Vaya por delante mi reconocimiento público a Rosa Graells y Concha Cañete, por su encomiable y voluntaria labor social, humanitaria y solidaria, durante muchos años en múltiples ámbitos. Por tanto, es más que merecida la medalla de plata de la ciudad que les ha concedido el Ayuntamiento de Sagunto con los votos favorables de los partidos políticos a excepción del representante de Vox, que votó en contra. Hombres y mujeres como Concha y Rosa, contribuyeron de forma activa a conseguir la democracia y la libertad en España, después de 40 años de una dictadura cruel y asesina.
Es también una buena noticia, que el gobierno valenciano ajuste el tramo autonómico tributario, para beneficiar a las rentas medias y bajas, a diferencia de lo puesto en marcha en comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía o, hace tiempo, Madrid, cuyos beneficiarios son únicamente los contribuyentes más ricos. La aprobación por parte del gobierno de coalición de sus terceros Presupuestos Generales del Estado (PGE), contemplando un gasto social expansivo de más de 266.000 millones de euros, 280.000 si se añaden los fondos europeos, es, asimismo, otra buena noticia para la gran mayoría de españoles/as.
Que Alberto Núñez Feijóo o Antonio Garamendi, presidente de los empresarios, acusen al gobierno de usar los PGE para «comprar voluntades» o «ajuste de cuentas contra los poderosos», es una falta de respeto a la ciudadanía. Decir que «hablar de ricos y pobres es antiguo, obsoleto y que divide a la sociedad», es insultante en un país, donde, arrastrando los recortes del gobierno Rajoy, el 13% de los trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza, y a millones de hogares les cuesta llegar o no llegan a fin de mes.
Somos el cuarto país de la UE más desigual y el segundo donde más ha crecido la diferencia entre ricos y pobres, según la OCDE. Como bien dice Unai Sordo, secretario general de CCOO, «es clasismo absolutamente asqueroso decir que la rebaja fiscal a un rico no es electoralismo y la ayuda social a un pobre sí». Asimismo, ¿No es electoralismo hablar de bajada generalizada de impuestos? ¿No es clasismo votar en contra de aumentar los impuestos a los más ricos, al sector bancario o al energético y no apoyar, al mismo tiempo, las medidas económicas y sociales que favorecen a la mayoría social de nuestro país como el incremento de pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, el Salario Mínimo o la reforma laboral, ¿entre otras? Conversando con amigos, todos conocemos a mucha gente que se está beneficiando de las medidas del gobierno, a diferencia del Sr. Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, que parece no conocer a nadie. En su entorno no hay, son todos ricos.
Que las derechas y la caverna mediática pongan el acento en las diferencias o desencuentros entre los socios de gobierno, es una estrategia para oscurecer o devaluar lo verdaderamente importante que es la aprobación y el contenido económico y social de los PGE. El debate e, incluso, el conflicto entre miembros del gobierno no tiene por qué ser negativo si sirve para avanzar en medidas económicas y sociales como así está ocurriendo a lo largo de la legislatura. Un gobierno en minoría que aprueba los PGE, es un gobierno estable y que funciona a diferencia de otros, como el de Rajoy, que, evidenciando la inestabilidad política de su gobierno, prorrogó cuatro Presupuestos, perjudicando a las comunidades autónomas, al no recibir la transferencia del dinero inicialmente previsto.
Frente al catastrofismo que auguran PP, Cs y Vox «España se hunde o va a la quiebra», finalizaremos este año con los PGE aprobados para el 2023, con una estabilidad política que ayuda a la recuperación económica, como se está demostrando. Somos de los países más avanzados en cumplir los compromisos con Bruselas sobre el plan de recuperación y, por eso, estamos recibiendo las partidas de fondos europeos. España, a pesar de la inflación, que se sitúa ahora por debajo de la media europea, será de los países que más crece en la zona euro, según la UE, con más de 20 millones de empleos y cotizantes a la Seguridad Social, con contratos indefinidos al alza y reducción de la temporalidad y del paro, aunque sigue siendo alto. Se incrementan las pensiones según la media del IPC y se ingresan 3.000 millones de euros en la hucha de pensiones que vacío Rajoy. Se volverá a incrementar el salario mínimo previsiblemente en torno a 1.100 euros, cuando en la etapa de Rajoy estaba en 735 euros, y, al mismo tiempo, sube el ingreso mínimo vital. Se recupera el cobro del 60% de la prestación por desempleo, que en su día también redujo Rajoy. Son algunos ejemplos.
Los PGE, a tenor de los datos publicados, van en la buena dirección. El mayor gasto social de la historia, siguiendo la línea de los aprobados en 2021 y 2022, con fuertes incrementos en sanidad y atención primaria, educación y becas, atención a la dependencia etc... y muchas partidas económicas y sociales, entre las mencionadas en el párrafo anterior. Como dice Yolanda Díaz, «aportan certidumbre y consolidan la protección social y del tejido productivo que el gobierno está impulsando».
José María López Barquero
