En los años 90 del siglo pasado, de la mano del que fuera secretario general del PCE Julio Anguita, se introdujo en la sociedad española el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas por ley, con el propósito de llevar a cabo una política orientada al pleno empleo. Aquella propuesta que iba acompañada de otras medidas como la recuperación pública de sectores estratégicos de la economía – energía, agua, banca, transportes...-, la eliminación de las hora extras y del pluriempleo, la garantía de un salario digno, la subida del salario mínimo interprofesional y de las pensiones para que ninguna estuviera por debajo de dicho SMI, permitirían abordar con políticas impositivas centradas en la progresividad fiscal, la lucha contra el fraude... la sangría del paro en el Estado Español que en aquellos años tenía tintes dramáticos.

 

Aquel debate al que se sumaron los sindicatos, solicitando la Confederación Europea de Sindicatos (CES) la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanas y que defendió la izquierda transformadora en Francia, Italia, Alemania... se ha ido silenciando hasta su total omisión como si se hubiera asumido la imposibilidad de su aplicación.

 

Hoy, cuando la tasa de paro en España se sitúa en un 23 %, cuando la tasa de paro juvenil se sitúa en el 44 %, cuando siguen aplicando contratos en precario con sueldos que difícilmente permiten la subsistencia digna y cuando la revolución científico-técnica ha ido sustituyendo la mano de obra por la robótica, es ilógico, irracional y regresivo que en vez de utilizar la tecnología para que el ser humano viva mejor, se siga utilizando únicamente con el propósito de la obtención de plusvalía pero además manteniendo jornadas laborales del siglo XIX, extenuantes para una masa amplia de trabajadores , y de condena a lo que Marx llamaría el ejercito de reserva.

 

Si hacemos memoria, en 1919, en Barcelona, después de una huelga general de 44 días, con más de 100.000 participantes, el gobierno español aceptó la demanda de los trabajadores que incluían la jornada laboral de ocho horas. Hoy, en 2017 en la era de la robótica podemos afirmar que la inmensa mayoría de quien trabaja realiza incluso más horas.

 

¿Es posible plantear una política orientada al pleno empleo como dice la propia Constitución? ¿Es posible utilizar la revolución científico-técnica para repartir el trabajo, producir y trabajar todos y todas? ¿Es posible compaginar el trabajo y con mayor disponibilidad de ocio, tiempo libre y dedicación a la gente que quieres?

 

Estoy convencido que sí, pero para ello es vital organizar la sociedad de otra manera, donde la economía esté al servicio del ser humano y no de los intereses de unos pocos.

 

Quería recuperar este debate. Primero porque hoy en día no hay trabajo para todos/as con estas políticas. Donde se ha desmantelado la industria y se nos ha asignado un papel de sol y playa. Donde el salvase quien pueda sea convertido en un principio y donde la acumulación de plusvalía en manos de unos pocos se ha incrementado en proporciones insultantes. Donde las últimas reformas laborales han contribuidos a una sociedad cada vez más empobrecida.

 

Hoy la izquierda está obligada a dar una respuesta, no es utópico aplicar otras políticas que garanticen una vida digna para el conjunto de la población. La reducción de la jornada laboral acompañada de otras muchas medidas sociales, laborales y económicas tiene más vigencia que nunca, lo contrario es avanzar en la línea del esclavismo y el reparto de la miseria.

 

La utopía es posible, lo que no es posible es la quimera.