petición de cualquier persona interesada. Casualmente este segundo expediente de deslinde no es pedido por nadie en un principio y es el Ministerio el que lo hace de oficio. Pero que el propio Ministerio lo haga de oficio, en un intento de esquilmar el Patrimonio de todas y todos, favoreciendo los intereses privados y especulativos de una Empresa es algo tan grave, que hace nuevamente que la realidad supere a la ficción.
Si todo sigue como hasta ahora, nos esperan años de un proceso judicial en los que está en juego mucho para esta Ciudad. La solución está en manos de la propia Ministra para la Transición Ecológica. Solo hay dos opciones, apostar por el interés general anulando este deslinde o por el contrario poner los recursos públicos a disposición de los intereses privados y especulativos de una minoría, justo lo contrario del espíritu de la Ley de Costas. Mucho me temo que la segunda opción es la que se tomó hace muchos años y algún día saldrá a la luz quienes son los responsables.
Hace aproximadamente 1 año, un técnico del Ministerio que no diré por ahora me confesó su asombro por el empecinamiento en este tema. Parecía no entender que, desde las altas esferas de este Ministerio en Madrid, se pudiera defender este deslinde que solo beneficia a intereses privados cuando su misión y obligación es justo la contraria. Decía con ironía «Roberto, no sé dónde está el cofre con las monedas de oro porque esto no tiene explicación», y no le faltaba razón.
Roberto Rovira Puente
Concejal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Sagunto
